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Las previsiones del mercado petrolero siguen siendo buenas y eso ayuda a sostener un sector externo sólido, aunque no cabe una postura nacional triunfalista o dispendiosa pues los efectos en las estructuras de producción mundial empiezan a molestar, y eso puede derivar en acciones de la más diversa naturaleza que lo desestabilicen.


Sin embargo, la barrera de 60 dólares el barril es todavía inferior en términos reales, es decir descontada la inflación, a los precios de fines de la década de los setenta e inicios de los ochenta, que ocasionó un enorme aceleramiento del gasto público nacional y condujo a la agudización de la primera crisis de la etapa democrática.


Hasta ahora, este fenómeno de buenos precios petroleros que ya dura tres años, ha favorecido la consolidación de la dolarización a diferencia de la corta etapa de fines del siglo XX que no sólo que no se sostuvo sino que vino acompañada de una descomposición de la economía norteamericana, cuyos correctivos castigaron duramente a los países endeudados.


En esta ocasión, los efectos positivos en la economía nacional empiezan a dar señales de debilidad, en especial en el campo de las finanzas públicas pues se aprecian acumulaciones de obligaciones generadas por políticas de precios que están abriendo brechas financieras muy complejas. Me refiero a la aparición, o mejor diría a la profundización del subsidio a los combustibles importados que cada día cuestan más, pero que no se los recupera por el congelamiento de los precios internos.


En gas ya sabemos que el subsidio supera los 350 millones de dólares, y además escasea el producto, a lo que ahora se suma el hueco provocado por las gasolinas y el diesel que ocasionarán un incremento del déficit fiscal en más de 530 millones de dólares, dependiendo del precio del petróleo en el mercado mundial. A esto se suma el desfinanciamiento del sistema eléctrico que demandará no menos de 250 millones este año.


Aquí, algo se tiene que hacer antes de que el problema se salga de control. No todo por supuesto es corrección de precios, aunque lo básico va por ahí. Hay necesidad de cambiar los hábitos de consumo y ofrecer otras fuentes de energía, como por ejemplo el biogás a algunos sectores, en especial a los más desprotegidos, pues el ajuste algún día llegará. ¡De eso no nos libra nadie!


Esta nueva fuente de energía es una estupenda alternativa, en especial para los sectores rurales, si queremos reducir el consumo de gas. Las ventajas son elocuentes: la inversión es pequeña ya que un biodigestor de tres metros cúbicos, que serviría para el consumo de una familia costaría 250 dólares y se alimenta de los desperdicios de 5 cerdos o 6 vacas estabuladas. En granjas grandes, las opciones son incalculables. En los camales, el manejo de desechos con este sistema produciría biogás para muchos usos y además, al igual que en las fincas o haciendas se obtendría bioabono con lo cual se cultivarían productos orgánicos, se evitaría la tala de bosques, se reduciría el uso de fertilizantes y mejorarían las condiciones de salubridad.


Para esto hay varias fuentes de financiamiento internacional. La Corporación de Investigación Energética, con el auspicio del PNUD tiene un plan piloto en progreso, pero requieren del apoyo político. El gobierno si quiere cumplir su palabra social, aquí tiene una idea.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Junio 29 del 2005

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