Política Laboral: Un cambio apremiante

POLITICA LABORAL: UN CAMBIO APREMIANTE

UNIVERSIDAD CATÓLICA

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

Agradezco a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, a la organización de estudiantes y de manera particular a la doctora Ximena Moreno de Solines por la invitación a participar en este panel, sobre un tema que ha estado en la retaguardia de la discusión nacional, a pesar de su trascendente importancia.

Empecemos este ensayo, con una definición elemental, pero necesaria de recordarla. La política laboral como parte vital de la política económica debe mantener coherencia y consistencia con los objetivos que busca el país para sus ciudadanos, uno de cuyos principios fundamentales es asegurar un empleo digno a quienes lo buscan.

En la práctica qué se ha conseguido. La historia nacional nos dice que este derecho constitucional y objetivo social nunca se cumplió. Son más de ochenta años (lapso suficientemente largo para evaluar lo obtenido) desde la incorporación a las relaciones económicas privadas de los rígidos principios de este cuerpo legal, configurados precisamente en la época en la cual la confrontación del trabajo y el capital eran el centro de la atención ideológica y política mundial: la lucha de clases y la protección unilateral al trabajador (precisamente por su débil posición en la determinación de las condiciones de trabajo), sin mirar la importancia de la creación de riqueza como poderosa herramienta del desarrollo.

Las economías occidentales transitaban por la primera revolución industrial, los países veían crecer sus ciudades, los campos perdían su posición privilegiada y nacía una nueva estructura social con trabajadores que realizaban tareas homogéneas, en horarios comunes, con visión de permanencia en esas labores durante largos períodos, sin sobresaltos tecnológicos ni amenazas a la subsistencia de sus fuentes de empleo.

Ese mundo ya no existe. En esta cuarta etapa de desarrollo industrial, la tecnológica del conocimiento, muchas cosas cambiaron. El mercado laboral es diverso, las tareas son disímiles y de horarios cambiantes, la estabilidad ha sido sustituida por la fluidez de la rotación, la capacitación no es ocasional sino permanente, los productos de consumo e inversión cambian con rapidez e incluso la amenaza de la robótica pone en aprietos actividades rutinarias.

Ahora, ese debate filosófico-político fue superado. Se demostró su impertinencia con los postulados de las sociedades capitalistas y fue sustituido en buena parte del mundo por el del entendimiento equilibrado y justo entre las partes, en un ambiente, que sin dejar de tener tensiones y discrepancias, con regulaciones protectivas adecuadas, la sociedad pueda salir de la precaria informalidad en las relaciones laborales, hacia formas de contratación que permitan combinar creativamente productividad, eficiencia y remuneración.

Está claro que no es posible encontrar un ejemplo de país en el mundo que ha logrado crecer y mejorar el bienestar de sus miembros desafiando los equilibrios fiscal y externo. Tampoco hay un caso de un Estado desordenado e irresponsable que haya conseguido armonizar la inversión y el empleo; así como no es posible hallar empresas que demandan empleo con productos que no son competitivos, más aún en esta etapa de fuerte irrupción tecnológica, con mayor integración económica, con cambios sociales y demográficos y, la cada vez más decidida condicionalidad ambiental para toda actividad.

El mundo de hoy y el que se construye ya no contienen un mercado laboral homogéneo, estable. Lo ha reemplazado por el de una profunda y compleja diversidad, con actividades tan disímiles que existen algunas en las cuales la calidad de emprendedor y trabajador se han fundido en la misma persona. Tampoco se encuentra una organización que se sustente en la clásica y reconocida, pero histórica relación laboral permanente. El cambio ha venido acompañado por una movilidad ocasionada por los intensos avances tecnológicos, la introducción de la robótica que desactualiza o reemplaza a la mano de obra básica y obliga a crear sistemas de capacitación continua.

Las empresas ya no son eternas ni inmutables. Enfrentan amenazas activas que ponen en peligro su supervivencia y les lleva a estar en permanente actitud de innovación. Por lo tanto, el trabajo tampoco es lo que conocíamos. Ha tenido que amoldarse, mutar, prepararse para tener una protección efectiva.

De ahí, que el concepto moderno de flexibilidad no implica desprotección (en realidad es exactamente lo contrario), como el de rigidez no cobija al de defensa (los hechos son elocuentes. En los países emergentes más del 65% de los trabajadores viven en la informalidad. Ecuador cumple esa regla al pie de la letra). El mundo no se mueve por obligaciones impuestas a raja tabla (sólo miren la realidad de los sistemas de reparto en los fondos de pensiones. En el Ecuador las deformaciones estructurales son evidentes y llevan a tener un cuadro lastimoso). Hoy, los incentivos descansan en la promoción, en la atracción natural de actividades que generan confianza.

