Inquietudes nacionales
¿Cuál es el mecanismo para determinar el elevado margen que castiga a la exportación del petróleo ecuatoriano? ¿Es verdad que con ese mecanismo nos encontramos al borde del precio presupuestado establecido por el Congreso?
Es el mercado. Los diferenciales entre las distintas calidades y procedencias del crudo siempre han existido, por eso se escoge uno denominado “marcador” al cual se refiere el descuento o el premio-si lo hay-que se aplica al hidrocarburo que se desea comercializar.
Este diferencial se mueve en función de las condiciones dadas en un momento en el mercado y de acuerdo al nivel de los precios. En la actualidad buena parte de los incrementos de la oferta mundial proviene de crudos pesados y amargos que tienen restricciones de procesamiento en muchas refinerías. La calidad de estos crudos choca con las normas de control ambiental que han determinado bajas rentabilidades en la industria de combustibles, lo cual les hace poco apetecibles, restricción que se supera con un castigo que ahora ha llegado a niveles record en la historia de este mercado. Esto ya lo sabíamos el año anterior y por eso-entre otras cosas- sostuvimos la tesis de que no se incremente el precio del petróleo en el Presupuesto del Estado. Ahora, con el descuento, el precio está muy cerca de los 25 dólares y ya no hay margen de maniobra. Incluso si el precio continúa declinando la situación se puede poner compleja. Eso pasa cuando no se piensa en el futuro.
Bajo estas condiciones del mercado hay que optimizar la política comercial vendiendo directamente el producto a refinadores grandes evitando el intermediario.
¿Cuál es el cronograma de la negociación del Tratado del Libre Comercio para el año 2005? ¿Cuáles son los temas más neurálgicos en lo que falta para cerrar la etapa de negociación?
Para contestar esta pregunta me voy a basar en el artículo de José Hidalgo sobre la Ronda de Tucson que está publicado en Carta Económica de CORDES, correspondiente al mes de diciembre.
Al itinerario original se le incluyó una nueva ronda de negociaciones a realizarse en Colombia entre este mes y Febrero y se postergó la de Washington para el mes de Marzo. El Congreso de los EEUU por su parte amplió en un mes el plazo para la negociación de los TPA, con lo cual la fecha tope de cierre de la negociación del TLC ahora es el mes de julio de este año. Se entiende que durante este lapso existirán reuniones informales, multi o bilaterales, para tratar puntos concretos.
Los temas más espinosos siguen siendo Propiedad Intelectual y el Sector Agrícola. En el primero la posición de los andinos sigue contraria a la protección de datos o estudios de prueba, aunque se ha visto cierta apertura en los plazos de vigencia de las patentes. En el segundo tema hay alguna flexibilización andina para considerar bandas de protección de precios mas estrechas y se ha acordado cambiar la metodología de negociación usando las cadenas productivas. Aquí sigue vigente la postura andina de activar una salvaguardia permanente que se active cuando los precios lleguen a un mínimo señalado.
Los otros dos aspectos complejos son el acceso a mercados y las normas de origen. Sobre el acceso, el Ecuador tiene una posición menos equitativa que los otros dos andinos que han conseguido una nómina de productos industriales no textiles a ser desgravados por los EEUU casi total. El problema mayor es el atún enlatado sobre el cual la posición norteamericana se basa en su efecto en el empleo. Respecto al ATPDEA mejorado, Ecuador no ha intercambiado ofertas de desgravación con EEUU como ya lo hicieron Colombia y Perú. Es posible que en estos días las conversaciones arrojen alguna luz al respecto, pero por hoy las cosas están distantes del objetivo.
En normas de origen continúan las discrepancias en el método de determinación del valor producido por los países de la región y la forma de emitir el certificado de origen. Finalmente la eliminación de las barreras no arancelarias, como las normas sanitarias y otras formas de control de las importaciones por parte de los EEUU es un aspecto no dilucidado todavía.
¿Hasta qué punto las nuevas disposiciones del SRI sobre la facturación tiene como objetivo fundamental el control a la venta del gas y por ende, evitar el crónico contrabando del gas hacia las fronteras?
Si lo que se está pensando es que la facturación controlará el contrabando, nuevamente estamos en el país frente a una decisión equivocada. Este instrumento ayuda a mejorar el control tributario poniendo a los agentes económicos formales-empresas- con una nueva disposición para deducirse gastos en la fijación de la renta tributable, y a través de ellos llegar a los informales o pequeños que no están dentro del circuito oficial de la economía. Pero esta norma no sirve para nada en el control del contrabando que se produce por el diferencial de precios y que se corrige atacándole de una manera directa. Si piensan así están más perdidos que el hijo de Lindberg.
El caso de la producción petrolera legalmente es de incumbencia exclusiva del ámbito del ejecutivo a través de Petroecuador. ¿De qué manera se podría alterar esta situación, pues si no se producen reformas radicales, el descenso productivo continuará inalterable ante la indiferencia de todos los ámbitos relacionados con la economía nacional?
Las soluciones están condicionadas por las limitaciones evidentes del sistema actual. La organización petrolera estatal es ineficiente, tiene signos evidentes de corrupción, no rinde cuentas, está politizada y no tiene capital para atender sus responsabilidades. Dispone de campos productivos e incluso de actividades industriales que son un activo, que pierden valor cada día, y que deben servir de base para la solución del problema.
La propuesta del Ministro de Energía de fortalecer Petroecuador y crear un sistema parecido al brasileño no tiene base de sustentación y no resolverá el problema. Lo dilatará y agravará con absoluta seguridad.
Aquí no caben posturas de remiendo si lo que se busca es defender este patrimonio público y explotarlo con racionalidad. Petroecuador debe tener una estructura mucho más simple. Deben desaparecer las filiales y concentrar todo en una unidad gerencial. Su estatuto debe obligarle a tener auditor externo, publicar los balances cada tres meses, señalar los resultados-costos e ingresos por conceptos-, costo de producción, transporte, etc.
Esta empresa debe negociar acuerdos de explotación conjunta con inversionistas privados, en base de quien le ofrezca la mejor participación, y también publicar los resultados de estos convenios: aumento de producción, porcentaje recibido, ingresos, gastos del consorcio, costo de producción, etc.
Este sector necesita transparencia, tanto de la empresa pública como de las privadas y en ese sentido la normativa debe ser igual de rigurosa. El Ministerio debe tener una unidad de Supervisión y Control que exija el cumplimiento de todo esta conjunto de principios. Pero la recuperación de producción exige inyección de capital y eso no lo tiene Petroecuador, por lo cual la solución es atraer inversión privada bien regulada y con obligaciones objetivas y perfectamente definidas de entrega de petróleo al Estado ecuatoriano.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Enero 7 del 2005