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Inquietudes nacionales

¿No será preferible establecer un consenso mínimo sobre el contenido de nuestros objetivos en el TLC, antes que dedicarnos a cuestionar infantilmente al negociador nacional?


Estamos concientes del enorme desbalance político que existe en esta negociación y sería un despropósito añadir discrepancias en el frente interno. Estas actitudes conspiran con el interés nacional.


En muchos aspectos nuestro país es el sitio de los desencuentros. Una mirada a los noticieros de televisión describe la forma de ver las cosas: Todo está malo, nadie se salva de la guillotina pública, el futuro está lleno de nubes negras. Es un mensaje constante de desesperanza.


Los noticieros de radio no se quedan atrás. Incluso la ofensa se ha vuelto común. Pero, cuando se piden soluciones, ahí empiezan a toser.


¡Esto no puede seguir así! El país necesita fe en si mismo, en su gente, en sus capacidades de hacer cosas y ofrecer soluciones. No desconozco, ni se trata de ocultar realidades, pero hay que balancear, mas que nada racionalizar las discusiones. En alguna parte leí o alguien me comentó, que los argentinos y los ecuatorianos son los peores enemigos de su propio interés. Sólo hablan mal de sus países, y lo hacen incluso cuando están afuera. No valoran lo que tienen.


Debemos aceptar la decisión gubernamental aunque no nos guste, y adoptar una postura propositiva de ideas, opciones, mecanismos a ser incorporados en la negociación. Un ejemplo de esta forma de construir un país, o tratar por lo menos, son las sugerencias hechas por el Sr. Luis Rosero en su carta a la Directora de El Comercio publicada el día miércoles 21 de esta semana.


Sabemos que no hay mucho espacio, algunos incluso creen que no lo hay, para la negociación pero, también tenemos claro que si hacemos las cosas razonablemente bien, existen oportunidades que se cerrarían si no avanzamos con este reto. El Ecuador ha sido un país abierto al comercio exterior. Las exportaciones e importaciones representan el 50% del PIB y eso, a la vez que puede ser un factor desestabilizante, también es un indicador de aptitudes.


¿Podrá existir alguna fórmula más benigna para que los jubilados del IESS demuestren su supervivencia y evitarnos las dolorosas imágenes que trasmiten los medios de comunicación? ¿No hay suficientes avances en la legislación notarial para dar un certificado de supervivencia?


Este es otro ejemplo de un sistema que tiene enormes dificultades para modernizarse. Hasta hace poco los pagos de las pensiones era un verdadero calvario. Sólo cuando comprendieron que hay empresas especializadas en ofrecer servicios transaccionales con el público se solucionó el problema. Servipagos ayudó y ahora sirve para que los jubilados cobren sus haberes con comodidad. Igual ocurrió con los pagos de los aportes.


La sugerencia de utilizar a los notarios es una buena alternativa. En la actualidad se podría hacer con los jueces civiles, pero el problema es que el IESS no acepta y el costo de la información sumaria también es un óbice. Otra opción es mantener un convenio de uso de la base de datos del Registro Civil y ahí comprobar la supervivencia. Lo que habría que asegurarse es la confiabilidad de los datos de esa entidad estatal.


En cualquier caso, todas estas obsolescencias operativas exigen cambio y una forma de hacerlo es creando competencia. La desmonopolización de todo bien o servicio, público o privado, debe ser parte de un objetivo nacional.


¿Qué organismo de control podrá garantizar que la próxima administración única de Andinatel y Pacifictel no sufra los gravísimos casos de corrupción que han ocurrido durante los últimos años en la segunda empresa?


La función básica de la Superintendencia de Telecomunicaciones es supervisar los aspectos técnicos de los negocios de su campo de acción. Revisa la funcionalidad de los sistemas y controla que no existan piratas que utilicen las facilidades operativas de las empresas, como el caso de los by pass. No tiene facultad para auditar libros y registros contables.


Sólo desde la expedición de la nueva ley de la Contraloría General del Estado, esta institución es la responsable de la revisión económica, financiera y administrativa de las dos empresas citadas en la pregunta. Antes de ese hecho, este trabajo descansaba en los auditores externos contratados por los directorios.


En el caso de Pacifitel el problema de corrupción, desorganización, abuso es clamoroso. No así en Andinatel que se convirtió en un referente de trabajo serio, honesto y responsable. Son, o por lo menos era hasta hace poco, las dos caras de la medalla. El uno lleno de vericuetos y con personas de poca respetabilidad, y en el otro un conjunto representativo de la ciudad de Quito.


Pacifitel fue usada por el gobierno anterior para negociaciones políticas de baja reputación. Andinatel no permitió su utilización.


Entiendo que en la nueva ley hay una norma que permite a la Contraloría contratar bajo su responsabilidad y para su beneficio, auditores externos que realicen la revisión de las cuentas de estas empresas. Ese es el camino que ayudaría a la erradicación de esta descomposición. Sin embargo, si siguen con la política de nombrar a ejecutivos y directores carentes de conocimientos técnicos y sólo por su vinculación partidaria, los resultados seguirán siendo los mismos.


Aquí cabría preguntar: ¿Si Andinatel ganó 80 millones de dólares en el 2003 y Pacifitel sólo 3 millones, que ha hecho el gobierno para exigir cuentas a la segunda por tamaña diferencia?


¿Por qué motivo los títulos de la deuda externa ecuatoriana se cotizan tan alto? ¿No será por que está asegurada la adquisición de los mismos con los excedentes petroleros? ¿Habrá algún procedimiento para compensar un pago tan alto?


Es la respuesta de los mercados internacionales a los efectos de la política económica. Indudablemente hay una mejoría en la balanza de pagos producto del crecimiento de las exportaciones, petroleras y no petroleras, tradicionales y nuevas y, el mantenimiento de las importaciones en su nivel del año anterior.

El precio del petróleo es un elemento importante en esta percepción y más aún con las previsiones de su mantenimiento a lo largo de este año.


La conclusión del OCP y el aumento de la producción privada en un 60% mejoran la capacidad de pago del Ecuador.


La política fiscal es otro ingrediente que colabora con este notable cambio de la imagen internacional. La estabilidad interna, me refiero a la tasa de inflación, el crecimiento de los depósitos bancarios y el mantenimiento de la calidad de la cartera también abonan a esta versión.


Claro, todo esto lleva a reducir la calificación de riesgo y a mejorar la valoración de los bonos, a lo que se adiciona las cláusulas de recompra que existen en los contratos firmados el año 2001.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Enero 22 del 2004

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