Inquietudes nacionales

Ecuador vive una crisis en su sistema carcelario y los poderes del Estado buscan salidas a ese problema. ¿Cómo impacta esta situación en el desempeño económico del país?


Es una evidencia que no requiere un análisis profundo para entenderla. La seguridad es uno de los mas importantes temas que marcan la vida de una sociedad y sus potencialidades. Obviamente, la dimensión de la ruptura de la armonia va a determinar el potencial tamaño del efecto.


Lo que se aprecia hasta el momento es un mundo subterráneo muy violento, contaminado por el narcotráfico que no repara en acciones de una agresividad desconocida en el país, pero aparentemente circunscrito al ambito carcelario y del micro tráfico. Ahí se ve que impera una lucha despiadada por el control de esas actividades y el cumplimiento de las obligaciones que nacen del comercio de sus productos.


El Estado ha sido superado por estas organizaciones delictivas y lo han conseguido a lo largo de muchos años por la falta de interés político (o convivencia) en poner freno a esta lacra. El temor es que esta violencia se amplie a otros ámbitos como lo advierten algunos informes de inteligencia militar y policial, en cuyo caso, el daño tendrá un espectro superior.

La potencial contaminación de esta pústula a zonas de convivencia general, confinará alguna movilidad, impondrá mayores costos de seguridad y deteriorará en general algunas actividades.


Para el gobierno las necesidades financieras serán mayores para cubrir gasto específicos así como para el control eficiente con personal experimentado y posiblemente hasta de origen internacional.

El Gobierno desarrolló esta semana un foro internacional para atraer inversiones extranjeras. ¿Qué tan viable es captar esos recursos, si en el país se siguen debatiendo reformas tributarias que inciden en cualquier planificación empresarial de largo plazo?


Lo había anunciado hace algunas semanas y el propósito es evidente: demostrar un afán de compartir el manejo de ciertas empresas, proyectos y actividades con grupos privados internacionales a fin de atender cuatro frentes: disponer de recursos frescos que apoyen la cobertura del déficit fiscal, resolver el problema operativo por su incapacidad de manejarlos con eficiencia, ofrecer mejores productos para finalmente tener la posibilidad de reducir los precios en favor de los consumidores.


Las Alianzas Público Privadas (APP) se explican y justifican por esos cuatro objetivos. Gana el gobierno, ganan los consumidores y ganan los inversionistas. Ahora bien, el éxito va a depender de la seriedad que sientan los potenciales inversionistas en la palabra del gobierno, de la funcionalidad de las instituciones, del respeto a los contratos y del atractivo económico. Las reglas de juego deberán marcar una cancha transparente que asegure la limpieza de los procedimientos y la gobernanza de un sistema de competencia.


El portafolio que ofrece el gobierno es grande. Hay una amplia gama de opciones, sectores y bàsicamente todas se someten a las limitaciones fijadas en la Constitución y las leyes. De ahí que, en la mayoría de los casos la figura de las APP sean las que ya se utilizaron desde Correa, aunque ahora se lo hace de una manera pública.


De otro lado existe el mensaje de una realineación conceptual del gobierno hacia la concentración de sus responsabilidades en la atención de los sectores sociales, liberando recursos que se los desvía hacia estas finalidades.


¿Tendrá éxito el gobierno? Sólo el tiempo lo determinará. No es una tarea que se la consigue en pocos días. Hay mucho camino por recorrer y debe estar claro que el código de ética es el marco que debe rodear todas las decisiones.

En el tratamiento de la reforma tributaria se plantearon algunos cambios en la propuesta original del Gobierno. Sin embargo, los empresarios consideran injusto que nuevamente se cargue el peso de las contribuciones especiales a ellos. ¿Quién debe pagar la factura de la difícil situación económica agravada por la pandemia?


A nadie le gusta verse con más imposiciones tributarias, pero antes de expresar su punto de vista debe analizar la lógica y consistencia del planteamiento del gobierno. Los hechos están a la vista de todos. Se sabe que la crisis viene de hace buen tiempo.

Es producto del abuso estatal y del rompimiento de la línea de gestiòn responsable. Además, la pandemia hizo lo suyo y el daño agravado requiere de la contribución de algunos. ¿De quienes? De aquellos que pueden hacerlo y tienen una obligación solidaria.


Claro, si la vision se sustenta en la historia de la conducta de los entes públicos, es obvio que exista resistencia y eso es comprensible. Pero, con ello no se resuelve el problema e incluso quienes más tienen que perder son precisamente a quienes se les pide esta colaboración. Entonces, si no lo hacen por solidaridad deben hacerlo por conveniencia.


No faltan aquellos que piden más austeridad y hay espacio para ello, aunque la forma de hacerlo, en estos momentos no parece viable mientras no se vaya desarmando de forma ordenada y controlada todo ese complejo andamiaje creado en más e 10 años. Hacerlo abruptamente podría llevar a un resultado que no gustaría por la desestabilización que ocasionaría. Esta es una tarea de inteligencia y no de fuerza.


Y basta mirar los datos fiscales para comprender que el ajuste se lo viene ejecutando sostenidamente, con las dificultades propias de su aplicación. ¿Acaso el FMI apoyaría al Ecuador si no viera ese esfuerzo?. Además, la lucha contra la evasión debe escalar en el nivel de prioridad de la gestiòn del gobierno. Hay demasiados sapos y vivos. Finalmente, el Estado debe asegurar el cumplimiento de su palabra y cerrar esta brecha en plazo perentorio.

Colaboración

Diario El Comercio

20 /11/2021