Para que quede claro a quienes piensen que la línea de reflexión lleva a la deformación de la realidad transmitiendo un mundo lleno de paz y concordia, que no existe ni se cree que está en el horizonte, los postulados fundamentales descansan en encontrar los mecanismos y sistemas que le ofrezcan al trabajador las herramientas para su desarrollo individual, y al país en términos colectivos.

No se busca desbaratar los derechos, algunos muy cuestionables por sus efectos maliciosos (el caso de la jubilación patronal es paradigmático: desestabiliza al trabajador maduro, que no se entrenó para el cambio y sale al mercado desprotegido), sino de convertirlos en verdaderos apoyos cuando la movilidad lo lleve a necesitarlos. Ya no es tiempo de guardar y defender el puesto de trabajo, sino de hacerlo con el trabajador.

En la historia económica ecuatoriana, la mención del concepto de productividad ha quedado para los libros de texto o las declaraciones de ocasión. En la práctica, pocos saben cómo medirla y debe ser la excepción cuando se la aplicó. Pues bien, si la política laboral no la incorpora como elemento básico para la determinación de los salarios, por la vía de la negociación objetiva directa, medible, el proceso de deterioro del mundo formal laboral seguirá minando a la sociedad. Y un poco más, en los últimos años, las reformas introducidas parecería que las realizaron los enemigos de la clase trabajadora, pues impusieron condiciones que volvieron menos atractivo el trabajo formal ya que ampliaron la famosa grada (diferencial efectivo) con el precario e indefenso mundo informal.

En el Ecuador, durante el período comprendido entre el año 2007 y el 2018 (11 años, que es el período de información estadística laboral consistente, pues los datos anteriores fueron elaborados bajo supuestos diferentes), la población aumentó a un promedio de 322.000 personas por año. Pasó de 13´680.000 personas a 17´220.000. De ella, aquella parte que por sus características forma el grupo de Población en Edad de Trabajar (PET) (Entre 15 y 65 años) lo hizo con un promedio de 266.000 personas por año; y, la gente que realmente busca trabajo denominada Población Económicamente Activa (PEA), dio como resultado una oferta anual creciente de mano de obra de 154.000 personas.

Pues bien, en los hechos, el país sólo creó, hablo de promedio anual, 48.000 empleos adecuados (esa es la demanda formal, que incluye el empleo público, que como se verá más adelante contribuyó fuertemente a este débil resultado global), que significan apenas el 31% de los que estaban buscando un trabajo. 106.000 nacionales, cada año, no tuvieron suerte y se sumaron al mundo del empleo inadecuado-subempleo o simplemente a la calle, para dar como resultado la existencia de un mercado laboral en el cual quienes tienen trabajo protegido por el código de trabajo son sólo en 38% (marzo del 2019), mientras el 62% vive como puede.

Las cifras de la precariedad laboral duelen al mirarlas. A fines del 2018, entre los subempleados y quienes están en la desocupación suman 4´730.000 trabajadores, a los que se suman 4´210.000 ecuatorianos que están en edad de trabajar pero no buscan empleo (algunos porque estudian y otros seguramente porque se cansaron de hacerlo). Es decir, entre estos dos grupos hay 8´940.000 personas, el 73% de la PET.

Se podrá decir que, si bien esta relación es muy dura y elocuente porque siempre tiende a sobrestimar la deformación del mercado, lo cual tiene su racionalidad y por eso debe quedar advertido el lector sobre esta limitación o cuestionamiento del indicador. Por lo tanto, para seguir la lógica que impera en los análisis internacionales, debe ser la PEA y no a la PET la concentradora de la relación, ya que en la segunda hay una decisión de no participar en este mercado, Pues bien, en este caso, la relación con la población total es de apenas el 47%, cuando ese indicador se lo considera aceptable al estar en el rango entre el 65%-70% y, al mirar la composición del empleo adecuado, la relación con la PEA, como ya se dejó constancia, pero lo repito por lo dramático de su resultado, ha caído al 38%, mientras entre el subempleo y la desocupación se llevan el 62%.

Se pueden hacer muchos cálculos sobre el significado de esta mala composición laboral, que es fiel reflejo de una colectividad con enormes problemas de inequidad y muy bajas oportunidades de solución, salvo por supuesto si decide corregir sus murallas estructurales, que si bien no serán una panacea, por lo menos reducirán los puntos de fricción con el desarrollo.

Veamos un resultado, teórico por supuesto, de lo que significa para los trabajadores no satisfacer sus deseos de conseguir un empleo en el plano formal y mantener esa situación inconforme e injusta de marginalidad. Supongamos que todos los que buscan trabajo lo encuentran, es decir tenemos pleno empleo, no hay desempleo friccional ni subempleo. Es un mundo ideal, posiblemente utópico, pero es una referencia que puede servir para entender lo que pierden los trabajadores por la mala estructura de su ley y de los efectos, no exclusivos de su existencia pero altamente correlacionados.

