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Inquietudes nacionales

Existe preocupación en el Congreso Nacional por el inmenso peso presupuestario de la deuda externa. ¿Será posible por parte de los legisladores disminuir ese porcentaje?


El problema no es la deuda externa sino toda la deuda pública. El último dato disponible indica un saldo de 14.000 millones de dólares. Sin embargo, en esta cifra no constan las obligaciones del Estado con el IESS que forman parte del endeudamiento global público y que alcanzan a 5.000 millones de dólares, cuya descomposición es la siguiente: 3.000 millones del déficit actuarial y 2.000 millones de deuda histórica acumulada. De esta forma, la deuda pública llega a 19.000 millones, o lo que es lo mismo representa el 77% del PIB.


Con la corrección de estos rubros sistemáticamente desconocidos, pero que año a año impactan en el Presupuesto del Estado, encontramos que la deuda interna es de 7.775 millones, mientas la externa alcanza a 11.225 millones.


Todos sabemos que este es el reflejo de los desequilibrios fiscales acumulados a lo largo de muchos años. Por eso hemos llegado al nivel de saturación que se evidencia no sólo en el Presupuesto del Estado sino en la balanza de pagos. Sin embargo, cuando se hace el análisis sobre el peso de estas obligaciones en las finanzas públicas hay que tomar en cuenta todos los rubros a través de los cuales se expresa el endeudamiento, tanto en gastos como en ingresos, para no arribar a resultados parciales que exageran el problema. Normalmente la visión apocalíptica lleva a excluir del estudio a los ingresos provenientes de nuevas contrataciones, como si no existieran. Esto ocurre o podría acontecer en dos circunstancias extremas: cuando se maneja mal la economía y se pierde la confianza en el Estado ecuatoriano, o en una crisis internacional que contagie los mercados de los países emergentes Y aún este último caso, si la política económica es robusta y consistente es posible superar el contagio.


Entonces, para no caer en el error de un análisis parcial es indispensable ver el flujo neto de los ingresos por nuevos créditos menos los intereses y las amortizaciones de toda la deuda pública. El resultado nos lleva a determinar cual es la necesidad de la caja fiscal, que para el año 2003 es de 676 millones de dólares o el 13% de los gastos presupuestarios. Si descomponemos los ingredientes de este cálculo tenemos que el monto de intereses alcanza a 906 millones de dólares (17% de los gastos totales del Presupuesto programado para este año). Las amortizaciones de capital, o pagos de deuda llegan a 1.469 millones, mientras los ingresos por desembolsos son de 1.727 millones.


Si abrimos un poco mas el tema encontramos que los pagos por amortización se dividen en 665 millones de deuda interna, 671 millones de externa y 118 millones de obligaciones con las FFAA, en tanto que los ingresos se dividen en 935 millones de deuda interna, y 791 millones de externa que incluye los 540 millones del Programa Stand by con el FMI.


En conclusión, si se piensa reducir el servicio de la deuda se estaría afectando a una variada gama de acreedores, entre los cuales están el IESS, las FFAA, con un efecto estrangulante de las finanzas públicas ocasionado por la suspensión de los desembolsos de nuevos créditos que, con seguridad estarán concentrados en la atención de las áreas sociales. Se podría contra argumentar señalando que el no pago libera recursos, lo cual es cierto, pero simultáneamente cierra toda posibilidad de inversión que genere trabajo, rompe la confianza y provoca una fuga de capitales que destroza la economía y con ello profundiza la inequidad. Eso precisamente se hizo en Agosto de 1999 y los daños fueron terribles. Quienes apoyan esta idea parecen Alzheimerianos. A la deuda hay que reducirla creciendo sanamente y buscando mecanismos de recompra o conversión que aprovechen las ventajas del mercado. Los recursos liberados deben destinarse a lo social, que en el 2003 tienen asignaciones por 1.916 millones de dólares (37% de los gastos).


Una vez que subieron drásticamente los combustibles ¿qué otra dura medida podrá exigir el FMI para concertar el Acuerdo que necesita el Ecuador.


