Inquietudes nacionales
¿Qué opina de la reducción de los contratos ocasionales en el sector público y el nuevo concurso?
Una de las tantas deformaciones que trae consigo el abultamiento del tamaño del Estado es precisamente ese amontonamiento de servidores públicos en la compleja telaraña de instituciones y empresas, que a lo largo del tiempo se fueron creando sin orden y, bajo la consigna, de copar a como sea, la mayor cantidad de espacios de poder.
Ahora, cuando se agotaron los recursos ajenos (o por lo menos ya no hay tantos disponbles) que cuestan tanto y hay que pagarlos en algún momento; y, además la cosecha no da para seguir con ese ritmo, viene lo dificil. ¿De qué manera se consigue racionalizar todo lo hecho de forma tan anárquica e irresponsable, para lograr colocar a la institucionalidad pública, siempre necesaria e imprescindible, dentro de un conjunto de normas que aseguren el cumplimiento eficiente de sus responsabilidades y, no sean, lo que hoy han llegado a ser, un obstáculo avasallante para la marcha normal de todo tipo de actividades; o, simplemente un terrible dolor de cabeza para la obtención de los servicios más elementales que requieren los ciudadanos comunes del país?
Salir de este embrollo no es tarea fácil ni indolora. Lamentablemente será dura, con muchas resistencias naturales; pero, es inevitable. No hay forma de sostener una estructura pública de la dimensión actual. En algún momento superó el 42% del PIB y hoy bordea el 38%, pero hay que llevarla de regreso a un rango que oscile entre el 25% y el 30%, que parecería ser el tolerable y decuado para cumplir dos requisitos: tener una organización pública con capacidad para cumplir sus tareas sociales, de seguridad y administración de forma eficiente; y, a la vez sustentarse en un aporte de las actividades privadas y de las personas en una proporción que no esquilme sus ingresos, ni ponga en riesgo el interés por la inversión.
Visto esto, es evidente que uno de los caminos, no el único, es someter a toda esta estructura a una seria evaluación sobre la necesidad de cada servicio, la forma de hacerlo; y, en función de aquello, reordenar su esqueleto o buscar otra solución. Ahí cabe precisamente el análisis sobre la necesidad de revisar los contratos ocasionales o los nombramientos provisionales, pues ellos son el resultado de esa explosión de las entidades públicas.
Jaime Carrera realiza precisamente un análisis de este tema. Lo encuentra extremadamente complejo, pues su solución camina por senderos muy estrechos, llenos de peligros y con costos sociales evidentes, que sólo se podrán minimizar, si hay la posibilidad de trasbasar esos excedentes de mano de obra a las actividades privadas.
El país requiere servidores públicos bien capacitados. Honestos y eficientes. Lo malo es que bajo esas premisas se fraguó una estafa nacional: se multiplicaron los cargos hasta llegar a un número insostenible, cuyo costo utiliza todos los ingresos provenientes de los más importantes impuestos que paga la colectividad.
¿De qué manera el Gobierno puede reducir el déficit fiscal?
Hay varias formas y etapas para hacerlo. En un plazo perentorio, el camino transita por la valoración de la calidad del gasto, tanto operativo o corriente, como el destinado a la inversión pública. En ese proceso, toda partida que no tenga una justificación adecuada, carezca de prioridad, demuestre derroche (viajes, seguridad excesiva de funcionarios, publicidad, etc) debe ser abolida. De esta manera se realiza una primera limpieza.
De inmediato o de forma simultánea es fundamental definir que tipo de Estado se quiere mantener. Con que clase de responsabilidades directas se queda, dentro de las cuales sin duda caben las de orden social (educación, salud, previsión), las de seguridad (interna y externa), la adminstracion (relaciones exteriores, economía, transporte, vias, servicios vitales), para dejar todo lo demás al manejo privado bajo regulaciones de competencia y calidad. Todo esto lleva incluso a sostener sólo las empresas públicas que son rentables y se sostienen con sus propios recursos, a la vez que ofrecen servicios a precios competitivos.
Luego toca modificar toda la política tributaria, alineándola con los objetivos de crecimiento y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. Aquí cabe la recuperación de los principios de simplicidad, generalidad, progresividad, que se perdieron en el camino de los últimos años.
Si existe el compromiso político serio de enfrentar este enorme cuello de botella, que fastidia tanto a las iniciativas para construir nuevos centros de trabajo y producción, el resultado será una economía más propensa a crecer y por esta vía encontrar alivio, con las mayores contribuciones, para tener un Estado que se maneje de manera equilibrada en lo cuantitativo y eficiente (social y económicamente) en lo cualitativo.
¿Cómo evalúa la recaudación fiscal del primer semestre del año?
La información hasta el mes de mayo demuestra un incremento del 6% en los ingresos tributarios y del 18% en los no tributarios frente a igual período del año 2017. En conjunto ofrecen un incremento del 13.6%, con una caída de gastos del 11.5%. Ojalá esta tendencia, saludable y alentadora, pueda mantenerse en lo que resta del año.
Con estos resultados, el déficit global acumulado en estos cinco meses es de apenas 500 millones de dólares, en comparación con los 2 600 millones de igual período del 2017.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
07 de julio 2018