Nuevos cimientos empresariales
Entre las tantas caracterizaciones de la economía de mercado, la formulación de normas públicas que apuntalen los principios de un sistema de competencia real y responsable es una tarea permanente. Buena parte del bienestar colectivo depende de la actitud con la cual el Estado asume este papel.
En la columna de hoy me interesa abordar tres aspectos que buscan enraizar un sistema empresarial honesto, eficiente y sólido. Lo vivido los últimos años exige estos replanteos. Hay que acabar con las artimañas.
Empiezo por señalar que dentro de las normas públicas es vital crear todo un capítulo referente a las responsabilidades de los órganos de gobierno de las empresas privadas. Es hora de obligar el funcionamiento de Directorios con responsabilidad en la aprobación de políticas empresariales, en la aprobación de balances, para contrarrestar prácticas que distorsionan la realidad y perjudican a la sociedad. La obligación de mantener un capital pagado no inferior al 50% del patrimonio y la limitación del endeudamiento a dos veces ese patrimonio son otros componentes de un sector empresarial sano y transparente. Deben enterrarse las empresas de papel. El país necesita capitalizarse y todo lo que lo promueva debe constar en el repertorio de decisiones prioritarias. Para eso, la eliminación del impuesto a los aumentos de capital es una necesidad aunque duela a las cámaras de comercio.
De igual manera, la legislación de compañías debe incorporar las normas que obliguen a respetar los acuerdos de accionistas sobre opciones compra y venta preferenciales de acciones, así como crear un marco de protección de los minoritarios.
Un segundo campo de acción está en la famosa ley del Concordato, cuyo objetivo era viabilizar empresas en problemas y que por su mala configuración protege sociedades inescrupulosas, la cual también tiene que modificarse dejando sentado el principio de que el concurso preventivo, que cuida la inversión y el empleo, obliga a los administradores a responder por las decisiones tomadas hasta un año antes de su solicitud y, entrega la administración a un gestor escogido por la junta de acreedores en un marco de cooperación abierta y responsable.
La tercera propuesta camina por la formulación de un mecanismo judicial privado de solución integral de controversias que funcione, paralelo al público, como una opción legítima de protección de los derechos consagrados en un contrato comercial. El Ecuador ha dado ya pasos en este sentido pero le falta completar la configuración de Centros de Arbitraje, al que se acogen de manera libre y voluntaria las partes, dotándolos de las facultades para tomar medidas cautelares y ejecutar sentencias sin la intervención de otras instituciones. Seguramente, para algunos esto suene duro, poco ortodoxo e incluso demasiado agresivo, pero en el fondo y mirando los sustentos de una sociedad en la cual la administración de justicia tiene serias limitaciones, como en su época lo tuvo la universidad estatal, el único camino de solución transita por la formación de instancias que generen competencia, en un ambiente de calidad y seguridad.
Estos tres conceptos ayudarían enormemente a multiplicar un empresariado, que en parte ya existe, sostenido en cimientos de eficiencia y responsabilidad. La sociedad daría señales claras de reinstitucionalización privada.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Octubre 9 del 2003