Ojalá ahora se corrija
Finalmente se produjo la opción más dañina para el Sistema de Seguridad Social. El gobierno optó por la devolución total de los Fondos de Reserva con un cronograma que, aunque es mayor al del Congreso, tendrá un impacto de igual magnitud. Ahora está por verse de que manera los mismos políticos, que han reivindicado los derechos de los trabajadores para disponer de sus recursos, ponen a andar una reforma que asegure al afiliado la existencia de sus aportes y sus rendimientos de una manera que no puedan ser utilizados para proyectos políticos o fiscales, sino que se los invierta bajo normas de rigurosa evaluación financiera.
Ojalá todos aquellos que hasta el inicio de esta discusión se rasgaron las vestiduras en la defensa del quebrado sistema de reparto y ahora defienden el sistema mixto de capitalización, no vuelvan a cambiar de postura como lo hicieron esta vez al desconocer sus decisiones en la aprobación de la ley del IESS del 2001 y decidan apoyar el cambio que por tantos años se ha venido insistiendo.
Si sólo se respetara la propuesta hecha en 1998 por la Comisión Interventora, eliminando las inconsistencias que se las introdujo, el país estaría disponiendo de un sistema de seguridad social nuevo y adecuado a las realidades sociales y demográficas de este nuevo siglo. En ese plano, la voluntad política, tantas veces manifestada por los actores de esta inconsulta decisión no requiere de nuevos estudios, informes, que le sirvan para retomar el tema y resolverlo bien, sino simplemente desempolvar el trabajo hecho y usarlo para su debate sobre la reforma. Si obra de esta manera, el Congreso demostraría afán de hacer “buena” política, pero si vuelve a los devaneos procesales, el mensaje también sería claro: la “mala y repudiada” política sigue collando.
Varias cosas se han argumentado para llegar al punto actual de entregar estos fondos, entre las cuales sobresalen la inseguridad que brinda la presencia de un monopolio público que puede y es manipulado por las autoridades de turno, la ineficiencia en el manejo de los recursos bajo su tutela, y la existencia de un fondo común que no discrimina la propiedad de los aportes y por lo tanto no permite la rendición responsable de cuentas. A estos tres puntos hay que atacarlos y eso se consigue con el sistema mixto que asegure una pensión mínima con el 40% de aporte del Estado y una contribución de todos los afiliados, pero bajo el principio de que todos, sin excepción alguna tengan sus cuentas-libretas-perfectamente individualizadas, incluyendo a los trabajadores pobres a los cuales los aportes de solidaridad del Estado y de los demás también se les acredite en su libreta. En otras palabras que el Fondo de Pensiones no tenga un centavo de fondo común, sino repartido y perfectamente definidos sus propietarios.
Si queremos ser socialmente justos, el aporte del Estado sólo debe dirigirse a la cobertura de los trabajadores pobres y no para aquellos que no lo necesitan o no tienen esa categoría. El Fondo de Reserva debe ser parte de la libreta, y sobre ella las empresas administradoras de los fondos- que deben ser estrictamente seleccionadas- pueden realizar operaciones crediticias bien definidas.
Esperemos que la oportunidad no sea desperdiciada y no se vuelva a jugar con la palabra política, tan penosamente devaluada.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Julio 27 del 2005