Los principios no se negocian
Al hacer un rápido recuento de algunas decisiones tomadas por los distintos órganos del Estado Ecuatoriano se aprecia la existencia de una cultura de desprecio a las normas constitucionales y legales. El argumento socorrido para estas acciones es el de la defensa del interés colectivo. Con el cuento de que se favorece a los desposeídos, o de que se enfrentan los temas de fondo, se propone cualquier subterfugio para evadir la ley o hacer caso omiso de la Constitución.
La lectura parcial de las normas, el acomodo de los argumentos al interés del momento, la tergiversación de los contenidos son algunos de los razonamientos usados para hacer del sofisma la política de Estado.
Así se actuó en la solución al aumento de las pensiones jubilares. El Congreso aprobó de inicio una ley inconstitucional pues no tiene iniciativa de gasto, pero le importó un comino. Lo hizo, para más tarde rectificar parcialmente con el apoyo gubernamental. Ahora, en la proforma del 2005 se ve lo hecho. Parte de la grieta fiscal tiene este origen, y para corregirlo se cambiaron los ingresos subiendo, como se lo hizo en el pasado y que tanto daño nos ha hecho, el precio del petróleo, con lo cual se vuelve a repetir la agresión a las normas constitucionales, pues el Congreso no puede incrementar el monto de los ingresos y gastos propuestos por el ejecutivo. ¿Quién pone orden a esto? Paso a paso el Ecuador se convierte en tierra de nadie.
En una de las leyes llamadas “trole” se rompió el concepto de sociedad anónima inflingiendo un daño a los preceptos o principios que gobiernan a las empresas privadas, pero nadie reclama, ahí sigue la norma vivita y collando.
Por otro lado, un diputado pretende fiscalizar a una entidad privada violentando los principios que señalan sus responsabilidades dentro del campo de las entidades públicas, pero no importa. Tampoco aquí la sociedad reacciona. Se inician juicios penales porque no se ejecutan acuerdos en los cuales terceros son los incumplidos, y lo inaudito es que estas acciones cuentan con el aval de ciertas organizaciones privadas. Tampoco aquí pasa nada.
Se usa el SRI como arma política para acuerdos puntuales y se despide a los honestos que se oponen a decisiones contrarias al interés público. La AGD se la utiliza para retaliaciones y no como órgano de cobro a todos los deudores. Aquí hay deudores escogidos y otros olvidados.
Hace pocos días el Congreso se tomó los organismos nacionales con resoluciones que reiteran el desprecio a la norma jurídica central del Ecuador. Y la lista sigue interminable. El silencio de las cámaras y de las organizaciones sociales es preocupante. Están distraídas con la parafernalia política y no ven los temas de fondo que cada día suman hechos que desmoronan la ya corroída y frágil estructura pública. La llamada sociedad civil demuestra ser una entelequia o está en una etapa de depresión mental, pues la verdad es que nadie defiende principios, o mejor pocos lo hacen pero su angustia no conmueve ni siquiera al corazón emotivo de nuestro latinazgo.
Me uno a lo expresado por César Montúfar en su columna del 17 de noviembre cuando pide una política de sensatez y honestidad. Basta de grandes castillos. Hagamos cosas simples pero efectivas. Seamos prácticos, pero ante todo respetuosos de los principios.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Diciembre 2 del 2004