Una reforma trunca
Uno de los viejos problemas del desarrollo es encontrar los recursos necesarios para resolver el cuello de botella que se produce en la mayoría de las economías emergentes como resultado del desbalance negativo entre las necesidades de inversión y su financiamiento interno. Por eso es indispensable, y se podría decir hasta vital generar políticas promotoras de ahorro, cuyos determinantes, motivaciones e incentivos están directamente vinculados con las expectativas creadas alrededor de la funcionalidad del proceso productivo, la valoración futura del monto acumulado, el respeto a las normas legales, entre los más importantes. La decisión de guardar responde a una visión de futuro halagüeña que ofrece réditos y cubre necesidades. Se sacrifica el consumo actual para impulsar inversión y apalancar riqueza posterior.
El endeudamiento externo, público y privado, la dependencia en la inversión extranjera, las remesas de los emigrantes, los términos de intercambio, son algunos de los mecanismos tradicionales utilizados para cubrir la brecha no atendida por el ahorro interno. De ahí nace la dependencia natural de las sociedades atrasadas en los mercados y economías superavitarias.
Aquí juega un papel relevante la forma como se construye un sistema nacional de pensiones para que sea un aliciente y constituya un incentivo del ahorro. Ya vimos que el modelo de reparto, con pensión mínima garantizada establecido en la primera mitad del siglo pasado no cumplió su objetivo. La idea de que la vejez no sea un tiempo de pobreza (frase que tomo de la revista The Economist) no se la cristalizó. Sin embargo, la nueva ley sigue insistiendo en un modelo que ya fracasó y que en la práctica es una carga tributaria del afiliado y las empresas que desincentiva la generación de empleo formal.
La historia mundial de los sistemas de pensiones es dolorosa. Incluso los fondos privados, creados por corporaciones con cláusulas que aseguran una pensión determinada tienen déficit tan grandes que ponen en riesgo la existencia de las propias empresas. Las lecciones aprendidas en este campo señalan con meridiana claridad que no son recomendables, ni viables los sistemas que aseguran un monto mínimo de pensión si no existe un compromiso estatal firme de cubrir el desbalance financiero que se produce con el tiempo. En algunos países europeos el peso de las pensiones en el presupuesto supera el 14% del PIB (mas de lo que gasta en remuneraciones públicas el Ecuador). De su parte, los modelos de reparto no son un aliciente para el ahorro por su pérdida de identidad personal, ausencia de referentes de acumulación y de derechos de propiedad, monopolización del manejo de los aportes.
La nueva ley de pensiones, cuya aplicación está en suspenso, asegura la existencia de un sistema monopólico de reparto, aunque se diga que contiene normas para crear administradoras privadas y manejar las cuentas de capitalización individual. Las restricciones establecidas son tantas y tan limitativas, que nadie con un poco de sentido financiero y responsabilidad va a tomar el riesgo de crearla.
¿Dónde está el incentivo al ahorro? Se está condenando a las nuevas generaciones a un final igual a la de estos tiempos. Es nuestra obligación enmendar y concluir esta reforma para cumplir el compromiso social y cubrir buena parte de la brecha macroeconómica.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Junio 17 del 2003