La programación cuatrianual del Ecuador

Al mirar la propuesta presentada por el Ministerio Coordinador de Política Económica para el cuatrienio 2016-2019 surge casi de manera instantánea la pregunta: ¿Acaso no existe un problema serio de desfinanciamiento de la economía ecuatoriana que limita su posibilidad de recuperación inmediata?

Porqué lo digo. Por cuanto en estas previsiones, no se acepta la existencia de una etapa recesiva. Que es evidente. Se la ve con claridad. Tiene ya dimensiones sociales que empiezan a alterar la vida de muchas familias. El propio gobierno reconoce un impacto equivalente al 7% del PIB y, esa es, una cifra de gran calado, que sin lugar a duda pone una interrogante muy seria a la capacidad de recuperar el dinamismo de la etapa anterior.

Para el gobierno, si bien el año 2016 tiene un crecimiento muy modesto (del 1%). A partir del 2017 recupera su dinámica casi histórica, aunque menor al promedio de lo recorrido en este siglo, al sostener como meta alcanzable en los tres años restantes tasas superiores de crecimiento del PIB del 3% anual.

En contraste, el FMI al evaluar la economía nacional, dentro del informe del Artículo IV, tomando como supuesto, optimista creo yo, de encontrar todo el financiamiento necesario para cubrir la enorme brecha externa, fiscal y financiera, no llega a estimar tasas tan altas .

El FMI cree que el 2016 será también un año sin crecimiento, para llegar recién al 1.8% en el año 2020. Lo cual lleva a determinar que en este sexenio si el Ecuador crece, lo podrá hacer a una tasa promedio apenas superior al 1%. Y eso siempre y cuando el país pueda cerrar la brecha de financiamiento externo, que es la crítica para mantener estables, sin crecimiento todavía, las captaciones del sistema financiero, lo cual plantea otro problema, no explicado ni resuelto, tanto en el informe del FMI como por parte del gobierno, cual es el del efecto contractivo de la restricción crediticia.

Esta programación pública mantiene entre los principales indicadores una inflación interna anual para los años venideros, que oscila entre el 3.1% y el 3.3%. Me parece que el indicador demuestra el poco interés que pondría la política económica para recuperar la competitividad internacional perdida los dos últimos años. Con esas tasas, será muy difícil sostener la propuesta de tener un sector exportador que crezca, en términos reales a partir del 2017 a tasas del 5%, 4.9% y 3.8%. Obviamente, para llegar a esta cifra, hay una recuperación razonable del precio del petróleo y la producción actual, aspecto crítico y fundamental en un ambiente de restricciones, se la mantiene (cerca de 195 millones de barriles por año) durante todo el período.

Esto significa la incorporación del ITT, aunque nada se dice de aquello y la disponibilidad de un poco más de 3.000 millones de dólares anuales por parte del gobierno para cubrir la inversión de recuperación de producción. Aquí sólo cabe señalar: ojalá aquello sea posible. Sobre las exportaciones privadas, en las cuales descansa entonces el peso mayor del crecimiento estimado, es muy difícil ofrecer una opinión sustentada de esta conducta.

La otra cara de la moneda (digamos la cruz), es la contracción de importaciones, que se vuelve el mecanismo más poderoso de ahorro de divisas. En los años 2016 y 2017 caen en el 9% y 3% respectivamente, para prácticamente estabilizarse . Esto significa una contracción permanente, ya no ocasional que deberá obtenerse o por la vía de restricciones discrecionales del gobierno o posiblemente como consecuencia natural de la contracción económica, que cambiará la dinámica de las actividades privadas.

Para el año que comienza, las medidas anunciadas son las conocidas. Van en la dirección de reducir subsidios (poco, pero lo señalan). Obtener los réditos de las hidroeléctricas, que es una esperanza y que podrían ahorrar 750 millones de dólares de importación de derivados. Atraer 1.000 millones de inversión extranjera en minería. Dar liquidez a la cartera de la banca pública (1.000 millones. No se sabe cuales serán las fuentes externas, pues internamente no existe mercado o disponibilidad). Utilizar las líneas contingentes en caso de daños naturales (Cotopaxi y El Niño) por 650 millones y, conseguir 500 millones de las famosas APP.

Es un cuadro que sin duda ayuda, pero que es insuficiente para cubrir todas las necesidades fiscales y de la balanza de pagos. El Ecuador necesitará no menos de 8.200 millones de créditos frescos, y eso siempre que las recaudaciones tributarias no declinen, como lamentablemente ya ocurre y contradice los supuestos oficiales.

Para los restantes años no se dispone de información que permita profundizar su consistencia. No hay datos sociales, más allá del de inflación. ¿Qué pasa con el empleo? No hay ninguna indicación. La inversión bruta cae también el año que empieza, pero se recupera (¿?) a partir del 2017, lo cual trae consigo otra pregunta: ¿Quién o quienes lo van hacer?

Como comentario particular y especial, antes de cerrar esta nota, vale dejar sentada la preocupación por la omisión total del tema de la Seguridad Social, institución vital del tejido de la política social, cuya realidad financiera está totalmente deteriorada luego de las equivocadas decisiones y desconocimiento de obligaciones por parte del gobierno nacional, mientras cumple, como debe siempre hacerlo, las obligaciones internacionales. Para el período en perspectiva, es seguro que esta institución requerirá de una reingeniería profunda para poder sostenerla, de la cual nacerán necesidades de ingentes recursos nacionales.

Finalmente, lo primero que se requiere para resolver un problema es reconocer su existencia. Tener clara su dimensión y disponer de un afán de enfrentarlo y resolverlo. Esta programación no ofrece elementos que sean convincentes y consistentes con el tamaño del daño por el cual atraviesa la economía nacional, que no es ocasional sino de orden estructural.

Colaboración

PLANV

Quito, 20 de Diciembre del 2015