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Inquietudes nacionales

Existe el peligro de que se produzca una invasión, en gran escala, de productos asiáticos y de los vecinos?



No. Sin embargo, eso no quiere decir que se desconozca la existencia del problema comercial provocado, no sólo con Ecuador sino en la mayoría de los mercados mundiales por los productos de ese origen. Las políticas salariales, los subsidios estatales, la estructura social-productiva, el papel del Estado en los costos de producción, el irrespeto a las marcas y patentes, son algunos de los temas que generan ventajas competitivas al margen de las normas de la OMC.


El país requiere reforzar sus mecanismos de control para combatir la subfacturación y el contrabando. La verificación en origen y destino, que ya es parte de la Ley de Aduanas debe ser encargada a las empresas internacionales y deben ser distintas en cada punto de verificación para asegurar un control efectivo. El requerimiento de la autorización de uso de marcas por los concesionarios autorizados, antes de que ingrese el producto, es otro mecanismo de enfrentamiento a este comercio “no legítimo”.


En lo relativo a los vecinos, el problema específico es con Colombia pues con Perú la relación está sustentada en políticas económicas estables y los resultados son buenos. El caso colombiano es un ejemplo de integración “inestable” por el uso diferenciado del tipo de cambio para generar “ventajas temporales” de comercio. La solución camina abordando el tema de fondo, que es “concertar políticas económicas” de corto plazo. Mientras tanto, las salvaguardias ayudan, aunque no resuelven los desbalances. Dan tiempo a negociar soluciones duraderas.



¿El descenso de la inflación del último mes puede ser interpretado como un índice recesivo de la economía?



No parece ser el caso. El desaceleramiento de la economía no llega a un nivel que nos lleve a determinar que el país atraviesa por una recesión. Adoptar esa opinión sería exagerar la visión de los hechos. Las últimas previsiones de crecimiento determinan un potencial del 3.1% de aumento del PIB en este año. ¿Es eso recesión? Por supuesto, todos quisiéramos crecer a un ritmo superior, especialmente sabiendo que el potencial nacional supera el 6% con holgura, pero que para llegarlo hay que arreglar muchas cosas que son parte de la agenda “permanentemente” incumplida.


El primer trimestre la economía creció en el 2.4% y ese indicador demuestra la desaceleración que se siente en varios campos. Según las cuentas nacionales la inversión sólo creció en el 5.1% en términos anuales frente al 15.1% del último trimestre del 2002, lo explica el resultado. Seguramente la conclusión de las etapas importantes del OCP, ha influido.


Desde el punto de vista de inflación, el resultado es muy bueno. Se escucha con cierta frecuencia que los precios son muy altos en comparación con otros países cercanos, lo cual significa que el dato de junio en lugar de preocuparnos debería ser motivo de satisfacción pues, para recuperar “competitividad” se requiere que los costos, o mejor los precios internos, caigan.


La conducta de los consumidores cuando sienten que los precios rebasan un nivel tolerable debería ser la de no comprar el producto y buscar sustitutos. Si esto se generalizaría, con alguna promoción colectiva, con seguridad se obtendría cambios en los mercados.



¿Cuáles son los principales avances en materia petrolera que se ha alcanzado luego del último conflicto con los sindicatos?



No se visualiza una política definida. Continúan los diagnósticos. Se conocen las ineficiencias. Cae la producción. En fin, mas allá de la aparente reestructuración administrativa de Petroecuador, todavía el panorama es oscuro.



Cuál es la causa política que impida reconocer que el primer gran problema estructural del Ecuador, es el eléctrico?



Se convirtieron en centros de atracción política y con ello se profundizaron las fallas de administración que han terminado en la configuración de un sistema desarticulado, que pierde dinero en grandes cantidades- sólo en pérdidas negras no se cobra mas del 26% de la energía entregada a las distribuidoras-, con una ley que dispone de los incentivos para la inversión en proyectos hidráulicos pero que no se la aplica con rigurosidad, por lo cual se vuelve inoperante.


La pelea por el botín que existe en la administración de las empresas generadoras y de distribución conspira con la rehabilitación de este servicio. En el análisis de las soluciones aflora con insistencia la defensa del “patrimonio” público, pero ese mismo punto de vista omite la pérdida que ocurre por todos los hechos que con frecuencia informa la prensa. Todos los años el Estado le pasa plata a las empresas y, eso no es otra cosa que “pérdida patrimonial crónica”. Los precios de la energía reflejan la ineficiencia del sector. Todos pagamos la política del avestruz.



¿Qué importancia o trascendencia tiene para la reactivación productiva las salvaguardias aplicadas por el Ecuador a la Comunidad Andina?



Es un mecanismo de vigencia temporal que regula el volumen de comercio tomando como referencia los flujos históricos hasta tanto se aborde el tema de fondo que está concentrado en la denominada “salvaguardia cambiaria”, cuya aplicación busca “nivelar” los tipo de cambio y, depende de la propuesta que haga la Secretaría de la CAN, que hasta ahora está morosa en la atención de este pedido ecuatoriano.


Debe decirse que este último mecanismo también no es la opción ideal que se la alcanzaría, perdonen la insistencia pero es un tema vital para los procesos de integración actuales y mas para el Ecuador, con la armonización de las políticas económicas.



¿Será posible que actualmente exista en el gobierno en materia petrolera la ratificación de la política estadista y por otro una línea aperturista sobre las cuales todavía no se deciden el régimen?



Pueden convivir pero sólo bajo ciertas premisas perfectamente definidas. Debe quedar claro qué hace el Estado, cuales son sus responsabilidades y que operaciones transfiere a las actividades privadas. En este último caso, se debe asegurar la existencia de un mercado competitivo, en especial en lo que concierne a la comercialización interna de combustibles y, tener una relación muy clarita con los inversionistas dedicados a la exploración y producción de hidrocarburos.


Petroecuador se debe convertir en un “verdadera” empresa estatal, que realiza convenios con operadores o inversionistas privados y que responde al país con resultados concretos. El Ministerio de Energía debería retomar las funciones de supervisión, control de los contratos petroleros de cualquier naturaleza, incluyendo los relativos a la propia Petroecuador.


Las reglas económicas de la empresa estatal deben garantizase con un estatuto que le permita ejecutar sus planes con responsabilidad, y le obligue a presentar resultados. Como cualquier empresa privada debe someterse a auditores externos y controles societarios oportunos.



¿Qué balance se puede sacar luego del inmenso lío jurídico de los fideicomisos de EMELEC?


Se creó un enredo jurídico para mantener el control de la compañía mientras se desarrollaban negociaciones con el Estado. Si lo resuelto es lo adecuado lo veremos en los próximos días, en especial desde el ángulo jurídico, pues desde el económico lo que hay que ejecutar es la liquidación de cuentas y la valoración de la concesión para ponerla en subasta pública.



Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Julio 23 del 2003

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