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Inquietudes nacionales

¿Cómo evalúa usted la programación del Ecuador para las negociaciones del ALCA cuando ya estamos al final del 2003?


En este campo al igual que en el petrolero las rectificaciones del gobierno no dejan un mensaje claro. Las explicaciones oficiales sobre las razones de haber participado en el Grupo de los 22 y su posterior retiro dejan un mal sabor sobre la política comercial ecuatoriana. Se acepta iniciar conversaciones con MERCOSUR antes de resolver los problemas y desentendimientos al interior del grupo Andino. Ahora, se abren conversaciones informales con el gobierno de Estados Unidos para explorar una negociación bilateral. Está pendiente la agenda con la Comunidad Europea.


Me parece que al Ecuador le falta claridad de objetivos. Es indiscutible la conveniencia de buscar mas oportunidades en los mercados internacionales para los productos nacionales, pero hay que hacerlo dentro de una estrategia coherente en la cual sepamos que podemos negociar y cuales son las limitaciones de fondo en este proceso. Saber en donde están las oportunidades y cuales son las amenazas.


No podemos excluirnos de la negociación con los Estados Unidos. Es una opción que puede permitirnos obtener ventajas comerciales, mejorar vínculos para la inversión y atender la obligación central de la política económica que no es otra que impulsar la creación de empleos. Pero esto hay que hacerlo sabiendo exactamente cómo vamos a actuar en los otros foros que están abiertos a la negociación. Es necesario desterrar la improvisación y hay que prepararse para un proceso duro que exige enorme disciplina y una visión bien balanceada de beneficios y costos.


El ALCA, como se ve las cosas que han sucedido en las relaciones entre países, está diferido. Se lo ha sustituido por los acuerdos subregionales o bilaterales.


Al concluir el año 2003, el balance energético en el Ecuador es deplorable ¿Cómo lograr una gran concertación nacional sobre este punto preciso para el próximo año?


En el sector eléctrico posiblemente lo mas importante ocurrido en este año ha sido la concientización de las horribles ineficiencias y distorsiones que existe en el manejo de las empresas distribuidoras de electricidad y la forma inequitativa, además de absurda con la cual se fijan las tarifas. Sabemos que el Estado pierde más de 500 millones al año.


Con decisiones del Ejecutivo hay cómo remediar estos problemas. Uno está en camino de aparente solución a través de la contratación de empresas internacionales que administren las distribuidoras nacionales, mientras el tarifario, que es de decisión del CONELEC no tiene señales de estar en la agenda de los temas prioritarios.


El 2004 hay que continuar con la campaña de sensibilización nacional y ver con ojos críticos los procesos de concesión de nueva generación.


Una vez superado el entredicho diplomático entre Ecuador y Colombia, será posible que se estudie con seriedad una alianza estratégica con Colombia sea para un Tratado Bilateral con Estados Unidos o dentro del ALCA?


Por supuesto. A los dos países les conviene negociar en conjunto con los Estados Unidos. Existen puntos importantes de coincidencia que pueden permitir el desarrollo de políticas complementarias. También hay aspectos de conflictividad que tendrán que negociarse antes de conformar un frente común.


El tema de fondo es la distancia que existe entre la posición colombiana que no deja dudas sobre su decisión de llegar a un acuerdo bilateral con los EEUU, la cual incluso señala metas de entendimiento para mediados del próximo año, y las divagaciones nacionales.


Defender la extensión indefinida de las ventajas concedidas por los EEUU a través del ATPDEA a favor del Ecuador es uno de los temas que nos vincula con la posición colombiana. Ahí existe una ventana de exportaciones con beneficios de producción y empleo reales. Si no lo hacemos, esta opción se pierde en poco tiempo y la posibilidad de reabrirla, aunque existe, es muy baja. Además, para esa época el acuerdo comercial de los EEUU con los países asiáticos nos habrá desplazado del mercado.


Según los datos presupuestarios que usted aporta en su última columna en Diario El Comercio ¿los éxitos municipales son sufragados por un estado deficiente y antipático?


No le calificaría al Estado con esos términos. Lo que diría es que las decisiones políticas no han defendido el papel del Estado en el convivir nacional. Han prevalecido los intereses locales o regionales frente a los nacionales y eso ha llevado a una situación extremadamente dura, inflexible del presupuesto central.


La tan reiterada política de descentralización de recursos con responsabilidades es una falsedad. Casi todos los organismos regionales claman por más dinero pero no asumen nuevas funciones. El país ha llegado a disponer del 41% del impuesto a la renta a favor de los municipios, sin que ellos le hayan descargado un milímetro de obligaciones al gobierno. Reciben además el 15% del presupuesto dentro de las asignaciones a los organismos regionales y aún cuando se supone que es para inversión nadie sabe en que se gasta ese dinero. No hay rendición de cuentas. Según informes internacionales, en el campo de “transparencia pública” ocupamos una vez más el último lugar.


No dispongo de una cifra nacional, pero de los municipios cuyos datos conozco, la dependencia en las asignaciones del gobierno supera el 70%, con lo cual la obra municipal es producto del esfuerzo nacional.


Falta tomar conciencia de este problema que ya nos ha dado bastantes dolores de cabeza. Recordemos que la aprobación del 15% del Fondo de los entes regionales se lo hizo sin asumir la responsabilidad de su financiamiento, lo que mas tarde trajo consigo decisiones de aumento del precio de combustibles, IVA, y todo lo demás que conocemos. Lo del 25% para los municipios es idéntico. No desconozco las necesidades locales, pero critico la forma poco responsable de atenderlas.


¿Por qué motivo el Ministerio de Energía no depura transparentemente bases más atractivas para convocar a las compañías extranjeras y lo hace en medio de un proceso que produce inseguridad jurídica y fragilidad institucional?.


Es difícil comprender la lógica de las decisiones gubernamentales en este campo. Transcurrieron más de 10 meses de gestión para presentar una propuesta de licitación de ciertos campos de Petroecuador, que tiene reparos jurídicos y preocupaciones económicas. Sin embargo, me da la impresión que en este caso las cartas están jugadas. Veo difícil una rectificación.


Se insiste en un modelo de contratación que genera conflictos entre las partes en lugar de simplificarlo a una sola variable: Participación Estatal. El vendito 35%, mal llamado de “participación” no es cierto pues no toma en cuenta las regalías, el impuesto a la renta y un sinnúmero de contribuciones y cargas fiscales. Ojalá el Congreso, en la reforma en discusión, tenga la visión de resumir en un solo concepto lo que le corresponde al Estado. Así se acaba la discusión con la empresa concesionaria de si debe o no pagar el IVA, de si gasta bien o no, etc. El Estado recibe una cantidad de crudo y punto. Desaparecen los tramitadores de reclamos y los servidores con propensión al conflicto.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Noviembre 14 del 2003

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