Inquietudes nacionales
¿Qué importancia estratégica y qué posibilidades reales puede alcanzar el Ecuador y en general la Comunidad Andina cuando nos corresponda como país ejercer la Presidencia Pro Témpore de la CAN?
Es una representación política que le permite canalizar con cierta ventaja los temas de su interés. La elaboración de la agenda es un privilegio de la Presidencia y eso aglutina a todos los órganos de decisión de la CAN. En la práctica, las posibilidades de cambios importantes son muy limitadas. Las negociaciones mas aprovechables se encuentran alrededor de las desgravaciones arancelarias, las salvaguardias cambiarias.
A pesar de ello, para el Ecuador esta oportunidad le puede permitir introducir un tema vital, cual es el de iniciar el proceso de discusión y negociación sobre las armonizaciones de las políticas fiscales, monetarias, cambiarias y de endeudamiento público como el gran punto de soporte de la integración andina. El Presidente de Colombia ha demostrado predisposición favorable a la incorporación de este tipo de compromisos en el Acuerdo Andino.
Las razones son obvias: No hay ningún caso de integración exitosa en el mundo que no contenga un compromiso fuerte y perfectamente delineado sobre estas políticas instrumentales. Los EEUU, la Comunidad Europea son dos ejemplos de su aplicación.
Para el Ecuador es un tema de supervivencia. Para Colombia es un aspecto de estabilidad, pues su experiencia con los flujos de comercio le han marcado fuertemente. En estos momentos, la relación con Venezuela se ha trastrocado en contra de sus decisiones de inversión tomadas hace pocos años. La política cambiaria peruana, estable en un país dolarizado de facto, ayuda a una relación comercial y de capitales mas previsible.
Si se consiguiera comprometer a los países a que discutan estos temas para hallar un entendimiento, sería una gran noticia especialmente para el Ecuador. Esto requiere de gran visón por parte de todos los países y de una vigorosa presencia política del Ecuador.
Ojalá la cancillería se olvide del tema de la moneda común y fije su mirada en estos campos cuya discusión será compleja y probablemente, de darse, larga.
El otro tema es la concreción de una posición común en las negociaciones del ALCA. Acercar los puntos de vista de Colombia y Ecuador tiene gran importancia pues es posible incluir, entre varios temas, el tratamiento preferencial del ATPDEA con el carácter de permanente en las relaciones con los EEUU, y esa es una ventana de comercio exterior de grandes potencialidades para nuestro país.
¿Cuáles son las grandes fallas en que incurren los administradores del Estado ecuatoriano para administrar y solucionar el problema de conjuntos empresariales como Emelec o Pacifitel? ¿Dónde está la gran debilidad?
No creo que sea exclusivamente un tema vinculado con los administradores, quienes por supuesto deben tener personalidad, preparación y principios morales para dirigir las empresas, sino que abarca la concepción del Estado, su rol en la sociedad, sus responsabilidades.
Mientras se crea que las empresas públicas son parte de un “botín político” y sirven para redimir compromisos o atender a presiones de grupos cercanos, los resultados de la gestión serán los conocidos. Servicios malos con costos altos, operaciones amañadas con pérdidas de fondos públicos. Por supuesto, existen excepciones que demuestran lo contrario. El caso de Andinatel y su administración anterior confirma que cuando hay un equipo humano serio, honesto y responsable si hay cómo rescatar los principios de administración eficiente. En cambio, lo visto en Pacifitel es la reiteración de la perversión política en contra de los intereses colectivos. En EMELEC, el caso involucra además a sectores privados. Y no nos olvidemos de las eléctricas!
El tiempo ha sido un factor conspirador de la institucionalidad pública en una sociedad permisiva y aupante de actos de todo tipo. “Se negocia cualquier cosa” y eso se justifica con argumentos de distinta naturaleza. Los principios están subordinados al “interés” político o la conveniencia del momento.
En ese ambiente, las empresas públicas sucumben. Eso es lo que vemos. De ahí que la solución sea inmunizarles políticamente y se alcanza con administraciones privadas e internacionales que tengan responsabilidad de ofrecer resultados en cobro de los servicios a todos los usuarios, precios competitivos, rentabilidad al Estado.
Hasta el momento no se logran resultados concretos en los niveles de competitividad nacional ni en agresivas estrategias para nuestro comercio exterior. ¿Hasta cuándo podremos aguantar el actual sistema en estas condiciones?
La competitividad no es un tema vinculado exclusivamente con el sistema actual. Lo que sucede es que en este caso se lo ve con mayor rigurosidad, se vuelve nítido y confirma lo que siempre sospechábamos: la estructura productiva no es eficiente y la organización estatal está desvencijada. ¿Acaso este problema se resuelve cambiando el modelo? La calentura no está en las sábanas.
El Ecuador, según la revista Gestión está en el puesto 73 de competitividad, lo cual quiere decir que hay un amplio espacio para mejorar.
Por supuesto, nadie quiere decir o sugerir que la dolarización no tiene limitaciones y grandes desafíos, pero de eso se advirtió a sus promotores con tiempo, algunos de los cuales hoy tienen amnesia. Ahora lo que toca es trabajar para que las inconsistencias se eliminen y como lo hemos dicho algunas veces, la tarea es extensa.
Los resultados de comercio exterior de los cuatro primeros meses de este año son mucho mejores que los del 2002. Las exportaciones privadas han crecido y las importaciones se estancaron. El déficit comercial es un tercio del anterior, de tal forma que la brecha externa es, en términos de flujo de divisas positiva para el país. De ahí que la inquietud de perentoriedad del modelo no tenga asidero.
¿Cómo evaluar la misión que cumple la AGD y los problemas y contradicciones que generan múltiples errores en la publicación de las grandes listas de supuestos deudores?
La tarea es meritoria. Merece respaldo, a la vez que la gestión requiere enmiendas o correctivos oportunos, en especial hacia las personas o empresas injustamente mencionadas en los listados de los juicios coactivos. El país demandaba una acción dura de recuperación de los activos públicos (créditos morosos), y eso se está haciendo.
La AGD tiene además la obligación de restituir el Fondo de Garantía de Depósitos que ha aportado las instituciones financieras privadas y que fue usado en otros propósitos.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Junio 26 del 2003