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Energía: Servicio y Negocio

El último gran proyecto eléctrico del Ecuador fue el de Paute. Han transcurrido 20 años del inicio de esta gran obra, período en el cual el Banco Mundial y el BID contribuyeron con su desatención a la pérdida de vitalidad de este sector. El Gobierno por su parte, sin recursos y con dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones externas contraídas con la banca internacional, sólo pudo arañar soluciones temporales de alto costo mediante contratos de generación térmica que encarecieron a este servicio.


En los últimos 10 años la legislación del sector eléctrico sufrió cambios profundos hacia la configuración de un esquema que vuelva rentable a este servicio, preservando un marco de competitividad que permita llevar las tarifas a niveles más bajos pero que sean simultáneamente atractivas para el inversionista. La discusión fue intensa, llena de episodios de alto contenido ideológico. Participaron todos los representantes del quehacer nacional. Se la hizo así precisamente para conseguir consensos que faciliten la ejecución de los proyectos de redinamización eléctrica.


Lamentablemente la transición ha tropezado con incomprensiones e inconsistencias en las decisiones tomadas por el propio Gobierno Nacional, que no entendió la importancia de respetar los principios de un mercado que busca seguridad y consistencia en la política pública, y que le asigna al Estado el papel de regulador y defensor de un sistema de competencia.


El sector privado poco ha hecho en inversiones de generación hidroeléctrica. La verdad es que los incentivos públicos del momento están construidos en dirección opuesta al interés colectivo. Se acomodó a proyectos coyunturales que ofrecían márgenes jugosos y que contaban con la garantía del Estado. La política pública buscó soluciones de corto plazo y se olvidó de llevar adelante una estrategia que resuelva el problema estructural provocado por 20 años de carencia de inversión trascendental en este sector. El mal llamado costo político de la coyuntura prevaleció frente al costo real de la sociedad. El primero se ve y eso asusta al gobernante, mientras el segundo es mas caro y se paga en un ambiente de responsabilidad diluída.


La solución a este cuello de botella que empieza a constreñir la capacidad de desarrollo del país, no es otra que la promoción de la inversión privada dentro de un marco jurídico, que ya existe y que se requiere aplicarlo para asegurar una rentabilidad razonable y atractiva. El Estado no tiene dinero y a rebasado su capacidad de endeudamiento, por lo cual su rol debería ser el de un activo promotor para que grupos especializados arriesguen, bajo condiciones previamente calculadas, sus recursos en el país.


En el futuro, el ALCA puede ser un paraguas de protección a la inversión energética, pero el tiempo apremia y ahora debería buscarse otra figura jurídica diferente a la venta de acciones que tanto ataque ha recibido, por otra económicamente similar que permita relanzar la modernización de este sector.


La CAF puede ser un instrumento estratégico en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos pequeños no sólo por el aporte de sus recursos sino por la condicionalidad que aseguraría la aplicación de una política tarifaria consistente con el riesgo o, la transferencia de la obligación, con ciertos recargos onerosos al Gobierno Nacional, en caso de incumplimiento. El mercado de capitales del Ecuador, aunque pequeño en el momento actual, puede profundizar su capacidad de intermediación en proyectos con participación multilateral.


Para los grandes proyectos, el papel de los grupos internacionales es insustituible. Aquí los multilaterales ayudarían a crear un marco de protección jurídico-económica en el cumplimiento de los términos convenidos entre los inversionistas y el estado ecuatoriano.



Colaboración Revista Energética

6 de noviembre 2002

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