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Inquietudes nacionales

Uno de los problemas más difíciles del gobierno es aumentar la productividad de los pozos petroleros. ¿Cómo se puede conseguir este propósito el Estado sin acudir a la inversión extranjera?


La declinación de la producción de los pozos de Petroecuador es el resultado de la falta de recursos fiscales y de la ineficiencia de la empresa estatal. Algo se puede mejorar- y hay que hacerlo- atacando los problemas de la organización empresarial con decisión, pero en una estrategia de largo aliento es difícil prescindir de los aportes privados. No veo como se puede recuperar los niveles de producción anteriores sin una inyección fuerte de capital que Petroecuador no los tiene. Mientras tanto, todos los días el país pierde ingentes montos de dinero al no disponer de producción para venderla en estos momentos tan favorables para los países productores. Acuerdos comerciales de explotación conjunta con inversionistas petroleros puede dar resultados a corto plazo. La infraestructura está construida y se requiere mejorarla. Hay que negociar participaciones en función de la recuperación productiva.


Para la explotación de los campos nuevos, como el ITT, necesariamente la incorporación de inversionistas es conveniente e inevitable. Sin ellos no podemos explotarlos. Ahí los montos son inimaginables y los beneficios nacionales cambiarían las perspectivas de una forma radical.


¿Qué garantía tiene el pueblo ecuatoriano para que el excedente del alto precio del petróleo actual no caiga en un dispendio de la administración central así como tampoco en las preasignaciones que constituyen un fin sin control.


La Ley de Transparencia Fiscal que obliga a acumular esos recursos para utilizarlos en épocas de precios deprimidos, en proyectos de sectores sociales y la reducción de la deuda pública es un instrumento de protección de los intereses públicos. El segundo factor descansa en la seriedad de la administración fiscal, cuyo respeto a la ley permitirá cumplir el propósito de este fondo de estabilización fiscal. El Congreso tiene la palabra sobre las preasignaciones. La Reforma Tributaria comprometida dentro de la Carta de Intención deberá incluir disposiciones para eliminar estas distorsiones fiscales. Finalmente, el país requiere de mecanismos de información oportunos para conocer la evolución de las finanzas públicas, obligar a respetar las leyes o imponer los correctivos que preserven el interés colectivo.


¿Cómo solucionar el problema financiero, político y social de la refinería de Esmeraldas?


La inversión pública que se refleja en esta instalación debe cuidarse, lo cual no significa dejar las cosas como están ahora. El nivel de productividad de la planta es bajo, la continuidad de las operaciones es inestable con mucho desperdicio de producto por las incompatibilidades tecnológicas. Las pérdidas financieras son elevadas y constituyen un orificio enorme para las finanzas públicas.


Con estos hechos, primero se necesita disponer de los resultados de una auditoria integral e inmediata que precise los problemas organizacionales, financieros y tecnológicos, a fin de extraer las soluciones pertinentes. Sin embargo, la política de industrialización y distribución de combustibles debe descansar en principios de competencia a los cuales debe adherirse la Refinería de Esmeraldas, de tal forma que la inversión pública brinde resultados en un ambiente de eficiencia en el cual las fuentes de trabajo dependan de la productividad de los trabajadores.


¿Que aspectos se pueden rescatar de la ley de Aduanas , luego de la cirugía política que hizo el congreso nacional del proyecto ?


Los principios tributarios de generalidad han sido, una vez más, vulnerados. Las normas de control universal también fueron perforadas. La transparencia informativa es discrecional y la supervisión del SRI tiene serias limitaciones.


En la Ley aprobada por el Congreso se profundizaron las normas en las cuales se escudan las operaciones ilícitas, en especial la subfacturación y el contrabando ya que se amplió la exclusión de las verificaciones a los regimenes especiales de importación (internación temporal, depósitos comerciales, zonas francas) y a las mercaderías que acompañen a los viajeros, de tal forma que de acuerdo a lo aprobado no se consiguen los objetivos que se buscaron para eliminar algunas de las causas que atentan contra la vigencia de un sistema aduanero más nítido y que trabaje a favor de las empresas organizadas y honestas que existen en el país.


¿Que relación institucional tienen las FFAA con la CAE para que el presidente les pida a ellos le presenten la terna para nombrar al nuevo gerente de la institución?


Ninguna. Es más, según la normativa actual le corresponde al Directorio de la CAE nombrar al Gerente de la institución de una terna calificada por una firma especializada que debe verificar la idoneidad profesional y moral de los aspirantes a esta función.


¿Que controles deberá ejercer el gobierno para garantizar el buen uso de la concesión de telefonía móvil por parte de Andinatel y Pacifictel?


El más importante es nombrar a personas idóneas en los Directorios y puestos de más alta responsabilidad administrativa. Si son personas, honorables, como se esperaría, el 90% del problema está resuelto. Lo demás viene por añadidura.


Andinatel tiene que encontrar un buen socio tecnológico y con capitales para volver más competitivo al mercado de la telefonía móvil.


¿Se puede pactar como referencia para el reajuste de la tasa de interés de un crédito, una diferente a la indicada por la Autoridad Monetaria, y en este caso pudiera ser la procesada unilateralmente por el banco privado que concede el crédito?


Si se puede, siempre que esta tasa interna de un banco no sea superior a las dispuestas por el Banco Central del Ecuador. Según lo dispuesto en las Regulaciones del Directorio del BCE se pueden estipular tasas de interés reajustables en operaciones activas y pasivas, debiendo hacerse dicho reajuste en períodos iguales y sucesivos no inferiores a 90 días. Las partes deberán pactar un margen que se mantendrá constante durante todo el período de la operación, margen que debe ser expresado en puntos porcentuales o como un porcentaje o coeficiente por encima o por debajo de las tasas Prime o Libor a un plazo determinado, o de una de las tasas referenciales (activa o pasiva) que publica semanalmente el BCE.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Marzo 20 del 2003

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