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Inquietudes nacionales

¿Cómo evitar que el litigio entre las comunidades indígenas y la empresa TEXACO se convierta en un problema internacional como sucedió con el IVA petrolero?.


Ya es un problema de esa dimensión. Es mas, desde hace diez años aproximadamente se ventila esta controversia ante distintos jueces de los Estados Unidos. Ahora está en la jurisdicción ecuatoriana porque un fallo internacional determinó que primero le correspondía resolver a la justicia ecuatoriana este reclamo para, de ser el caso, es decir si la sentencia nacional favorece a los querellantes, éstos puedan volver a presentar su acusación en las cortes extranjeras.


La gran diferencia con las discrepancias sobre el derecho al reembolso de los pagos del IVA por parte de las petroleras es que en este caso una de las partes involucradas es el gobierno nacional, mientras en los reclamos de los amazónicos no tiene ningún papel. Se podría decir, y eso es parte de la argumentación de Texaco, que con el acta de finiquito y la reparación de daños acordada en años anteriores terminó la relación con el Estado. Sin embargo, la reclamación va más allá de ese hecho, y como se trata de un tema ambiental, tan sensible en el mundo actual, tiene resonancia.


Este caso antes que dañar la imagen nacional constituye un hecho de gran valor para el cuidado y la remediación de los daños ambientales en las operaciones petroleras. Las empresas que hoy trabajan en este campo saben que deben ser muy delicadas con la naturaleza.


El gobierno maneja activamente el proyecto de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Cuál es su contenido y cuál es la participación de los sectores productivos privados en este proceso?


Todavía no lo conocemos o por lo menos no se lo ha hecho público. Lo que ha trascendido son los contactos políticos de la Ministro de Comercio Exterior con el Representante de los EEUU y nada más.



Continúa modificándose las referencias jurídicas del caso Filanbanco ¿Hasta cuándo el país no tendrá una información precisa de este dilatado proceso?


No se. La verdad es que el tratamiento de este caso se ha enredado tanto que sólo las personas que por sus intereses personales o por sus responsabilidades públicas están muy cercanas al tema, conocen los detalles y pueden precisarnos la posible evolución de este problema. Tenemos algunas ideas de las discrepancias mas evidentes como el caso del llamado “vuelto”, de las gestiones de recuperación de cierta cartera encargada a las compañías seleccionadas para esta gestión, de las acreencias no atendidas en donde también hay conflictos internos, pero mas allá de saber que las pérdidas del Estado son enormes, no hay un cuadro global que resuma y otorgue cifras precisas de todo lo ocurrido.


¿De qué manera se puede garantizar el proyecto de ley de calidad de las empresas nacionales no incorpore filtros burocráticos que la hagan proclive a la corrupción.


Disculpen pero no entiendo la pregunta.


En la propuesta conjunta que hicieron hace pocas semanas plantean reducir el gasto público. ¿Es compatible con el objetivo de crecimiento de la economía?


Por supuesto. Sabemos que el Estado tiene un Presupuesto altamente inflexible en su estructura de gastos. El peso de la masa salarial, el servicio de la deuda y las asignaciones dejan poco espacio para una gestión fiscal que aborde las raíces de las inequidades o que trabaje contra las tendencias cíclicas. La solución camina por la aplicación de una estrategia que reduzca estas dependencias y libere recursos para la atención de las necesidades de los sectores sociales. Hay que reducir sistemática y ordenadamente la deuda pública, congelar nuevas asignaciones y reducir las actuales, mejorar la eficiencia de los servidores públicos. Para esto se necesitan recursos, es decir el Presupuesto debe generar superávits globales que le permitan re-comprar o pagar deuda, mientras la política económica de forma simultánea debe generar oportunidades de inversión para convertir a las actividades privadas en las impulsadoras de una demanda agregada mayor.


En términos simples: si el gobierno contrae sus gastos internos, la forma de enfrentar esta circunstancia es incentivando el ingreso de capitales externos para que las actividades productivas o económicas en general creen nuevas opciones de empleo. Transformar, paulatinamente, al Ecuador de una sociedad sobre-endeudada en una colectividad amiga de la inversión.


Bajo esos principios la reconversión del Estado y la solución de uno de sus más graves problemas estructurales son perfectamente compatibles con un ambiente de crecimiento sostenido.


¿Es verdad que los emigrantes envían 1.400 millones de dólares al año?


Así es, incluso se estima que la cifra habría pasado de los 1.500 millones. Según las últimas informaciones disponibles se sabe que los emigrantes de los distintos países de América Latina envían anualmente más de 32.000 millones de dólares. Méjico recibe el 32% de ese flujo y el Ecuador participa con el 5%.


Para el año 2004 algún estudio indica que estas remesas superarán los 40.000 millones convirtiéndose en el primer rubro de ingreso de divisas, superior incluso a los flujos de capital privado.


Sobre este punto, un lector que es emigrante suizo y vive en el Ecuador desde hace 20 años dice que no entiende porqué se lamenta tanto la emigración de compatriotas si ellos van a un mundo en donde aprenderán nuevas formas de trabajar, sabrán comportarse en comunidades mas organizadas, ganarán mas y tendrán mejores oportunidades para ellos y sus hijos, enviarán parte de sus ahorros y cuando regresen serán más útiles para el país. El lector me pide, y eso trato de hacerlo, que colabore a destruir esa “cultura del lamento”, pues incluso desde el punto de vista del gobierno esa persona deja de ser una carga y pasa a ser un contribuyente de la economía. Hace treinta años los españoles hicieron lo mismo, migraron a Alemania, Suiza, Francia y ahora están integrados a su sociedad.


Lo escrito en el párrafo anterior es un resumen de las reflexiones de este lector. Lo que faltaría es señalar que en ese lapso España mantuvo una política económica bien definida, con un estado que cuidó con esmero las finanzas públicas y con una estrategia de incorporación a los mercados mundiales sobre las premisas de competitividad y respeto a las leyes. Objetivos claros producen resultados tangibles.



Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Octubre 31 del 2003

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