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Inquietudes nacionales


¿Qué tanto espacio hay en el presupuesto del 2006 para cumplir con el compromiso del Gobierno de destinar más recursos para inversión social, tomando en cuenta que hay nuevas presiones de gasto (jubilados, maestros, etc.), y qué señales hay que de ese gasto sea rentable en términos sociales?


Muy poco. Las preasignaciones siguen cumpliendo su papel de coartar la capacidad de maniobra del ejecutivo en la fijación de las prioridades de la política fiscal. Ahora bien, de las cifras globales de la Proforma del 2006 se puede decir: el crecimiento del gasto total es 17% superior al Presupuesto del 2005 y es excesivo si queremos sostener la estabilidad alcanzada. Segundo, a pesar de poner a 35 dólares el petróleo, estimar un incremento de 530 millones en pago de impuestos y usar buena parte del ex-feirep, la Pro forma tiene un déficit de 430 millones, que sumado al monto de amortizaciones de deuda pública, plantea una necesidad de financiamiento de 2.300 millones.


En el campo social, las cifras, salvo alguna omisión, determinan una participación del 32,4% frente al gasto total, inferior al 34.5% del 2005. En valores absolutos sube de 2.535 a 2.780 millones (9.6% frente al 17% total) y la mayoría se explica por aumento de remuneraciones.


¿Qué significaría que se le rescinda el contrato a la empresa petrolera Oxy para el país y qué opina sobre la intervención de la nueva Embajadora de EEUU a favor de la empresa estadounidense?


La propuesta del Procurador no es la rescisión del contrato, que aunque no es una norma fija e inmutable pues puede devenir en un conflicto jurídico, normalmente se la aplica como producto de una negociación entre las partes cuando ven que la conclusión de la relación les conviene, sino la caducidad de dicho convenio que en este caso es una facultad discrecional del Estado ecuatoriano.


En ese sentido, la aplicación de esta opción está condicionada a la demostración objetiva del incumplimiento sustantivo de las obligaciones aceptadas por la contratista con afán de ocasionar daño al Estado, o de haberlo hecho, pues no se entendería de otro modo la utilización de un medio tan extremo si no existe un hecho que demuestre categóricamente la existencia de semejante perjuicio.


Hay que recordar que esta inversión está protegida por el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones entre EEUU y el Ecuador, y la contratista tiene la facultad de recurrir a las cortes arbitrales internacionales a reclamar la devolución de sus inversiones más los daños que pueda cuantificar, en el evento que considere que la decisión nacional viola las doctrinas legales que amparan la relación, estén en contra del derecho internacional así como los establecidos en nuestra constitución.


Es por lo tanto una decisión muy delicada por sus implicaciones en el plano de las relaciones jurídicas y políticas internacionales cuyas secuelas son evidentes. El Ecuador tiene varios conflictos dirimiéndose en cortes internacionales, y salvo que me olvide de alguno, en ninguno ha recibido un dictamen favorable. En todos, incluso en el referente al IVA reclamado por esta compañía que está en apelación, la sentencia inicial contiene un recargo costoso en contra del Estado.


¿Por qué pierde el Estado ecuatoriano? Simplemente porque no puede sustentar sus decisiones y eso en un sistema arbitral internacional le lleva a enfrentar castigos económicos, jurídicos y políticos que se revierten en la pérdida de capacidad creadora de bienestar. La incorporación de nuestro país a las normas del Tratado de Viena somete las decisiones nacionales a la justicia internacional.


De todo lo anterior no se puede colegir que la contratista tiene cancha libre y puede hacer lo que quiera. No. Está obligada a cumplir sus obligaciones contractuales y a actuar de buena fe en base a la confianza que le ofrece el país.


La intervención de la Embajadora de los EEUU es parte de sus responsabilidades diplomáticas, como lo hizo hace pocos días el Canciller de Brasil, o como lo hacen nuestros embajadores cuando reclaman por los intereses de nuestras compañías o de los ciudadanos que viven por esos lares.


¿Cuál fue el impacto real en la economía nacional del paro de las provincias de Sucumbíos y Orellana?


Todavía no conocemos con algún grado de seguridad, pero indiscutiblemente es inferior a las cifras expuestas originalmente por los representantes del gobierno nacional. Ahora se habla de 150 millones de dólares, que sigue siendo un monto exorbitante para nuestra economía.


Pero además del daño económico, el reiterado rompimiento de las normas constitucionales y legales, que se supone rigen en el Ecuador es lo que más molesta, pues destroza todo el andamiaje institucional del Estado y pone en vigencia la “ley de la anarquía” que conduce a la destrucción de la organización social. La clase política, tiene directa responsabilidad en lo que está ocurriendo, pues a ella le corresponde velar por la vigencia de la Ley y el orden. No escapa también a esto la actitud indolente de la ciudadanía que no se conmueve por los daños ocasionados al patrimonio público.


¿Por qué los emigrantes prefieren gastar enormes sumas de dinero y arriesgar su vida para buscar una oportunidad de trabajo fuera del Ecuador y no invierten ese mismo esfuerzo y dinero localmente?


Simplemente porque afuera hay oportunidades que aquí no las ven ni las ofrecen. Allá, donde quiera que sea, pueden trabajar y recibir una remuneración estable, decente. Aquí, con tanta desgracia política que atosiga al país, las posibilidades de crear empleos se diluyen con la espantada a las inversiones. El maltrato al empresario que se arriesga a traer sus capitales es continuo, incluso agresivo frente a la forma como conciben el desarrollo la gran mayoría de países en desarrollo que inteligentemente han buscado crear asociaciones entre el Estado y los inversionistas para acelerar y volver más potente el crecimiento nacional.


La desesperanza no se la recupera fácil ni rápidamente, igual a lo que ocurre con la confianza. Se requiere de tiempo y gran esfuerzo. De sostener una línea de acción perseverantemente. Por eso, la migración seguirá conviviendo por buen tiempo, y con ello el coyoterismo seguirá ofreciendo sus abominables servicios, lo cual significa que su combate no debe sustentarse sólo en su castigo penal sino en la eliminación de la causa de su existencia, y ahí el país es moroso.


¿Debe Andinatel invertir en Hidropastaza?


Esta es una muestra de la total carencia de visión nacional. De la falta de entendimiento de lo que es la Institucionalidad Pública y de la confusión sobre el papel que corresponde jugar a cada entidad o empresa pública. Decir que porque ahora Andinatel tiene exceso de liquidez, que es temporal puede obtener mayor rentabilidad invirtiendo en proyectos hidroeléctricos en lugar de hacerlo financieramente, es una falacia brutal, pues en el caso de ejecutar lo propuesto esos recursos no los va a volver a ver nunca más; y, si en los próximos días o semanas, necesita dinero para atender sus necesidades corrientes o de inversión tendrá que endeudarse o suspender los programas de mejoramiento que estén programados. ¿Se dará cuenta el proponente que bajo esa perspectiva nadie la va a prestar dinero a una empresa que desvía sus recursos para objetivos ajenos a los suyos? Con una decisión de esta naturaleza se contamina a una empresa que hasta ahora ha sobrevivido a la destrucción empresarial pública.

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Septiembre 2 del 2005

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