Inquietudes nacionales
¿Qué dice la teoría salarial del Gobierno que sostiene que si un negocio genera mayor utilidad tendrá mayor capacidad para pagar un salario llamado digno manteniendo el pleno empleo?
En la práctica eso ocurre. Es una realidad, pero no es producto de una imposición proveniente del gobierno o de una ley sino consecuencia del buen manejo de la empresa y de la productividad de los trabajadores.
En las empresas con buenos índices de gestión, la relación entre trabajadores y empresarios es normalmente buena. Ahí conviven una serie de incentivos y mecanismos que permiten la promoción responsable del trabajador, su capacitación en un ambiente de innovación constante. Por lo general los salarios son superiores a los mínimos sectoriales que, por su parte también superan al mínimo vital. Se da de forma responsable un mercado que contiene una escalera salarial
Las empresas que tienen utilidades pagan sus impuestos y entregan el 15% de utilidades a sus trabajadores, que es el mecanismo creado precisamente para reconocer el aporte productivo del trabajador en los beneficios de la empresa. Es decir ya existe una política que aumenta el salario de los trabajadores en función de las utilidades obtenidas. Si las hay, todos ganan. Si no, todos pierden.
Imponer salarios mensuales según la rentabilidad de cada empresa de una manera arbitraria y permanente no tiene sustento económico, ni produce un efecto favorable en la estabilidad de los trabajadores. Genera un caos en la política de empleo que la convertiría en un campo de discrecionalidad que caminaría hacia decisiones con altas dosis de corrupción e incompetencia.
Salarios diferenciados obligatorios en cada empresa sería un factor perturbador en la viabilidad de las unidades de producción que podría incluso llevar a un rompimiento de los principios de eficiencia y productividad. Además de anarquizante, impulsaría la degradación en la veracidad de los balances y resultados financieros del ejercicio.
El sistema actual de salarios mínimos por actividad, si bien no es el mejor, permite poner las mismas reglas a todas las empresas de actividades similares. No introduce ventajas ni da privilegios. A todos se trata por igual. Tiene mayor transparencia, aunque todavía no tiene un vínculo directo con la productividad.
El problema de fondo es encontrar alicientes para incorporar a los desempleados. Para que dejen de migrar y tengan empleo en el país. Lo propuesto navega contra corriente.
¿De donde salió el dinero que entregó el FMI al Gobierno?
De la decisión que tomó el G-20 en su reunión de Abril pasado en Londres. El propósito fue fortalecer al FMI para que contribuya a combatir la crisis internacional dotándoles a los países miembros de liquidez extraordinaria.
El FMI actuó bajo este mandato y emitió, como lo hacen los bancos centrales, DEG por el equivalente a USD 283 000 millones, de los cuales los países en desarrollo recibirán, sin ninguna condicionalidad, aproximadamente USD 110 000 millones. Esta emisión de DEG, la moneda propia del FMI, es la mayor de toda su historia y les permite a los países pequeños disponer de una liquidez en sus reservas internacionales que la pueden transformar a dólares, euros, yenes. Es una contribución unilateral del FMI a la liquidez mundial que no forma parte de las aportaciones hechas por los países, aunque el monto asignado a cada uno de ellos representa el 75% de su cuota o acciones en ese organismo.
El gobierno ecuatoriano declaró a La Prensa Gráfica de El Salvador el 28 de noviembre pasado que no creía que el G-20 tome decisiones que solucionen la crisis mundial y peor la de nuestros países. Los hechos lo contradicen. En la historia moderna, nunca antes el Ecuador recibió una cantidad tan grande de dinero (400 millones) como contribución, y peor del denostado FMI. Esta emisión es parte del paquete de capitalización de un millón de millones de dólares de esta institución.
¿Hubo o no hubo alza en el precio de la gasolina Súper? Si la hubo, ¿por qué el Presidente la niega?
Claro que la hubo. Los directivos de Petroecuador lo señalaron de forma categórica en la rueda de prensa que hicieron para explicar la decisión tomada. Incluso señalaron el efecto que traería en los ingresos de esa empresa.
Pero si alguien duda, pregunte a los clientes de las estaciones de la estatal para ver qué le contestan. Ahora, encontrar una razón porque niega el Presidente algo tan obvio sólo es posible encontrarla en un afán de desvincularse políticamente de la decisión.
El régimen dice que el cobro del impuesto mínimo generará equidad y redistribución de la riqueza. ¿Los banqueros se oponen porque el Gobierno toca su bolsillo?
No he oído a algún banquero sostener esa tesis. Hay analistas que si lo han hecho y las razones son variadas: unos sostienen y con razón que nadie puede garantizar una rentabilidad mínima para pagar impuestos. Hay años buenos con utilidades abundantes y otros malos sin ellas. Asegurar un impuesto a la renta mínimo es crear un tributo que puede transformarse en una carga a pérdidas ocurridas. Otros manifiestan que la imposición confirma la sospecha de que el SRI tiene todavía debilidades e ineficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones que le lleva a imponer estas normas ya que no puede auditar bien a todas las actividades o empresas. Hay terceros que mantienen que la rentabilidad de las empresas es variable entre sectores y que poner un impuesto piso puede llevar a desestimular ciertas actividades y a cerrar empresas.
Lo interesante está en la declaración del director del SRI que sostiene que esta figura de impuesto mínimo está vigente en Panamá y funciona bien y ahí es el 1,4% de las ventas. Lo pone de referente pero sostiene a la vez que es paraíso fiscal. Las empresas y bancos, denominadas como contribuyentes especiales, no tienen un problema de fondo con esta propuesta. El anticipo conceptualmente es una ayuda del contribuyente a las finanzas públicas y le entrega recursos antes de que concluya el período en el cual se genera la obligación fiscal y por tanto no debería estar sometido a esta condicionalidad.
DESTACADO
En la historia del Ecuador, nunca recibió una cantidad tan grande de dinero como contribución gratuita, y peor del FMI.
Colaboración
Diario El Comercio
11 Septiembre del 2009