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Ética a la fuerza

En el plano de apoyar toda acción que permita erradicar la impunidad, la Asamblea, el Gobierno, la embajada de los EEUU y Participación Ciudadana ofrecieron la oportunidad de conocer las normas de lucha contra la corrupción establecidas en el país del norte. En ese evento se pudo apreciar la severidad con la cual se sanciona este tipo de lacras (delitos). El objetivo es sentar precedentes que induzcan a la fuerza a tener un sistema limpio, especialmente en las transacciones realizadas con las entidades públicas mediante la imposición de amplias normas de transparencia tanto en las empresas privadas como en quienes administran fondos públicos.


Estas normas no aceptan ninguna clase de excepciones o excusas y, las sanciones son ejemplarizadoras. Nadie puede excluirse del control que realizan las instituciones públicas especializadas en su vigilancia, cuya capacidad de investigación descansa en la fortaleza institucional del sistema de gobierno.


El Ecuador vive un tiempo de angustia por tanto hecho denunciado y tan escasa sanción. En la sociedad hay destellos de repudio ante la presencia de algunos involucrados en esos actos denigrantes; incluso las encuestas ya recogen esta reacción; pero, falta poner en marcha la normativa que impulse las gestiones de investigación y las apoye con instrumentos de mucha efectividad.


Las políticas de alto contenido coercitivo no siempre son recomendables, pero en estos casos los hechos llevan a imponerlas de una forma categórica. Si bien siempre debe primar el principio de inocencia, en estos casos ante circunstancias que señalen decisiones que no puedan fundamentarse o explicarse, cabe la presunción cierta de un hecho delictual, circunstancia que podría ser minimizada si toda empresa (o persona) que tenga negocios con el sector público cumple ciertos requisitos: tener un auditor externo calificado por la Contraloría (puede sugerir ternas y debe recibir el informe), cuya misión sea la de confirmar que en esa entidad no se paga ningún gasto en efectivo (dentro o fuera del país). Si lo hace se lo califica como coima, que todo está debidamente soportado, que la contabilidad se rige por las normas de las empresas registradas en las bolsas de valores, que sus balances se publican con el debido detalle todos los años (normas de empresa registrada en bolsa); y, que autorizan auditar las cuentas de sus accionistas y principales ejecutivos...


Incluso se debería contemplar la auditoria de cuentas de familiares cercanos a los accionistas o administradores de la empresa o a reconocidos prestanombres.


Así les tratan a las empresas de los EEUU. Porqué no se hace lo mismo aquí… Esperemos que pronto se promulgue la ley y no hayan mas escapes. Por favor metan a la cárcel a los cómplices y quiten los pasaportes a quienes les ponen grilletes.



Colaboración

Diario El Comercio

02 de noviembre del 2018

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