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El avance en la corrección de los problemas de las finanzas públicas es evidente. Hoy se encuentran mejor equilibradas, tanto por las decisiones tomadas por el gobierno a través de su equipo económico con el apoyo de la legislación conocida como de transparencia fiscal, como por el buen comportamiento del mercado petrolero mundial y las bajas tasas de interés. Sin embargo, todavía hay camino por recorrer en la construcción de un sistema fiscal integral que permita conocer que entidades reciben aportes públicos y cual es el destino de los mismos. Existen subsidios implícitos y asignaciones que no constan el presupuesto del Estado, cuyo tratamiento demanda cambios con el propósito de mejorar la nitidez de las cuentas públicas y obtener información que nos ayude a construir políticas sobre informaciones válidas.


Un tercio de los ingresos petroleros no llegan ni pasan por el Presupuesto. Se quedan en entidades públicas y sirven para cubrir ciertos subsidios. Son más de 750 millones de dólares que quedan fuera del control del gobierno central. Otros 750 millones provenientes de los ingresos tributarios, es decir de los impuestos que pagamos los ecuatorianos, tampoco llegan al Presupuesto. Se destinan a las más diversas entidades públicas y se cubren gastos que, por lo menos para quien escribe esta columna, eran desconocidos. A estos 1.500 millones hay que sumar todas las exoneraciones tributarias (en realidad son subsidios escondidos) que concede el estado a numerosas actividades, muchas de las cuales seguramente tienen razones para sustentar esta condición especial, y otras que usufructúan sin justificación alguna. En estos últimos casos, nadie sabe cuánto significan los beneficios ocultos en la maraña legal dedicada al campo tributario.


Las distorsiones que genera esta política de preasignaciones y subsidios le resta efectividad a la política fiscal, genera una opacidad en la información y lleva a construir conclusiones poco sustentables. Además, perjudica a ciertas instituciones que tienen derechos en una proporción de las rentas fiscales, como es el caso de las municipalidades que reciben el 15% calculado sobre una base inferior a la que les correspondería si se incluyeran estas rentas dentro del presupuesto nacional. Igualmente, al calcular el peso del servicio de la deuda pública, el indicador tantas veces expuesto como el dogal nacional, no tiene valor pues su cálculo da un resultado exagerado ya que excluye estos detectados 1.500 millones de dólares (más del 5% del PIB) que se destinan a objetivos y entidades que incluso no rinden cuentas. Una conclusión contraria se saca de las relaciones sobre el peso del gasto público en la economía que la subestima.


Entre los ejemplos de este tipo de asignaciones constan la del ISSFA y la ISSPOL que reciben un subsidio del 60%, cada una, de los beneficios que paga a sus jubilados y pensionistas. La primera obtiene más de 50 millones al año y la segunda 30 millones, sin los cuales tendrían déficit de caja además del actuarial que ni con el apoyo estatal se resuelve. ¡Otro problema que se suma al del IESS que recibe, éste si dentro del presupuesto el 40% de las pensiones!


Si queremos tener una sociedad informada pongamos todas las cosas sobre la mesa. Lo oculto siempre es caldo de cultivo para las cosas impresentables.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Marzo 11 del 2004

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