Es evidente que las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos han mejorado considerablemente. En caso de que no se llegue a un frente regional de negociación para el ALCA, podrá el Ecuador sacar ventajas comparativas de esta nueva perspectiva bilateral?


LaDe la frustrada negociación bilateral es la opción que menos le conviene al Ecuador. Buscar una posición conjunta con los otros países de la Comunidad Andina ha sido la estrategia escogida para fortalecerseptiembre pasado hay algunos temas pendientes: Regularizar las negociaciones con los EEUU. Las razones son evidentes. El problema es armonizar los conceptos al interiorrelaciones con el Club de París, lo que significa discriminar los andinosatrasos en dos categorías: aquellos que no pueden refinanciarse porque ya lo fueron o tienen alguna restricción especial y el tema mas candente es el arancel Externo Común. Aquí Colombia quiere concluir la negociación antes, los que si son sujetos de iniciar la correspondiente con los EEUU, y eso implica incorporar el 35% de las partidas que actualmente no están dentro del arancel externo común, sobre las cuales hay discrepancias difíciles de superar.reestructuración. El país tiene que pagar los que corresponden a la primera categoría, caso contrario no hay posibilidad de llevar el convenio a conocimiento del Directorio del FMI.

Si esto ocurre, Colombia va a marchar sola y el Ecuador tendrá que hacerlo igual. El CAN enfrentará una crisis y ahí el campo de mayor dificultad en las conversaciones con los EEUU va a ser el agropecuario. Con esto no se quiere desconocer el peso de los otros rubros vinculados con el ALCA, ni las condicionalidades externas al campo económico como es el caso de la seguridad en la frontera norte y el Plan Colombia.




Otro punto es la venta de las acciones del Banco del Pacífico, para lo cual se requiere avanzar en la etapa de preparar las bases de una subasta pública internacional.


El Gobierno aún no presenta su proyecto económico porque ha privilegiado el Acuerdo con el F.M.I. y el viaje a Estados Unidos ¿Serán tan urgente estos proyectos para la financiación presupuestaria?



No, porque en la Proforma presentada no existen rubros provenientes de decisiones futuras. La reforma aduanera y tributaria anunciadas originalmente no si visualizan en los datos presupuestados del 2003.


La liquidación de Filanbanco y el cobro de los créditos, incluyendo los de los bancos de la AGD también es parte de la condicionalidad que seguramente forma parte del paquete con el FMI. Ojalá este aspecto tenga una solución final que asegure la defensa de los intereses de la sociedad.


El precio del tanque de gas ha sido la piedra de toque y es difícil saber si su tratamiento futuro forma parte de la matriz de política económica. El tiempo lo dirá. Esto y la apertura del mercado de combustibles a un sistema de competencia es una reforma que está pendiente.


Por los principales voceros de Colombia y entidades de ese país se ha hecho conocer un sostenido interés por desarrollar inversiones en el Ecuador para futuras exportaciones a ese mismo país ¿Será posible desarrollar este tipo de alianzas económicas en el corto plazo?


Eso va a depender de la forma como concluyan las negociaciones sobre el arancel externo común, la aplicación del Plan Vallejo en Colombia y la armonización de políticas económicas. Con Colombia hay posibilidad de llevar adelante negocios complementarios que aprovechen los mercados internacionales, pero eso depende de la viabilidad del CAN en sus negociaciones pendientes.

El fortalecimiento del Fondo de Liquidez del sistema financiero es otro aspecto estructural del programa con el FMI. La unificación con el encaje bancario, la cámara de compensación, la utilización de líneas internacionales de contingencia ayudarían a crear una “red de seguridad” que sustituya la carencia de prestamista de última instancia.


