Ética y deuda
A propósito de la nueva definición de deuda pública; o, mejor de deuda del gobierno central para ser más preciso y consistente con los protocolos internacionales, que se encuentra en el contenido del veto presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, por fin el país podrá conocer con detalle el cúmulo de obligaciones contraídas por esa desbordada política fiscal.
El monto con seguridad sobrepasará los 62 000 millones de dólares, pues la normativa incluye la deuda, hasta ahora “unilateralmente desconocida” de menos de un año, a la cual deberá agregarse la producida por la reclamada reversión de esa “abusiva dación” de acciones de algunos bancos públicos e impuesta (y aceptada por los funcionarios de aquel entonces) al Banco Central, que demostró, entre las tantas cosas que se denunciaron, lo que el gobierno anterior negaba con insistencia y, que no era otra cosa, que su incapacidad de pago.
Pero la historia no termina ahí. Queda todavía pendiente la solución de la deuda de salud acumulada con el IESS; la incorporación del 40% de las pensiones jubilares y posiblemente obligaciones ocultas o no registradas.
A partir de ahí, comienza la aplicación de los condicionamientos configurados alrededor de las normas macro fiscales, que contienen un período de recuperación del equilibrio primario del presupuesto del Estado, cuya meta se finca en el año 2021. En este lapso, la deuda seguirá creciendo, pero ya tendrá parámetros de control; y, recién desde el 2022 se empezará a programar el retorno al tope del 40% del PIB.
Paciencia y perseverancia van a ser necesarias para enderezar este horrible entuerto fiscal. Ojalá se pueda acelerar el paso ya que ello producirá reacciones de mayor confianza y seguridad en el destino de la economía. Con un Estado ordenado, socialmente responsable, los indicadores de equidad ofrecerán beneficios tangibles. De su parte, los agentes privados tienen la responsabilidad de ser transparentes en las obligaciones con el país. La existencia de “ evasores tramposos” sólo daña la imagen de todos; y, por eso, además de las razones éticas, hay que combatirlos.
Si todos piden la presencia de un sector público eficiente, honesto, deben también asegurar una conducta condigna con lo solicitado. La lucha contra la corrupción no sólo marca a funcionarios públicos indignos y repudiables, sino que cobija a esos empresarios privados que formaron parte de ese podrido tinglado, que ahora huele a alcantarilla.
En definitiva, es necesario disciplinar las decisiones de la organización pública, pero también es indispensable contar con un aparato privado limpio. De esa forma un factor del endeudamiento estará prescrito por la ética nacional.
Colaboración
DIARIO EL COMERCIO
27 de julio 2018