La ley de Talion

Al concluir la segunda guerra mundial los países vencedores, liderados por los Estados Unidos constituyeron tribunales internacionales ad-hoc para juzgar a los criminales de guerra. Buscaron establecer un sistema que asegure un ambiente lo más propicio para analizar los atroces actos cometidos en esta negra etapa de la historia del siglo XX. Así nacieron los Tribunales de Nuremberg y de Tokio. Se estructuró el sistema de NNUU como la organización encargada de dilucidar los conflictos y resolverlos por la vía de la negociación diplomática. El Consejo de Seguridad se convirtió en el centro de solución de las más graves y delicadas controversias.

Esos mismos países, también encabezados por EEUU e Inglaterra bregaron durante la década de los años cincuenta para institucionalizar la Corte Penal Internacional, propósito que fracasó por la beligerancia política creada alrededor de la guerra fría. Solamente en 1998 se llegó a firmar el Tratado de Roma que consigue este objetivo, al cual se adhiere los EEUU durante el ejercicio del Presidente Clinton. Lamentablemente, en sus inicios de gobierno, el presidente Bush no sólo que no ratificó este Tratado sino que adoptó una posición beligerante contra aquellos suscriptores con quienes mantiene programas de apoyo, imponiendo sanciones a 35 países, entre ellos el Ecuador, por no estar dispuestos a proteger a las tropas y otros funcionarios suyos. Irak, de otra parte, por su condición de país sometido a un programa de vigilancia y control por las NNUU, no suscribió este tratado.

Este es el marco histórico básico que nos permite entender lo que está ocurriendo alrededor del caso Iraquí y sus profundas derivaciones en las relaciones mundiales. A que viene todo esto, simplemente a señalar que si los EEUU mantuviera su posición histórica de líder y defensor de los derechos y la democracia, no tendría que pensar dos veces en la forma de juzgar al dictador Saddam Hussein sometiéndole a una Corte Internacional, como lo hicieron con Milosevic, o a instaurar con el apoyo de NNUU un tribunal ad-hoc. Si queremos que se preserven los derechos de los ciudadanos del mundo, debemos insistir en un juzgamiento abierto en el cual se le imputen todos los cargos por los horrores cometidos y tenga la opción de decir su versión. En este mundo debe pagar sus culpas como lo hicieron las criminales de Nuremberg.

Pero siento que eso va a ser duro de conseguir porque el gobierno norteamericano quiere imponer un sistema de juzgamiento al interior de Irak, que hoy por hoy no tiene Constitución, gobierno ni instituciones, y que para el momento que lo tenga estará lógicamente influenciado por el enorme apoyo económico que debe recibir para su reconstrucción. La desafortunada declaración del Presidente Bush del martes pasado de señalar que este dictador abominable merece la pena de muerte, confirma la razón de la estrategia. Se siente el odio contra este criminal que enceguece la posición americana y le lleva por el camino del talión, posición que conspira con el otro objetivo que lo buscan desde hace algunos meses y, que en estos mismos días de manera paralela lo han intensificado con la visita del ex secretario de Estado Baker a los países europeos para encontrar una fórmula de reconciliación y solución de las profundas diferencias originadas por el rompimiento del régimen jurídico mundial.

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Diciembre 18 del 2003