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Inquietudes nacionales

¿Es verdad, como sostienen algunas Cámaras de la Producción, que el Ecuador ha perdido ventajas arancelarias en el marco de la Comunidad Andina, luego del encuentro presidencial de Santa Cruz, Bolivia?


Por fortuna todavía no, pero el riesgo puede volverse real si se insiste en la eliminación de la tarifa del 15% que aglutina 1.200 partidas de productos de importación, de un universo de 6.000, que corresponden fundamentalmente a productos intermedios.


El origen de este problema es la decisión Presidencial del Consejo Andino de Naciones celebrada en enero pasado, que recogió la sugerencia de la Secretaría General del CAN de reducir las dispersiones arancelarias para aproximar el Arancel Externo Común a un sistema más plano.


Para el Ecuador esta es una decisión inoportuna e inconveniente ya que no forma parte de un programa integral de política económica dentro del CAN que comprometa a todos los países a mantener políticas cambiarias coordinadas y sometidas a principios comunes. Mientras ello no ocurra, cualquier compromiso internacional del Ecuador que desproteja sus actividades económicas sin un análisis de competitividad previo y sin una condicionalidad comunitaria de mantener armonías en las políticas comerciales, solo ocasionará pérdidas en la inversión y el empleo nacionales.


Como lo hemos sostenido desde hace algún tiempo, nuestro país no puede someter a las actividades productivas a un régimen de competencia para el cual no está preparado ni dispone de los instrumentos de regulación económica. Con la dolarización, el Ecuador renunció a la política cambiaria, mientras sus vecinos hacen uso de ella de la forma que creen conveniente para la defensa de sus intereses.


Por estas razones, el país no debería modificar los compromisos ya adquiridos si eso reduce los actuales niveles de protección hasta no tener clara la receptividad y afán de comprometer a las políticas cambiaria, monetaria y fiscal, por parte de los otros países miembros del CAN a un régimen común. Incluso, el país debería estar listo para revisar estos acuerdos si se ven resultados contrarios a los deseados y negociados por el uso de las políticas de cambio. El principio de reciprocidad y trato equitativo es consustancial en estos acuerdos.


¿Existe alguna obligación legal para que el gobierno central informe a los organismos de control, al congreso nacional y al pueblo en general sobre las cuentas relacionadas con la ejecución presupuestaria anual?


En la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal existe un capítulo referente a los Sistema de Información y Difusión que están obligados a cumplir el Gobierno Central, los Organismos Regionales y las Empresas Públicas. Estas disposiciones pretenden transparentar el manejo de los recursos públicos y obligan a rendir cuentas al país. Se busca dar información oportuna y completa de lo que ocurre en las actividades públicas.


El Art. 40 de esta Ley determina la obligación que tiene el Ministro de Economía de presentar al Presidente de la República y al Congreso Nacional, durante los 45 días siguientes a cada trimestre, un Informe detallado de la ejecución del Presupuesto General del Estado con los correspondientes estados financieros y anexos en detalle.


En el Art. 4-A de la Ley de Presupuesto del sector público consta también la obligación del Ministerio de Economía de presentar al Congreso Nacional un informe semestral sobre la ejecución presupuestaria, por provincias y sectores, detallando mes a mes los egresos efectuados, los ingresos recibidos y el nivel de endeudamiento. Esta disposición es concordante con lo dispuesto en el último inciso del Art. 259 de la Constitución Política del Ecuador.


Las empresas públicas deben publicar sus estados financieros debidamente auditados, utilizando los mismos requisitos que se exigen a las compañías anónimas. Hasta ahora, salvo algún caso particular, no se ha visto el cumplimiento de este norma. Los organismos seccionales y autónomos deben establecer sus propios sistemas de información. En este caso la disposición está abierta y no existe una obligación precisa que demande su atención.


En el evento de que no existiese un acuerdo con el FMI, ¿cuáles serían los efectos inmediatos para el presente año y el inicio del próximo gobierno?.


El mensaje a las comunidades nacional e internacional sería contrario al interés de mantener una percepción positiva sobre la viabilidad del programa económico. Las secuelas crearían distorsiones en los indicadores que miden la conducta de los agentes que hacen el diario vivir del país, aparecerían las dudas y resquemores que contagiarían negativamente a las decisiones de invertir y crear empleo. El país puede desestabilizarse. La situación presupuestal pública comprometería recursos del próximo período pues no recibiría aproximadamente 280 millones de dólares de fuentes internacionales. Por esto y muchas cosas más, es vital tener un acuerdo con el FMI durante esta transición política que asegure la continuidad de la estrategia económica, otorgue al nuevo gobierno un inicio en términos razonables y mantenga las actividades nacionales trabajando con normalidad.



A pesar del buen precio del petróleo y de los buenos ingresos tributarios, ¿cuál sería la razón para que las cuentas gubernamentales se encuentren excesivamente bajas en el Banco Central?


La suspensión de los desembolsos de los Organismos Multilaterales, con excepción de la CAF que ha mantenido una posición activa, y el aumento de los gastos corrientes.


¿Cuáles deberán ser los temas prioritarios de la agenda del gobierno que se inicia el 15 de enero del 2003?


Profundizar la confianza en el manejo económico cuidando la coherencia y consistencia del plan económico a fin de atraer recursos al país que ayuden a cubrir las necesidades de diverso orden. Dar muestras de respeto a los principios jurídicos que adornan a las sociedades que tienen seguridad en este campo. Impulsar las reformas estructurales que sostengan la dolarización en tiempos malos. Reformar la estructura del Estado para tener servicios eficientes a precios adecuados y coberturas en los campos sociales que aseguren mayor equidad.


Colaboración

Diario EL COMERCIO

Junio 20 del 2002

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