Inquietudes nacionales

El Gobierno ha ofrecido pagar a sus proveedores atrasados con bonos del Estado. ¿Es fácil transarlos para convertirlos en dinero?

Ese es el camino de solución que ofrece el gobierno. No es un mecanismo u opción nueva pues ya lo han hecho en ocasiones anteriores y los acreedores nacionales en aquellas épocas no tan lejanas, debieron aceptarlo pues no hay (no había) o no se ve (no se veía) otra posibilidad de que esas obligaciones vencidas puedan ser cubiertas.

Por eso, en la normativa legal vigente se determina que: A.- El gobierno puede emitir bonos hasta el 3% del PIB (3 000 millones de dólares) para cubrir atrasos de presupuestos clausurados, devolución del IVA, pago de laudos. B.- No existe cupo o límite para lo que en la jerga fiscal se conoce como “pago-inversión” de los atrasos (lo llaman pendientes) del año en curso. C.- Finalmente, los gobiernos también usan (usaron) este mecanismo como una fórmula de “refinanciamiento” de las amortizaciones de la deuda interna.

¿Hay mercado para ellos? No siempre. Depende de las condiciones financieras y de la liquidez o apetito que exista en el mercado para asumir ese riesgo. Normalmente se transan con descuento. También se los usan para cancelar las acreencias que tienen esos proveedores con distintas instituciones, principalmente privadas, por lo cual las características con las cuales salen a circular no deben tener restricciones o impedimentos que deformen su calidad de “papel transable competitivo”.

¿Es factible que los proveedores crucen cuentas con el Servicio de Rentas Internas para cancelar con esos bonos haberes con el Fisco?

Si lo es, pero debe estar específicamente establecido dentro de las clausulas de negociabilidad.

¿Qué decir si se buscase pagar obligaciones con ese tipo de papeles con el Seguro Social? ¿Qué pasaría con el IESS que se encuentra mermado en sus ingresos?

Si se reconocen las dificultades que tiene el presupuesto para atender sus obligaciones, incluso aquellas que tienen que ver con la cotidianidad de la operación del Estado como son las remuneraciones de los servidores públicos, está claro que no hay otra forma de atender este frente que mediante la emisión de más deuda. Así lo hizo antes, pues la historia de esta relación está llena de episodios similares. “Una mancha más al tigre” sería la calificación de esta potencial repetición que, por supuesto no lo justifica, pero si lo explica.

Obviamente, de esta forma el gobierno puede poner al día sus obligaciones con el IESS, cuyo monto todavía no ha sido definido y sobre el cual existen discrepancias, pero que al llegar a su definición pondría punto final a la disputa. Ahora bien, ¿de esta forma se resuelve el problema del IESS? La respuesta es no. Primero no le da liquidez, pues habrá que ver si existe la demanda suficiente en el mercado para absorber más de mil millones de dólares en bonos internos. Segundo, el problema del IESS hace rato que rebasó el plano de su viabilidad financiera. Hoy, la estructura institucional no da más. Tiene problemas por todas partes y se necesita una completa re conceptualización de los pilares fundamentales para evitar, sin exagerar su “quiebra” en un plazo perentorio.

No es posible remendarlo. Eso sólo prolonga la agonía pues, desde el andamiaje administrativo hasta las premisas que se establecieron están completamente podridos. Lo usaron como caja chica, como empresa política, como inversionista manejada por aventureros, en fin, hicieron tanta trafasía (incluso algunos afiliados se han aprovechado) que hoy está postrada. Aún más, la división en fondos (pensiones, salud, campesino, etc.) que no podían compensar cuentas fue desbordada. Los números son elocuentes: el gobierno anterior le mintió al país cuando demagógicamente creó obligaciones de todo tipo con el compromiso de cubrir sus costos y, eso, nunca lo cumplió. Hoy es indispensable replantear todo el esquema desde su base.

¿Cómo cree que han reaccionado los sectores productivos y las cámaras por el cobro anticipado de impuestos a grandes contribuyentes?

Como se anticipaba, aunque sabían que el proyecto se cocinaba en el SRI desde cuando se suprimió el capítulo de solidaridad de la ley humanitaria. Las observaciones tienen algún grado de racionalidad, pero por la forma como está acotado este anticipo, sólo aplica a empresas grandes, con utilidades en el primer semestre de este complejo año, es decir que no han sido afectadas o fueron beneficiadas en este proceso.

El monto no es mayor ni representativo frente a la brecha fiscal, pero si se usan estos recursos para la reactivación económica de empresas pequeñas y medianas (le entregan los recursos a la CFN, para que actúe como banco de segundo piso), los recursos regresarán de inmediato al sector que los originó.

¿Qué comentarios puede hacer sobre los atrasos en los sueldos con los empleados públicos?

Son inevitables. No hay otra forma de contestar la pregunta. El tamaño del gasto público no es sostenible ni financiable. Tiene que recortarse como lo hacen en el sector privado. La reducción proporcional de sueldos puede ser un camino, pues en caso contrario, estos atrasos aumentarán.

Los reclamos de los GAD son generalizados en materia del presupuesto. Algunos amenazan con paralizar ciertas obras, ¿cómo obtener recursos para ese sector?

El camino es encontrar una solución que comparta el sacrificio. No hay más fuentes de las conocidas. Ellos saben que sus derechos llevan a un monto menor del programado y deben reajustar sus presupuestos. Así actúan hoy todas las empresas y personas privadas. Con sacrificio. La violencia en esta época es señal de la sin razón.

Colaboración

Diario El Comercio

01/08/2020