Son mal contados 4´400.000 subempleados (dejemos los 330.000 desempleados fuera del cálculo). Si a estos trabajadores consideramos que reciben el 60% del Salario Mínimo Vital y sólo para fines ilustrativos lo calculamos equivalente a 400 dólares mensuales, estos deberían recibir 21.120´000.000 dólares al año, pero reciben sólo 12.670´000.000, es decir “dejan de percibir” 8.450´000.000 de dólares al año (8% del PIB y no incluye los beneficios adicionales que ponen a esta relación más dramática y señala el tamaño de la grada que impide su formalización).

Aún más, al mirar el efecto en la Seguridad Social (IESS), que actualmente sólo tiene afiliados al 38% de la PEA (3´125.000 afiliados), los 4´400.000 excluidos, en caso de ser formalizados, le ofrecerían, más o menos 4.000´000.000 de aportes anuales adicionales.

Se dirá que los datos pecan de optimistas e irreales. Así es y lo dejé advertido en su momento. Acepto la crítica, pero basados en estas dimensiones es posible jugar con escenarios alternativos, desde una incorporación del 10% de estos subempleados (440.000 personas), en adelante. Y por aquí debería correr el objetivo de la política laboral, que desde ya demuestra la necesidad de conseguir lo buscado sobre la base de la perseverancia, la flexibilidad, el gradualismo.

Antes de entrar en las líneas conceptuales de la reforma, vale dejar escritos tres datos adicionales que complementan el análisis: el primero, de los 48.000 empleos adecuados que se han creado cada año, 14.000 corresponden a aumento de la burocracia pública que por lo conocido debe tener un período de retracción de su demanda. Segundo, los trabajadores en edad de trabajar que no buscan ocupación son 4´200.000 personas, de los cuales 1´675.000 son juveniles (menores de 25 años, de los cuales se calcula 750.000 como NINIS, es decir ni estudian ni trabajan), lo cual deja un remanente de 2´537.000 adultos que se excluyeron del sistema y no se saben dónde están, de qué viven.

Con estos hechos, es indudable que el Código del Trabajo dejó de ser, si alguna vez lo fue, una herramienta de desarrollo humano. No tiene los incentivos equilibrados en la relación del trabajador y el empresario. No toma en cuenta que las dos partes deben convivir pues ninguna lo puede hacer sola, con la excepción tal vez de actividades altamente tecnológicas, que incluso en ese caso también requerirán del capital humano altamente especializado. Y, en ese plano, es indispensable encontrar los puntos de equilibrio y acuerdo, que bajo premisas de respeto de derechos, permita llevar adelante un proyecto, un emprendimiento con los riesgos inherentes naturales a este tipo de decisiones.

Por lo tanto, las reformas, sin ser una cascada de cambios, deben concentrarse en los temas relevantes, que solucione los cambios ocurridos en este mercado laboral. Y para que quede muy claro, sólo afectarían a contrataciones nuevas y no a las que se encuentran actualmente ya vigentes.

Primero flexibilizar las jornadas laborales de trabajo, respetando los máximos semanales de 40 horas ordinarias y 20 horas extraordinarias, de tal forma que exista múltiples opciones (incluyendo trabajo a distancia, trabajo en subsuelo, a medio tiempo, etc.) de contratación según el tipo de actividad, la época, por acuerdo mutuo entre trabajador y empresa, incluyendo la contratación por hora, manteniendo los derechos establecidos y la afiliación al sistema de Seguridad Social.

Segundo instaurar un sistema de contratación a riesgo compartido entre la empresa y los trabajadores, mediante el cual los nuevos emprendimientos no están sujetos al reconocimiento de los costos por despido durante los primeros 18 meses de gestión. Es decir, si un emprendimiento no llega a sostenerse, tiene ese lapso para contratar trabajadores, cuya estabilidad sólo está condicionada al sostenimiento del proyecto en su etapa inicial.

Tercero Promover el empleo juvenil (trabajadores de hasta 26 años de edad), para los cuales durante este período o edad no corre la norma de pago por despido.

Cuarto mantener el costo del despido, pero hacerlo siempre proporcional al tiempo de servicio, salvo un período de prueba de un año.

Quinto, eliminar la Jubilación patronal y reemplazarla por un Fondo, de beneficio general para todos los trabajadores, que sirva para ofrecerle un ingreso determinado, por tiempo fijo, durante el lapso producto de la movilidad laboral.

Sexto, es importante introducir el principio de productividad y por lo tanto la posibilidad de tener varios salarios mínimos en función de ella.

Séptimo, eliminar todas las distorsiones introducidas desde la Constituyente de Montecristi que acumularon mayores daños a la demanda de mano de obra.

Finalmente, será necesario revisar toda la estructura del Sistema de Seguridad Social, pues la situación es mala y su existencia se encuentra altamente comprometida. Lamentablemente este trabajo por la propia complejidad de este punto no tuvo intención de abordarlo. Pero eso no le quita su preeminencia.

Quito, 14 de mayo del 2019