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Inquietudes nacionales

Desde el 1° de enero 1974 hasta el 31 de diciembre 2004, ¿cuántos barriles de petróleo se han extraído? En el mismo periodo, cuanto ha recibido el estado por exportaciones de petróleo, derechos de aduana, impuesto a la renta, impuesto a las transacciones mercantiles (IVA), endeudamiento externo e interno, préstamos no reembolsables, etc. Finalmente le pregunto ¿en qué se han gastado esos recursos de 31 años?


Desde 1974 hasta el 2004 se han extraído 3.500 millones de barriles de petróleo, de los cuales 2.170 millones de barriles corresponden a producción de Petroecuador-Cepe y 1.330 millones a las empresas privadas.


Hasta el año 2003, el Gobierno Central ha recibido 27.900 millones de dólares por exportaciones de petróleo. En esta cifra no están las participaciones percibidas por las Universidades, Junta de Defensa Nacional, BEV, ciertos municipios y otras entidades descentralizadas, por no disponer de los datos.


Las Aduanas han generado un total de 8.700 millones de dólares; el Impuesto a la Renta 6.150 millones y el IVA 11.250 millones. Las cifras de estos tres rubros son generales y están cortadas al 2003.


En 1974 los saldos de deuda pública fueron: 393 millones de la Interna y 377 millones de la Externa. En el 2004 los saldos llegaron a: 3.490 millones de la Interna y 11.062 de la Externa. No disponemos de cifras sobre créditos no reembolsables.


¿En que se han gastado esos recursos?: Hasta el 2003, en sueldos 26.200 millones; gastos de capital (transferencias a municipios y otras entidades e inversión pública) 23.600 millones; otros bienes y servicios 10.000 millones; intereses de deuda externa 8.860 millones y de deuda interna 5.850 millones.


¿Qué efectos puede tener la sobre valoración de las reservas petroleras -como asegura la Dirección Nacional de Hidrocarburos- en el comportamiento de las inversiones extranjeras?


Permitiría autorizar niveles de producción superiores a los que serían técnicamente adecuados para extraer la mayor cantidad posible de esos reservorios. De ser cierta la aseveración de la DNH, el riesgo de sobre explotación podría dañar los campos que están sometidos a esa situación. Por consiguiente, lo que vislumbra, o mejor lo que parecería estar entre líneas, es una posible reducción en las tasas de producción autorizadas con sus consecuentes efectos financieros.


En la práctica, este ha sido uno de los temas más controversiales durante toda la época petrolera moderna. Siempre se han producido discrepancias y los árbitros han sido institutos de investigación internacional especializados. De otra parte, los adelantos tecnológicos han cambiado los sistemas de producción y han permitido recuperaciones superiores a las originalmente concebidas.


¿Cuáles son los factores que están provocando el retraso en la colocación de bonos del Estado en el mercado internacional?


Entiendo que la pregunta se refiere al canje de bonos. En resumen se puede decir que la lentitud en la definición del proceso ocasionó la pérdida, no se si temporal o definitiva, de la consecución del objetivo. El problema está dado por los efectos que ya se sienten en el mercado de los EEUU por el aumento de las tasas de interés, cuya trayectoria es cada vez más segura y define una tendencia creciente que provoca cambios en las determinaciones de los niveles de riesgo que están dispuestos a correr los inversionistas que demandan papeles de países emergentes. A esto se suma el enorme desorden político con sus irrespetos a la Constitución, leyes e instituciones que provocan temor en aquellos que tendrían interés en poner sus capitales en el país.


Estos factores provocaron la caída de precio de los bonos ecuatorianos por debajo de su valor par y con ello generaron una dificultad práctica evidente: sería inentendible, políticamente hablando, pagar un premio por reescalar los vencimientos de estos bonos sin tener la seguridad de que los intereses van a ser inferiores. El Estado en esas condiciones no tiene ningún aliciente y por lo tanto no recibe beneficios.


La transparencia sobre el pago de impuestos de las empresas es muy importante, ¿pero cómo evitar el riesgo de excesos y politización en el uso de esa información?


Primero manteniendo una administración profesional, técnica y más que nada honesta. Que no permita la interferencia política y actúe sometida a la ley. Segundo, dando el ejemplo desde el propio gobierno con una actitud de respeto a esta información sin utilizarla, en términos individuales para sus acciones políticas. Tercero con una actitud seria y responsable de los políticos (?)


La información del SRI sirve para los análisis de conjunto, de sectores económicos o por instrumentos de tributación, permitiendo arribar a conclusiones y a fijar cambios en las políticas para optimizar las recaudaciones. Es un vehículo poderoso de las autoridades, para su uso institucional de lucha contra la corrupción tributaria, tan amplia y diseminada en muchos frentes.


En la parte pertinente a la Seguridad Social, la denominada Ley Topo insiste en instituciones administradoras de pensiones que fueron ya desechadas por inconstitucionales en su forma de ACAPs. ¿Cuál es la diferencia entre éstas y lo que ahora se propone?


En la propuesta del Ejecutivo no se tocan los artículos declarados inconstitucionales por parte del Tribunal Constitucional en el mes de febrero pasado. No se revive a las EDAP sino que ahora se trata, con una redacción muy fina y concordante con la Constitución, que permite la existencia de estas entidades (Art. 58) incorporarlas dentro de la nueva normativa. En el proyecto se deja bajo responsabilidad exclusiva del IESS el manejo del Fondo Intergeneracional Solidario, y se faculta a esta entidad a crear una o más IARP para que manejen, bajo principios que respeten la decisión del aportante, sus contribuciones personales de capitalización individual obligatoria o voluntaria.


Si no se modifica la redacción, creo que la propuesta es consistente con el texto constitucional. Ahora, desde un punto de vista económico y operativo, la solución no es la más adecuada pues sigue desprotegiendo al trabajador de escasos recursos al dejarle dependiente de un fondo común, cuando lo que debería hacerse es capitalizarle desde su primer centavo de contribución. Con eso nadie le toca su dinero y desplazamos los malos manejos del sistema provisional.


¿Cómo evitar que el Banco del Pacífico se convierta en la manzana de la discordia entre quienes quieren venderlo y quienes quieren retenerlo como entidad estatal?


La historia de las entidades financieras públicas es triste y altamente costosa para el Estado. Este banco tiene una enorme capitalización pública, tanto por su componente que viene del Continental como propia, y no vislumbro una posibilidad real de venta. De ahí la necesidad de cuidar su manejo bajo parámetros técnicos. Y eso depende de la forma como el Directorio del BCE actúe. Ellos tienen la palabra.



Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Marzo 31 del 2005

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