Inquietudes nacionales
En el Ecuador existe una circulación de dinero que motiva un consumo, los precios suben, pero los índices inflacionarios no registran variación ¿Cómo se explica este fenómeno?
Una parte de lo dicho es evidente y se lo explica porque mientras las variables que recogen lo que ocurre en los sectores reales, es decir en la producción, inversión y consumo, determinan un crecimiento del 3.5% y la inflación está alrededor del 2.4% anual, aunque con una lamentable tendencia alcista, el crédito y los depósitos están creciendo por encima del 22% anual. Es decir, se aprecia que no existe ninguna restricción crediticia como algunos lo expresan. Hay más bien un boom de financiamiento que supera en cuatro veces lo que se expande la producción nominal, lo que debería ser motivo de análisis para evitar precisamente que vuelva a tener presencia activa una inflación incompatible con la dolarización.
Desde el momento en que se eliminó la moneda nacional ya no tenemos indicadores directos sobre la cantidad de dinero en circulación. Por eso ahora usamos, como un referente alternativo y aproximado, la evolución de los depósitos dentro del sistema financiero, que en el último año también han tenido una expansión similar a la del crédito bancario.
El índice de precios fue recientemente modificado y actualizado precisamente para recoger de una manera más certera lo que ocurre en los mercados. Desde inicios del 2004 hay una nueva canasta de consumo integrada por casi 300 productos que cubre todos los estratos económicos y arroja los resultados que conocemos. A la fecha la inflación está en el 2.4% anual, por encima de lo que estuvo hace pocos meses y se estima que podría rebasar en algo el 3% a fines de año. Bajo esos parámetros, el incremento de precios continúa en un rango razonable, pero la tendencia debe alertarnos pues no es la indicada para el sistema económico nacional. Para concluir podría decir que si los precios estarían desbordándose ya se sentiría en las noticias que transmiten los medios de comunicación, y eso no ocurre. Casi es un tema olvidado.
¿Será posible que la negociación con las compañías petroleras no sea individual sino sobre una base común que establezca las participaciones y la adaptación a las nuevas circunstancias del mercado internacional?
Sería ideal porque el país podría tener una información uniforme, o mejor diríamos estándar de todos los contratos, que facilitaría notablemente la evaluación de la explotación hidrocarburífera, pero me temo que eso no sea posible por varias razones: la primera por cuanto la realidad de cada campo entregado a las compañías privadas para su desarrollo y producción es diferente. Segundo, el régimen legal de cada contrato no es igual y consecuentemente la posibilidad de uniformarlo, aun cuando es posible, tiene dificultades de magnitud. Tercero, en cada caso los plazos de los contratos son distintos y los intereses de las compañías no necesariamente coinciden.
Lo que si es posible hacer es simplificar sustantivamente las condiciones de los contratos. Volverlos sencillos y con una sola variable vinculante que es la “Participación Estatal en la Producción Bruta”. De esta forma, el país recibe un porcentaje negociado por todo concepto. No paga nada por la producción y transporte hasta Balao del crudo y la compañía es responsable de mantener un nivel de actividad que preserve la explotación óptima de los campos a su costo y riesgo.
Bajo esta opción, cada contrato tendría un porcentaje negociado, que podría subir o reducirse en función del precio internacional del crudo y nada más. Al Estado le tocaría distribuir su renta entre los distintos partícipes y de esta forma todos sabríamos exactamente cómo nos va en este negocio nacional.
¿Cómo se explica que la primera potencia mundial que tanto dinero invierte en sus seguridad nacional descuide los efectos de una desastre natural ¿Estará preparada para un macro sismo en la falla de San Andrés?
Toda sociedad tiene debilidades y los EEUU no es una excepción. El ataque el 11 de septiembre ya fue un duro episodio, y lo del Katrina confirma que siempre hay flagelos incontrolables que rebasan las mayores previsiones y superan a las organizaciones nacionales. Respecto a un posible cataclismo y la preparación para enfrentar sus daños, no tengo ninguna información que me permita dar una opinión.
¿Con los últimos cambios ministeriales habrá mejorado la imagen de inestabilidad que transmitimos los últimos meses?
Al contrario. Creo que estos hechos confirman la existencia de este grave proceso de desinstitucionalización y pérdida de horizonte político. No es un problema de nombres sino de hechos, actitudes, comportamiento, de mensajes objetivos sobre resultados de la conducta colectiva y de la forma como actúan sus dirigentes.
En ese plano, la decisión de la ID es un hecho que reverdece la esperanza de que en el Ecuador es posible rescatar la política decente, que establece compromisos abiertos y ofrece opciones. Hasta hace pocos días era impensable una decisión de esta naturaleza. Hoy el gobierno ya tiene un referente y soporte político del que carecía, pues su conducta era errática sin futuro. Esperemos que la cosecha de esta postura sea buena.
¿Considera que el Municipio de Quito antes de actualizar los catastros a valores de mercado para el año 2006 debe realizar asambleas sectoriales?
De acuerdo a la Ley de Régimen Municipal sólo desde Enero del 2006 rigen los nuevos avalúos de los predios a valor real, que deben ser previamente notificados a los dueños o contribuyentes para que puedan impugnar en caso de no estar de acuerdo. Las asambleas no están contempladas dentro de este cambio.
Lamentablemente en varias transacciones de traspaso de propiedad actuales, el Municipio pretende desde ya cobrar los impuestos de alcabala y otros sobre los avalúos futuros -del 2006- adelantándose ilegalmente a lo que manda la Ley.
Se supone que este cambio de base de cálculo no incidirá en el monto de los impuestos pues la nueva tabla es mucho más baja que la actual, pero lo que quiere hacer en estos días si es oneroso, pues aplica los nuevos avalúos a las tablas altas, o viejas podríamos decir, que terminan su vida a fines de este año.
¿Cómo se transparenta el avalúo real para la determinación del impuesto?
Con la nueva ley se acaba, espero que de una vez por todas, esa vieja y corrupta práctica nacional de tener catastros con valores irreales, que esconden la verdad y han pervertido todas las transacciones de compra y venta de inmuebles a precios tan bajos que sólo sirven para no pagar los desproporcionados impuestos prediales.
Se supone que los municipios mantendrán los catastros a valor de mercado y obligarán a que las escrituras contengan estos montos, que se deberán actualizar conforme ocurran cambios en la valoración de estos bienes. Los impuestos ahora se deberán calcular con tasas mas reducidas y deben ser similares a los que se pagaban antes.
El problema serio que no se ha resuelto y es una amenaza, es el que se producirá luego del primer registro catastral nuevo, o real, cuando se venda una propiedad y se evidencie una aparente utilidad en la transacción, que en verdad no existe sino sólo en los registros por las distorsiones del caduco sistema actual, pero que ocasionará un impuesto a la renta del 25%.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Septiembre 16 del 2005