¿Si se logra el equilibrio fiscal con el Plan de Ajuste del Gobierno Nacional estarán dadas las condiciones para promover flujos de inversión en el Ecuador


Eso se consigue con perseverancia y consistencia de la política económica y no con las medidas iniciales. El grave problema del Ecuador es que los gobiernos empiezan rectificando los malos pasos dados por sus antecesores, pero sucumben ante las presiones políticas con decisiones que les llevan a descomponer sus programas iniciales. La historia de los últimos quince años confirma la estacionalidad de los programas y su vínculo con el ciclo político.


Precisamente por eso es necesario ampliar el plazo de vigencia del convenio con el FMI. Nos ayuda a mantener una línea consistente de las políticas fiscal, monetaria, social. Evita el estrés anual de nuevas negociaciones y permite obtener más recursos de los multilaterales para los programas sociales, que en definitiva es el objetivo último de la gestión pública. Si el país concreta un programa a dos, o mejor aún a tres años la visión de todos los actores económicos y sociales será mas clara y las decisiones de inversión podrían multiplicar oportunidades de trabajo más estables y remunerativas.


Por supuesto, un plan de esta naturaleza involucra acciones en los distintos campos de mejoramiento de la eficiencia del sector público. Impulsa concesiones de actividades que no las puede atender el Estado y coloca a la balanza de pagos en una posición mas predecible.


Nadie ha podido rebatir el principio de que un manejo consistente de la política económica que lleve a una estabilidad de sus indicadores es una condición necesaria, aunque no suficiente, para conseguir mejoras en los indicadores de equidad.


Si queremos tener inversión para a través de ella crear empleo, hay que respetar los contratos y eso sólo es posible en un ambiente de orden político y económico.


¿Acaso la suma de una economía dolarizada más el fuerte aumento de los combustibles afectará a la productividad y competitividad de nuestro sector industrial?


Si claro. Ese es el costo que pagamos por el mal manejo fiscal. Lamentablemente pocos estuvimos en la línea de pedir rectificaciones al gobierno saliente. El país encuentra enormes dificultades para discernir las consecuencias de las acciones políticas. Por ejemplo reclama el mejoramiento de las remuneraciones de los servidores públicos, que es necesario hacerlo para tener una organización mas profesional y honesta, pero a renglón seguido se opone a asumir los costos involucrados. Se llenan los espacios de los noticieros con los reclamos de los huelguistas, pero no se defiende los principios constitucionales y los derechos de los demás que castigan estos hechos.


El mejoramiento de la productividad es una responsabilidad compartida del Estado y las empresas. Al primero le compete ofrecer servicios básicos en las mejores condiciones de precio y calidad. Apoyar a las empresas con negociaciones internacionales que les permita entrar en nuevos mercados. Manejar bien la economía, promover la inversión en el capital humano, mientras a las empresas les compete ser eficientes, buscar nuevos productos y mejores sistemas de producción. El asistencialismo que solicitan algunos, o los subsidios encubiertos que propugnan otros, no resuelven nada.


¿Cuál es el fundamento técnico o lógico para que el gobierno proponga la creación de una nueva función del Estado centralizada para los efectos de control que ahora lo ejercen varias entidades?


No lo conozco. Me imagino que lo que se busca es fortalecer y coordinar de mejor manera la gestión de control del manejo de los recursos públicos para hacer mas efectiva la lucha contra la corrupción.


No tengo ningún antecedente de aplicación de este modelo en otros países. En principio me luce complejo colocar bajo la responsabilidad de una sola institución toda esta voluminosa responsabilidad, que además está diseminada en campos de alta especialización. Tanto poder de supervisión concentrado puede derivar en abusos, chantaje y la utilización política de sus atribuciones para fines impenitentes.


El mejorar la coordinación interinstitucional si es una necesidad para complementar los campos de control. Lo que si parece conveniente es unificar la supervisión de las instituciones que manejan dinero del público en una sola superintendencia, que sería la de bancos.


También es indispensable fortalecer los controles contra la corrupción privada, en particular en el aspecto de enfrentamiento a las evasiones tributarias, dentro de los cuales el problema aduanero resalta nítidamente.



Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Febrero 666Enero 24 del 2003

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