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Debemos insistir

El papel del Estado en la sociedad es el tema que ocasiona mayores dolores de cabeza. Cada vez que se discute una decisión sobre los cambios en las responsabilidades públicas, se levanta el avispero. No hay claridad en los objetivos nacionales. Se apuesta a la consolidación de una economía de mercado, para lo cual todos los gobiernos democráticos pusieron su grano de arena, pero cuando se trata de aspectos que tienen cola política inmediata, afloran las contradicciones. Prevalecen los temas del momento con parches que pronto hacen agua. No se piensa en las soluciones de fondo. Los problemas del bienestar colectivo, sostenible en el tiempo, se mantienen en la agenda del olvido.


Por eso, cuando se trata de liberar recursos públicos que están atrapados en responsabilidades de menor prioridad, arde Troya. Pobre de aquel que ose en proponer la venta de una empresa pública. Peor si pretende eliminar beneficios que no responden a ninguna estrategia de protección de los pobres. Si no vean lo que pasa con las tarifas eléctricas. Todos los consumidores, sean blancos, indios, mestizos o negros, serranos o costeños, ricos o pobres tienen derecho a un subsidio por los primeros 300 o 400 kilovatios que consumen de luz. ¿Quién entiende esto?. Nadie. El perdedor es el Estado, y con él todos, aunque particularmente los mas afectados son los pobres, pues se esquilma recursos públicos al favorecer a los estratos que pueden y deben pagar el costo total de los servicios públicos.


Lo que pasó con EMELEC confirma una vez mas la tesis de que en el Ecuador las reformas estructurales todavía no son comprendidas dentro de un plan que privilegie el uso de los fondos públicos en las tareas básicas de lucha contra la pobreza. Por supuesto, lo dicho no avaliza el proceso que fracasó y que demandó, como todo hecho público, transparencia y consistencia. Aquí se ve el daño que produjo el cambio de la política de tarifas en el patrimonio público y en la imagen del país. ¿Ahora quien va a pagar los 118 millones que se debe por los activos?. ¿De donde saldrá ese dinero?. ¡Acaso mas carga fiscal!. Sin embargo, habría una salida: cómo la Politécnica del Litoral sostiene la tesis de que EMELEC vale mucho mas, el Gobierno debería reemprender en una nueva subasta bajo la dirección de esa entidad para que obtengamos el beneficio de su trabajo. De esta forma tiene la oportunidad de ejecutar su propuesta y el país cristaliza la política de promover opiniones y soluciones con responsabilidad compartida.


Igual ocurrió con el IESS. La nueva ley no sirve. Se estableció una obligación adicional del Presupuesto del Estado por mas de 2.500 millones de dólares que deberá cubrirse con mas aportaciones o con mas impuestos. Las próximas generaciones ya saben que no deben esperar nada del IESS. Todo lo que paguen tiene las características de un impuesto que, además de reducir el salario impide la creación de nuevos puestos de trabajo al condenar al trabajador hasta el último día de vida. Pero, no sólo eso, sino que se pierde la posibilidad de crear un verdadero fondo de ahorro nacional que impulse la inversión de largo plazo y restituya las fuentes de financiamiento de vivienda nacional. La decisión del Gobierno de retomar el tema es una ventana de esperanza que ojalá se cristalice.


Colaboración Editorial

Diario EL COMERCIO

Mayo 30 del 2002

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