Inquietudes nacionales
Si el gobierno insiste en que la reforma tributaria no tiene nuevos impuestos, ¿a qué se debe la oposición política que amenaza su contenido?
Los objetivos explícitos del proyecto no van en la dirección de crear o aumentar impuestos. Buscan más bien resolver algunas dificultades de manejo presupuestario, de control tributario, racionalización de exoneraciones y clarificación de impuestos ocultos. Esas son las razones de oposición.
El contenido del proyecto continúa en revisión pues existen observaciones de fondo y forma a su contenido. En términos de rentabilidad, es un proyecto de baja incidencia ya que de aprobarse como está rendiría no más de 80 millones de dólares al año (0.4% del PIB). En fin, las reformas pueden resumirse de la siguiente manera:
Hay un conjunto de normas dedicadas a la eliminación de muchas de las preasignaciones presupuestarias e impuestos de valor reducido que benefician a distintas entidades públicas por los más variados motivos y que atan de manos al gobierno nacional a la par que contribuyen a configurar un sistema tributario enredado. La reforma busca mejorar la calidad del gasto incorporando de manera directa el destino específico de estos recursos en el detalle de las partidas presupuestarias a fin de darles seguimiento y exigir resultados. Sólo así se podrá determinar si conviene seguir aportando recursos o si es recomendable suspender el o los proyectos que han recibido por años estos recursos directamente. Es una reforma que busca evidenciar en que se gasta el dinero del Estado y cuales son los objetivos. Con las preasignaciones nadie rinde cuentas y estos gastos se ocultan en un gran concepto denominado transferencias.
Un segundo capítulo busca reducir las exoneraciones tributarias a fin de racionalizar el apoyo del Estado a los sectores que realmente lo necesitan. Por esta vía, los subsidios están ocultos y no es posible cuantificar su incidencia. La inclusión de nuevos conceptos al sistema impositivo general, ayuda a mantener tasas impositivas inferiores para los contribuyentes.
Un tercer campo de reforma se refiere a la incorporación de pequeños empresarios o personas que desarrollen actividades de producción, venta de bienes, artesanía, comercio minorista con niveles de ingreso reducido como contribuyentes activos (RISE). La propuesta promueve convenios con el SRI para pagar valores fijos y pequeños en función de su actividad.
El control de los precios llamados de transferencia que no son otra cosa que aquellos que se fijan entre empresas vinculadas o relacionadas y que normalmente son producto de operaciones de comercio exterior, es otro campo que aborda esta reforma. El objetivo es combatir la sub y sobre facturación.
La determinación del impuesto en los precios de los combustibles, sin cambiar los mismos es otra de las reformas propuestas. Aquí se busca tener muy claro cuanto va al fisco y cuanto es de la empresa o cadena de empresas que producen y comercializan los combustibles. Es un paso hacia la apertura de este mercado.
Hay un conjunto de artículos que se refieren a las relaciones internacionales, especialmente dedicados al endeudamiento y su deducibilidad fiscal.
Finalmente, existen numerosas reformas al código Tributario que buscan fortalecer el papel del SRI en la determinación de tributos, imposición de multas y otro tipo de sanciones. La normativa en este campo es casuística. El cambio del concepto de renta global en función del domicilio en lugar de la fuente es una reforma de fondo de la propuesta.
Es un proyecto largo de más de 150 artículos que amerita una revisión integral para concentrarlo en los temas de prioridad y que además necesita consistencia con los objetivos de la política macroeconómica.
Después de la reunión petrolera que se realizó en Guayaquil el gobierno anunció cambios importantes en la política petrolera. ¿Estos son concretos y viables?
El programa enunciado rebasa no sólo la capacidad de gestión de este gobierno sino que muchos objetivos son incumplibles por la carencia de recursos y la falta de viabilidad económica. Existen evidentes contradicciones entre los propósitos de construir una política petrolera que descanse en convenios con inversionistas privados y la multiplicación de proyectos estatales.
Sin embargo, en el aspecto de recuperar la producción perdida de los campos de Petroecuador se aprecia un cambio de posición del Ministro de Energía. Ahora apoya los contratos de asociación de los campos en explotación como Shushufindi y Lago Agrio en base a la imposibilidad, conocida desde hace años, de disponer de recursos públicos para hacerlo y de la opinión favorable del Procurador del Estado sobre la viabilidad jurídica de usar estos modelos contractuales en estos campos petroleros.
Ojalá la licitación sea exitosa porque siempre existe la duda sobre la participación de empresas de primera línea que conocen de la existencia de una reforma legal que está en trámite en el Congreso precisamente para viabilizar este tipo de contratos. También está pendiente de dilucidarse la posición del país sobre los compromisos con las empresas chinas y la forma como se conducirán las licitaciones. Esto último deja dudas sobre su transparencia y objetividad.
La historia de los conflictos por el precio del banano parecen interminables. ¿En esta oportunidad habrá alguna solución?
Así es. Desde hace algunos años las relaciones entre productores y exportadores se ha convertido en un problema nacional. El Estado interviene en los negocios privados fijando el precio de compra y venta de banano, en especial el de sustentación, que se lo utiliza únicamente durante la época deprimida del mercado.
Ahora nuevamente han aflorado estas discrepancias pues, como lo hemos señalado en varias ocasiones, el problema de fondo que existe en este sector es el exceso de oferta e ineficiencia productiva de una parte de los bananeros. La solución no transita por la emergencia sanitaria, que sólo nos ocasionará más dolores de cabeza dada la estructura de negociación de los principales compradores mundiales, sino por la racionalización del sector, lo que significa reconvertir algunas áreas bananeras en otro tipo de producto agropecuario
El Estado es incapaz de resolver este problema. No dispone de instrumentos para regular las actividades privadas fijando los precios si no tiene en sus manos recursos para adquirir parte de la producción. Esa sería la única manera de sustentar efectivamente los precios mínimos del banano, pero no los tiene ni dispone de infraestructura para asumir el papel de exportador. El país ha sido testigo de innumerables fórmulas para resolver estas tensiones y todas sin excepción han fracasado. ¿Por qué?, por la impertinencia del Estado en asumir una responsabilidad para la que carece de todo. No queremos aceptar que el Ecuador debe producir menos banano y con las mejores prácticas.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Octubre 17 del 2003