Nítido y sencillo

Han transcurrido casi 120 días desde la fecha en la que el gobierno convocó la licitación de algunos campos petroleros, actualmente en operación por parte de Petroecuador y todavía no se entregan algunas informaciones críticas para la presentación de las ofertas. Se suponía que hasta el 10 de diciembre pasado el Ministerio de Energía habría distribuido todos los documentos. Sin embargo, recién el 9 de febrero, es decir con 60 días de retrazo se presentaron los datos de la línea de base y el inventario de los equipos en operación en dichos campos petroleros. Falta todavía conocer los pasivos ambientales y la información sobre las presiones y registros de los pozos en producción.

Originalmente la licitación concluía el 23 de enero y fue postergada para el 23 de marzo, pero como van las cosas no debe extrañarnos una nueva dilatoria. Hay rumores de más cambios en las bases de la licitación. Se habla de poner la mal llamada participación del Estado (del 35%) en función directa del precio del crudo en el mercado internacional, e incluso algunos sostienen que el gobierno está estudiando la posibilidad de sustituirle por algún otro parámetro.

Lo cierto es que las dudas sobre el éxito del proceso suben con el transcurrir de los días y la opacidad aumenta a niveles que ocasionan suspicacias sobre la verdadera intención de todo este proyecto. Da la impresión que una vez mas se juega con los intereses nacionales.

Es hora de cambiar esta vieja historia petrolera introduciendo cambios radicales en la legislación para eliminar toda esta suerte de acomodos que lo único que acarrean es más desconfianza e impiden ver con claridad lo que recibe el Estado.

Está en discusión una reforma legal en el Congreso, la cual debería ser utilizada para dar un giro en la forma de concebir la participación del Estado en la riqueza petrolera. De lo que se trata en esta propuesta es simplificar todo ese enjambre de leyes que han dado lugar a participaciones, regalías, tasas, contribuciones, nacionales y provinciales, impuesto a la renta, IVA, y en fin todo aquello a través de lo cual alguna entidad pública recibe, por algún conducto un pedazo de la torta petrolera, por un sistema que recoja todo en un solo concepto: Participación Estatal y punto. Un porcentaje simple y nítido. Con eso nadie se equivoca.

De esta forma nos olvidamos de controlar la gestión de las empresas, de ver si gastan bien o mal, y nos concentramos en recibir, sin contrapago alguno un porcentaje de la producción petrolera. Ya no habrá juegos contables para pagar menos impuesto a la renta, ni discusiones sobre si debo o no pagar el IVA, ni razones para decir que se contribuye al país cuando se lo hace con deducción de impuestos. O por el otro lado argumentos para obstaculizar el desarrollo de las inversiones.

Lo único que debe controlar el Estado es el nivel de producción para saber cuanto le toca y nada más. Las compañías pagarán el 15% de utilidades a sus trabajadores y todo lo que ingrese al país debe ser para su uso exclusivo. Si se encuentra algún desvío, la sanción debe ser ejemplar. Con esto despedimos a muchos abogados que viven de esto y a los burócratas que hacen la vida difícil al país.

Esta legislación debe dejar bien regulado, casa adentro, la forma como el Estado debe distribuir, en este caso, la bien llamada Participación Estatal.

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Febrero 26 del 2004