Inquietudes nacionales
¿Hasta qué punto es marginal y no ataca el grave problema eléctrico de fondo la propuesta gubernamental de crear un Fondo de Estabilización del Precio Referencial de Generación?
La repregunta obvia es ¿Quién va a poner los recursos para formar este fondo? Acaso están pensando que el Presupuesto asuma una nueva obligación cuando todos sabemos que tiene limitaciones de caja que le impiden cumplir los compromisos adquiridos, y además existe una disposición legal que prohíbe crear obligaciones adicionales.
El problema del sector eléctrico ha llegado a un nivel de caotización por falta de entereza de las distintas autoridades que ya pone en riesgo la propia operatividad del sistema. Los problemas son múltiples y están tan interrelacionados que han configurado un círculo destructivo que muele poco a poco la estructura de este servicio.
A principios de año el gobierno anunció la reducción del 5% de las tarifas eléctricas que se la aplicó a partir del mes de abril, pero en lugar de poner esta decisión dentro de un contexto de reordenamiento integral del sector, lo dejaron una vez mas desatendido manteniendo vigentes todas las causas de la actual situación. No lo hicieron porque esa parte tiene costo político y requiere de una vigorosa actitud de defensa de los recursos públicos y de los derechos de los consumidores.
Algunos pensarán que no estoy de acuerdo con la reducción de tarifas, cuando en realidad fuimos cuatro colegas los que pusimos este tema al debate ante el país. Si hacemos las cosas bien se pueden reducir bastante mas las tarifas eléctricas y simultáneamente mantener empresas generadoras y distribuidoras con resultados positivos.
Para eso se requiere cambiar el mecanismo de precios de la energía que producen las generadoras por uno más equitativo, pues el actual otorga unos beneficios desproporcionados a pocas empresas hidroeléctricas que ven acumular dinero en su favor a costa de todo el país. Estos precios usureros de energía dañan las estructuras financieras de las distribuidoras que por su parte tienen ineficiencias profundas que se visualizan en el robo de energía, el no cobro de aquella facturada y la costosa estructura operativa.
A este cuadro se añade la existencia de un pliego tarifario que concede subsidio a casi todos los consumidores personales sin discrimen o priorización alguna, con lo cual los mas beneficiados son los que tienen capacidad económica y no requieren de este beneficio estatal.
En el Diario El Comercio del día jueves se expusieron las cifras de este maremagno que en resumen determina la existencia de pérdidas por más de 500 millones de dólares anuales que alguien tiene que pagar. Hasta ahora lo ha hecho el Estado, pero creo que esa película se acabó. Ahora hay que sacudirle a este sector y poner las políticas sobre bases de un manejo responsable y visible para todos. No veo en la propuesta en discusión una solución, a no ser que vaya en la dirección de atacar los tres frentes de distorsión de la política eléctrica.
Es irónico escuchar ahora, entre otros, a representantes del Municipio de Quito quejarse del problema y pedir la presencia de inversionistas privados, cuando fueron ellos los que se opusieron a los procesos de modernización.
La Asamblea de la OEA se concentró en sus múltiples resoluciones en diferentes temas. ¿De qué manera este organismo trató el grave problema económico de muchos países de América Latina?
No trató ningún caso particular porque no le corresponde y en la agenda no constaba la temática económica de una forma resaltada dada la circunstancia de que la mayoría de países atraviesan por una situación de convalecencia y otros ya tienen una posición estable y madura. América Latina crecerá, según la CEPAL en un 4.1% durante este año con lo cual se cambia la tendencia de los dos años anteriores.
El negociador estadounidense ha puesto énfasis en la flexibilización laboral en el Ecuador. ¿Hasta qué punto será posible las condiciones sociales del Ecuador y los derechos adquiridos de los trabajadores?
Eso es uno de los aspectos que le interesa abordar al representante norteamericano. Está por verse la posición ecuatoriana y la de los otros dos países andinos.
Es importante saber ¿qué se entiende por flexibilización laboral? para poder articular una respuesta. De lo que ha salido en la prensa hay un aspecto que viene siendo el tema de mayor crítica y que ya consta en varios documentos internacionales, incluso en el ATPEA, y es la presencia de niños, o menores de edad como trabajadores de fincas especialmente bananeras y en ciertas florícolas.
Si este es el punto me parece que la posición americana merece nuestro respaldo. También se habla del respeto a los dirigentes laborales que es un concepto al cual no se le puede poner reparos.
En otros campos de la relación laboral lo que interesa es disponer de una estructura jurídica que ponga en la balanza los derechos de los trabajadores con los objetivos de mantener una organización productiva que incentive la productividad y con ella el empleo. Este principio es el eje de una relación estable y duradera.
¿Qué fórmula deberá usar el ejecutivo para garantizar la estabilidad del pago de las remuneraciones a los trabajadores del sector público?
Mantener una política fiscal responsable, que no asuma obligaciones si no tiene recursos para atenderla, que controle la calidad del gasto y su idoneidad. Sólo con un Estado que respete los principios de una política fiscal estable y equilibrada se podrá asegurar pagos de remuneraciones oportunas.
El Estado tiene que evaluar a cada servidor público en el cumplimiento de sus obligaciones para reconquistar la imagen de la presencia de un servidor público pulcro y eficiente.
Algún día, espero que sea cercano, debe terminar esa política de aumentos generales y dar paso, a la sustentada en la productividad. Ojalá el Ministro de Trabajo lo incorpore en su agenda.
¿Cuál es el origen de la deuda del Estado con el IESS? Acaso el Estado paga el 40% del aporte mensual a sus burócratas?
La ley del IESS establece la obligación del gobierno central de transferirle el 40% del valor de las pensiones que el instituto paga a sus jubilados. Por este motivo consta en el presupuesto del estado mas de 200 millones dólares para el año en curso, cifra que se incrementa cada vez que se incorpora un nuevo jubilado o cuando se decide subir las pensiones.
El incumplimiento de esta obligación es lo que genera la famosa deuda del gobierno con el IESS. A partir de 1984 el Estado volvió a su calidad de moroso, que ya lo había tenido en décadas anteriores. Ahora está en discusión el monto, que según el IESS supera los 2.000 millones y según el MEF no pasa de 500 millones.
El problema de fondo sobre esta obligación ilimitada e indefinida, que origina una figura de subsidio incuantificable, está en el hecho de que es una norma contraria a la equidad ya que los afiliados al IESS no son los ecuatorianos mas pobres y, sin embargo se les prioriza. Por supuesto no propongo suspender a los actuales que ya han recibido demasiados castigos, sino cambiar los principios del sistema de pensiones para que esta esquilmación no vuelva a suceder y se sostenga un sistema mixto de capitalización individual en el cual el Estado ya no tenga esta responsabilidad abierta e inconmensurable, que sin ninguna duda ocasionará un quiebre de las finanzas públicas.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Junio 10 del 2004