Inquietudes nacionales
¿Qué implicaciones para la economía y la política mundial se pueden prever con la enorme transformación que están experimentando la China y la India?
Estos ejemplos se suman a los casos exitosos de España, Portugal, Irlanda de las últimas décadas. El mensaje evidente es que las economías que se sostienen en principios que aseguren los grandes equilibrios macroeconómicos tienen futuro y pueden resolver los problemas de bienestar, mejorar las inequidades y ponerse en el primer plano mundial.
Según el Banco Mundial China es la segunda economía del mundo si la medimos por el tamaño del PIB y representa ya el 60% de toda la economía de los EEUU. Japón fue desplazado al tercer lugar e India ocupa el cuatro lugar, muy cerca de los nipones y con un peso equivalente al 31% de los EEUU. Alemania está recién en quinto lugar. Ecuador ocupa el puesto 69 entre 166 países.
Estas cifras demuestran la intensidad de los resultados conseguidos a lo largo de un poco más de 25 años de gestión económica sustentada en las reglas de mercado y con una apertura creciente. Por eso en este año el aumento de los precios de muchas materias primas tiene como causa el gran despliegue chino que absorbe el 25% de ese crecimiento. Esta señal es una muestra de la potencialidad de compra y de la amenaza que representa su producción cuando ingrese a los mercados mundiales de una forma consistente y creciente.
En términos per cápita China ya tiene un PIB de 5.000 dólares y India uno de 2.900, todavía muy lejos de los 37.500 de los EEUU.
En el rubro turístico de los restaurantes y los establecimientos de comida preparada se están produciendo nuevos productos. ¿Cómo explicar estas novedades cuando los precios en nuestro país son muy altos y la población carece de recursos?
El proceso de urbanización ha determinado un cambio profundo en la estructura de la distribución de la población nacional. Ahora, la mayoría vive en las ciudades y aun cuando existen muchos pobres en estas urbes se aprecia que este indicador se ha reducido en los últimos años. Así tenemos que, según la CEPAL en 1990 el 62% de la población urbana era pobre y en el 2004 este estrato social llega al 42%.
Hay varias razones que podrían explicar este cambio: el propio crecimiento urbano, la migración masiva, las remesas, el cambio positivo de los precios de los servicios elementales que ofrecen los informales y por supuesto la estabilidad económica.
Esta realidad, que se aprecia en los barrios pobres en los cuales se han multiplicado negocios de la más diversa naturaleza tiene este sustento. Hay miles de familias que reciben de sus progenitores o relacionados montos mensuales superiores a los salarios nacionales, lo que los convierten en consumidores reales. De otra parte los salarios ya no se erosionan como ocurría en las etapas de alta inflación y ese efecto determina un poder de compra constante que se refleja en los mercados.
El tema de inequidad es mucho más complejo y lacerante en el campo, pues ahí se concentra la gran mayoría del 25% de la población nacional (tres millones de seres humanos) que vive con un dólar al día.
¿Qué está sucediendo con el peso colombiano que el banco emisor de ese país tiene que intervenir drásticamente en el mercado de divisas. ¿Hasta dónde nos afecta la continua devaluación de esa moneda?
Lo que ocurre en Colombia es precisamente lo contrario a la devaluación. En los últimos tiempos el Banco Central ha estado comprando dólares para evitar una reevaluación o apreciación del Peso como consecuencia del fuerte ingreso de divisas provenientes de capitales de corto plazo-golondrinas- atraídos por los diferenciales de las tasas de interés, el aumento de las remesas de los migrantes y los efectos de la política de seguridad democrática del Presidente Uribe que se ha convertido en un imán para el retorno de capitales de empresarios nacionales e inversionistas externos.
El problema no es ecuatoriano, ya que los efectos de esta apreciación apoyan a la venta de los productos nacionales y son las exportaciones colombianas las que sufren y están obligadas a mejorar su productividad.
Desde marzo del 2003 la reevaluación real del peso es del 10.5%, pero el nivel del tipo de cambio todavía está en términos de paridad por encima del 100.
¿Cuál es el fundamento para que el Ecuador denuncie el Tratado Internacional de Inversiones que está perfectamente legalizado y no el Acta de Entendimiento que suscribió el gobierno anterior de manera casi secreta?
No veo razón alguna que sustente una postura tan radical y poco reflexiva como esa. Me parece que la idea no soporta el proceso elemental de evaluación de consecuencias. Para el Ecuador, país con un bajo nivel de credibilidad internacional, es indispensable sustentar sus relaciones en el respeto y la vigencia de los principios contractuales, como lo establece de forma inequívoca la propia Constitución Política, contando con el apoyo de instrumentos o Tratados internacionales que conviertan a estos principios en normas de aplicación real y consuetudinaria.
La denuncia de este Tratado de Protección Recíproca a las Inversiones ahorcaría al país por su indiscutible impacto en los flujos de capitales que ingresan para formar empresas y desarrollar negocios, que a la par que producen empleo generan utilidades.
En un mundo mas integrado y con los mercados financieros totalmente intercomunicados, las decisiones de política económica retumban en las estructuras productivas, para bien o para mal. En este caso, sabiendo como todos conocemos que estamos inmersos en complejos problemas de integración que exigen la presencia de mecanismos de solución de controversias, la propuesta navega contracorriente.
Lo que no conozco es la llamada Acta de Entendimiento, que no puede contener disposiciones diferentes o extensivas del Tratado. La famosa carta del canciller Moeller al Procurador Jimenez sólo tiene valor en lo que respeta el contenido del Tratado y no en sus definiciones adicionales. En definitiva, para cualquier efecto jurídico el Tratado es el referente válido.
Esta de acuerdo con incluir la deuda externa dentro de la negociación del TLC para darle una garantía igual a la inversión extranjera?
No. La deuda pública y privada se sustenta en contratos bilaterales firmados, sea entre el Estado y los Acreedores (internos o externos) o entre personas del ámbito privado. Ahí se fijan las condiciones financieras, las garantías y la jurisdicción. Mientras la inversión tiene un riesgo abierto constituido por el marco jurídico en el cual se basó la decisión de traer capitales para la ejecución de un proyecto, marco que puede ser alterado por el Estado sin negociación o consulta previa. Además, mientras la deuda tiene “asegurado” un rendimiento fijo, la inversión tiene una rentabilidad variable y sujeta a la bondad del proyecto.
Son por lo tanto dos tipos de operación con riesgos diferenciados y estructuración distinta. Las deudas se contratan para atender proyectos en los cuales el riesgo lo tiene o el Estado o el deudor privado, y por lo tanto se las honra. Ese es el principio ético y moral de esa relación, y así se deben conducir las relaciones entre deudores y acreedores. La inversión se la respeta y su destino depende de la calidad de la empresa que tiene ese capital. Si pierde, pierde y punto. En la deuda no ocurre aquello.
Los países serios no requieren de estas distorsionantes protecciones que multiplican, enredan y desnaturalizan las responsabilidades ya establecidas.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Septiembre 30 del 2004