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Completemos una propuesta

¿Qué hacemos para recuperar la institucionalidad democrática y el respeto al orden jurídico? Se, siento que para alcanzarla se requiere honestidad intelectual, deseo cierto de hacerlo, en fin consistencia entre lo que se dice y lo que se busca. ¡Y eso no se desprende de tanta parafernalia declarativa! Percibimos el doble discurso. La intencionalidad escondida. Necesitamos recuperar la política como una tarea que dignifique a la sociedad y no cómo el medio de alcanzar mezquinos objetivos personales. En algún tarro de basura están abandonados y pudriéndose los principios que guían las acciones de los líderes nacionales.


Quienes demandamos una reparación política y el respeto a la Constitución sostenemos la tesis de la ilegalidad flagrante ocurrida en el nombramiento de los tres tribunales de justicia, constitucional y electoral, y la necesidad de reemplazarlos siguiendo los preceptos que rigen el orden constituido. El problema, más allá de su viabilidad política, que exige posturas claras y afán de hacerlo, es la definición del proceso que podría y debería seguirse para llegar a un final certero.


Las distintas fórmulas propuestas para solucionar el problema tienen dificultades en su ejecución. Ninguna es jurídicamente perfecta. Sin embargo, aquella cuya estrategia lleva adelante la solución por etapas luce la más cercana a la legalidad. Me refiero a la que plantea primero revocar el nombramiento a los actuales jueces, luego nombrar a unos “transitorios” (conjueces), para que finalmente sean los encargados de nominar a los “definitivos” bajo el sistema de cooptación, cumpliendo parámetros de despolitización y profesionalización establecidos y negociados con antelación. Pues bien, si esta propuesta se aplica, me pregunto ¿qué pasa si los jueces “transitorios” una vez electos, por ser parte del sistema anterior se resisten a proceder de acuerdo a lo convenido políticamente? ¡Volvemos a un nuevo estado de hecho! con el agravante de que no arreglamos la despolitización de la justicia, sino que repusimos la estructura anterior, en la cual si bien existía un buen número de magistrados correctos, también teníamos a muchos que respondían a consignas políticas. Y estos últimos fueron precisamente los que colmaron la paciencia pública. ¿Porque tengo este temor?, simplemente porque una vez llegada a esta etapa, las fuerzas políticas que recuperan su papel protagónico en la justicia, querrán mantenerlo.


Para que ello no ocurra, el proceso podría hacérselo contando con una reforma legal previa, o por lo menos simultánea a la ley de la función judicial, con disposiciones transitorias que les ordene a los jueces temporales a nominar a los jueces definitivos bajo un procedimiento con escrutinio público y veeduría ciudadana, de inmediato y con normas precisas. En un plazo concreto. En el evento de que se produzca una reticencia a ejecutar lo dispuesto, los “transitorios” cesarían automáticamente en sus funciones y por mandato de la ley se incorporaría de forma automática un grupo de personas de alta credibilidad pública, perfectamente identificados, entre los cuales estarían no sólo profesionales del derecho sino de representación social e indiscutible honestidad, que se encargarían de llevar adelante este proceso único y no repetible bajo ninguna circunstancia de nominar a los jueces definitivos.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Febrero 24 del 2005

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