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Inquietudes nacionales

¿Qué posibilidades existen de una integración estratégica entre Colombia y Ecuador, una vez que es notorio que se debilita el ALCA?


Mas que una integración estratégica, lo que se puede y debe dar es una posición común o por lo menos cercana para avanzar en los distintos frentes de integración. Hay que dilucidar la posición dentro del propio Grupo Andino (CAN). Las discrepancias con Perú, la posición de Bolivia, los problemas de Venezuela, las dificultades del arancel externo común, determinan una situación extremadamente compleja de resolver. Existen muchos temas pendientes que sólo se los pueden enfrentar volviendo a revisar las bases conceptuales de la integración andina. En ese sentido, Colombia cada día es mas cercana a la búsqueda de acuerdos en las premisas que definen las políticas económicas. El Presidente Uribe siente que la integración no avanza, no es sostenible, los esfuerzos no rinden frutos tangibles. Explora acuerdos pero no concreta, mientras tanto avanza en su potencial negociación bilateral con los EEUU. El Ecuador por su parte tiene serias limitaciones por su modelo de dolarización y, en estas circunstancias puede encontrar un aliado en los norteños por la complementariedad de ciertos sectores y la identidad de algunos objetivos.


En las negociaciones con los EEUU, los sectores agropecuario, textil, alimenticio tienen un futuro compartido. Con el MERCOSUR, la unión de los dos países permitiría mejores condiciones de apertura, en especial tomando en cuenta la realidad cambiaria de las partes. El Ecuador no puede abrir sus mercados sin condiciones. Las diferencias, notables por cierto, en las políticas monetaria y cambiaria de manera particular, le obligan a establecer condiciones de reciprocidad en la conducta de los programas económicos de las contrapartes.



Cuáles son las medidas más aconsejables para que en una economía dolarizada la actividad turística sea de calidad y de precios asequibles?


Aunque parezca muy simple, e incluso se lo considere una opinión parcial, el manejo responsable, equilibrado y perseverante del Estado es el mejor ingrediente para la promoción de las más diversas actividades económicas.


Con un Estado bien organizado, que cobre los impuestos a todos los residentes y empresas para gastar con criterio de eficiencia social y no dispendie en actividades secundarias, o subsidie sin ton ni son, se puede conseguir una carga tributaria razonable y solidariamente distribuida. En ese ambiente, los servicios, actualmente en poder de empresas públicas, deben ofrecerse en un marco de competencia y con regulaciones que aseguren precios razonables.


Si conseguimos esto y lo sostenemos por largo tiempo, el país habrá cosechado la mejor política productiva. El sector turístico, como parte de las actividades empresariales no requiere de estímulos especiales y peor permanentes.


¿La aprobación del desembolso por parte del FMI significa que el Ecuador excepcionalmente está cumpliendo con una gran disciplina fiscal?


Si hacemos el análisis en función de la historia de los convenios Stand by, así es. Pocos son los acuerdos que se han cumplido. Precisamente ese es el gran lastre que tiene el Ecuador en su imagen internacional. En el caso actual, uno de los dolores de cabeza mas serios ha sido el rompimiento del compromiso de no subir las remuneraciones públicas que se estableció en el acuerdo original y que fue desatendido en las negociaciones con los profesores. Por eso, ahora le toca al gobierno ver de qué forma reduce los pagos salariales, sin llenar vacantes, constatando la veracidad de la existencia de los servidores públicos con la intervención de la banca mediante la acreditación de los sueldos en las cuentas personales.


Aquel viejo principio de honrar la palabra y cumplir los compromisos ha sido perseverantemente violado por los gobernantes de turno. De ahí la necesidad de crear una corriente nacional que promueva el “respeto a los contratos”. Con esta base restituida a la realidad nacional, muchísimos problemas desaparecerían, e incluso la forma de legislar sería más cuidadosa y responsable.



¿Qué sucederá con el FMI si es que las leyes que ha prometido el gobierno no son aceptadas por un Congreso donde el gobierno no cuenta con ninguna mayoría estable?


Se pondría en peligro la continuidad del convenio Stand by y, con ello se podrían suspender los programas financiados por el BID, el Banco Mundial, la CAF y por los gobiernos de los países desarrollados. Incluso pueden afectarse los programas de cooperación.


Para la aprobación del segundo desembolso fue necesario conseguir trece dispensas (waivers) del Directorio del FMI, referidas a incumplimientos de compromisos adquiridos. Cierto es que algunas no son de responsabilidad del gobierno, como es el caso del retrazo en el estudio del sector de hidrocarburos que fue encargado al Banco Mundial y que no ha actuado con la diligencia debida, y otras son el resultado de una determinación de plazos extremadamente cortos impuestos por ciertos miembros de la misión del FMI; pero en la práctica quien lleva la carga de las explicaciones es el país y, en ese plano se ve muy difícil volver al Directorio con nuevos pedido de dispensa.


El Congreso Nacional debe meditar su responsabilidad en este aspecto. La negativa al proyecto de reforma a la Ley de Carrera administrativa es un balde helado para el Stand by.


¿Es operativo el nuevo organismo de política petrolera integrado por los Ministros de Economía, Energía y el Gerente del Banco Central?


Es un consejo asesor del Presidente en política petrolera. No tiene facultades operativas porque su responsabilidad es definir la política de hidrocarburos y someterla a consideración del Presidente de la República. Se lo puede ver como un enlace y punto de coordinación con las otras políticas económicas. ¿Funcionará? Está por verse, aunque es un avance en la búsqueda de fórmulas de reactivación productiva y definición de normas en este sector.


¿Cuáles son los avances efectivos en materia de control aduanero que se han conseguido implantar en el actual gobierno?


La reforma legal que se encuentra en vigencia permite implantar mas controles a las transacciones de comercio exterior. En el proyecto de modificación de la Ley de Servicio Civil, negado el miércoles pasado, constaban otra vez las disposiciones que no se aceptaron cuando se trató la Ley de Aduanas y que son indispensables para construir una CAE mas responsable, con funcionarios que ejecuten labores honradamente y sepan que su estabilidad depende de su eficiencia, profesionalismo y seriedad, y no de su antigüedad.


Los altos ejecutivos de la CAE no pueden ni deben ser resultado de acuerdos políticos. Si sigue siendo un “botín”, poco se conseguirá. La palabra la tiene el gobierno.



Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Agosto 7 del 2003

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