Artículos recientes
Artículos destacados

Patrimonio en peligro

El 24 de Marzo de este año el Fondo de Solidaridad cumplirá 10 años de existencia. La Constituyente de Sangolquí lo consagró al incluirlo dentro de las instituciones públicas citadas en la Carta Magna, cuyo Artículo 250 dispone que esta institución está destinada a combatir la pobreza y a eliminar la indigencia, para lo cual su capital se empleará en inversiones seguras y rentables y no podrá gastarse ni servir para adquirir títulos del gobierno central u otros organismos públicos. Sólo las utilidades se emplearan para financiar de forma exclusiva programas sociales. En otras palabras no hay como usar el patrimonio bajo ninguna circunstancia. ¡Debe ser preservado!


Según el balance el Capital Social autorizado es de 3.000 millones de dólares que se supone, la verdad es que no sabemos con seguridad si ese monto es real por lo que verán mas adelante, representa el valor de los activos entregados a su administración como consecuencia de los traspasos de las antiguas participaciones estatales en diversas empresas públicas. Ahora, el Fondo es accionista mayoritario en las 19 Distribuidoras de Energía, 7 Generadoras y Transmisoras y las 3 empresas telefónicas con servicio alámbrico. Ahí está su patrimonio y de la gestión de estas sociedades nacen las utilidades a las que se suman las provenientes de las inversiones financieras, que deben usarse en programas sociales.


En estos días vuelve el fantasma de los apagones, renacen las acusaciones entre las distintas empresas que proveen este servicio y nada dice su accionista mayoritario responsable de la fijación de las políticas de administración. Los desacuerdos públicos son una evidencia de la desidia con la que actúa el Fondo, que con seguridad va a perder más dinero en estas inversiones. Pero los indicios de debilitamiento de este patrimonio público son más profundos. En el balance del 2003, que es el último que disponemos, aparecen 51 millones de dólares de utilidades que se las obtiene sin aplicar las normas expedidas por la Superintendencia de Bancos sobre la calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones. De haber cumplido con la ley, las inversiones en las eléctricas y telefónicas que suman 3.027 millones requerían de una provisión mínima del 2% suponiendo que se las califica A aunque sus balances no lo merecen, el Fondo tendría una perdida de 9 millones en lugar de la utilidad declarada.


Si a esto añadimos el resultado de la valoración de las empresas eléctricas hecho por el CONAM conjuntamente con los multilaterales nos encontramos que el valor patrimonial del Fondo es aún menor. Este ajuste, que pondría las cifras en su real dimensión no se lo ha hecho pues llevaría la pérdida a un nivel superior a los 100 millones de dólares.


Sin embargo, el Fondo sigue distribuyendo recursos bajo el supuesto de que tiene utilidades. Incluso el Congreso se tomó una parte para las pensiones jubilares, con lo cual hay la grave presunción de que los egresos hechos se los ha financiado con la descapitalización del Fondo de Solidaridad, violando las normas constitucionales y la propia ley de creación.


¿Que dice el informe de los auditores externos? ¿Qué dicen los supervisores? Acaso no es obligación de toda institución presentar sus cuentas e informar cuales son los programas en los cuales ha gastado recursos. ¿O son fondos reservados?


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Enero 26 del 2005

  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Social  Icon

© 2020 por Alex C.