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Inquietudes nacionales

Durante el presente gobierno han existido dificultades para conocer las cifras presupuestarias oficiales. ¿Qué garantías se deberán otorgar para que el equipo económico del nuevo gobierno conozca la realidad y efectivamente lidere los términos de la próxima pro forma presupuestaria?


La primera y mas importante es la buena fe de las autoridades en proporcionar todos los datos relativos a las finanzas públicas, particularmente aquellos compromisos de gastos que corresponden a ejercicios futuros, rentas pignoradas, obligaciones no atendidas, en fin todo aquello que no se ve en el detalle presupuestario pero que aparece como producto de acuerdos políticos o soluciones tomadas al margen de una buena gestión fiscal.


Esas sorpresas son dolorosas. La historia está llena de casos, algunos patéticos, y sino pregúntenle al actual Ministro de Economía que necesitó de la ayuda de los expertos internacionales para cuantificar las gastos ocultos de su propio gobierno. Hasta ahora no se cierra el Presupuesto del 2001.


Últimamente las NNUU cumplen un papel crítico en este campo al coordinar el Observatorio de la Política Fiscal, compuesto por ciudadanos de diversa profesión, extracción social y regional, que se reúnen metódicamente desde hace aproximadamente unos 30 días con el propósito de facilitar la elaboración de los lineamientos de las finanzas públicas, monitorearlos y evaluar dicha gestión.


Este cuerpo colegiado, que ya existe en otros países, cumple también el papel de auditor al evaluar la transparencia de la información proporcionada por las autoridades. En ese sentido esta transición política es la primera en someterse a un escrutinio mas abierto por parte de la sociedad civil, que con su aporte ayuda al nuevo gobierno a contar con información razonablemente mas sustentada.


La rendición de cuentas es una obligación constitucional que encuentra enorme resistencia en ciertos ejecutivos de turno. Es un problema de muchos países de América Latina que llevó a los organismos mundiales y a las NNUU a desarrollar mecanismos que impulsen su cumplimiento. Así nacieron los Observatorios Ciudadanos. Los que ejercen el poder saben que hay una instancia civil independiente que le pone el ojo a sus decisiones y que está lista a comunicar al país. Ese sólo hecho desestimula actos reñidos con la ética y la moral, o decisiones contrarias al buen manejo económico


Por supuesto, si existe intención deliberada de engañar todavía es posible hacerlo, aunque debe reconocerse una dificultad mayor.


De otra parte, la disposición constitucional de comprometer al gobierno entrante con la presentación del Presupuesto del 2003 le lleva a responsabilizarse de las cifras contenidas en él y le obliga a trabajar intensamente en este período de convivencia con el saliente.


El veto total a la ley de antimonopolio no es contradictorio con la participación del gobierno, a través de varias Secretarías de Estado, en la discusión del proyecto. ¿Cuál es el fundamento del Gobierno y del Vicepresidente para la actitud asumida?


El veto total se basa en la defensa de la garantía constitucional de libertad de empresa, siendo la competencia uno de los elementos que integra este derecho y cuya delimitación debe ser compatible con el “contenido esencial” de este concepto. En el oficio del Presidente no hay ninguna referencia específica o comentario expreso al contenido de la Ley. La argumentación es conceptual.

La ley se basa en el proyecto presentado por la Diputada González, que es el tercero de este género, pues el primero correspondió a una iniciativa del Ejecutivo que no fue tramitado por el Congreso Nacional, en cuyo caso se podía aplicar las disposiciones del Artículo 149 de la Constitución Política que faculta al Presidente de la República a participar en el debate de los proyectos presentados bajo su iniciativa.


Talvez esto explica aunque no justifica la descordinada participación gubernamental en la discusión de esta ley, aunque por los antecedentes se habría esperado una postura más dinámica y coherente.


La ley contiene 65 artículos, de los cuales únicamente 12 se refieren a su ámbito de acción. Los restantes están dedicados al Consejo Ecuatoriano de la Competencia. La redacción de las disposiciones de fondo es confusa, enredada. Es una ley que le faltó precisión y profundidad. Lo lamentable es que el Gobierno no propuso textos alternativos que allanen las observaciones mediante un veto parcial con lo cual el Ecuador habría dispuesto de un instrumento de regulación de la competencia.


Señale usted los tres principales aspectos económicos que deberá asumir el nuevo gobierno a partir del 15 de enero del 2003.


El tema central es reconstruir la institucionalidad pública para asegurar la vigencia de un Estado vigoroso que combata la corrupción, asegure la aplicabilidad y vigencia de la ley y las políticas públicas, defina su rol dentro de la sociedad, fije sus obligaciones, señale los principios de manejo de una política fiscal financiera y socialmente equilibrada.


Desde hace mucho tiempo se ha soslayado este tema de la agenda nacional. El denominador común de los programas económicos de los distintos gobiernos ha sido la descomposición de las finanzas públicas en la etapa final de los mandatos constitucionales. Le a tocado al Gobierno entrante recibir una situación comprometida en un ambiente de deterioro institucional creciente.


Si se logra adoptar una política responsable, nítida, sobre todo esta compleja organización pública que abarca un vasto espectro de temas, se habrá dado un paso decisivo en la solución de otros problemas, que en cierta medida responden a esta realidad anárquica y descompuesta.

La competitividad y la creación de los Fondos de Estabilización completan el espectro básico de acción inicial.


¿Existirá condiciones nacionales internacionales para que en el lapso que falta hasta la culminación del período, se pueda lograr un acuerdo con el FMI?.


La invitación del Presidente Bush es una oportunidad conveniente para incluir este tema en las conversaciones, con el pedido de su apoyo en los Directorios de los multilaterales para que aceleren los procesos de aprobación y flexibilicen las condicionalidades. Conjuntamente con el tema de la seguridad nacional de aquí se desprenderá la forma de conducir la economía nacional y el grado de compromiso que podría adquirir los EEUU a favor de los distintos proyectos nacionales. El interrogante que queda por despejarse es la disposición a tomar las medidas de ajuste pertinentes o si se piensa que lo va hacer el actual.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Noviembre 29 del 2002

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