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Inquietudes nacionales

¿Qué ventajas en la actualidad tiene cambiar los contratos petroleros a la modalidad de prestación de servicios?


Son dos modalidades de contratación que deben ser evaluadas en función de los resultados que ofrecen, las obligaciones que llevan consigo y las deformaciones que pueden incubar. No hay un desbalance natural o una conveniencia marcada. Son sus características individuales, de cada contrato las que le dan un valor comparable y una opción posible.


Los contratos de prestación de servicios se utilizan cuando el Estado dispone de los recursos necesarios para realizar las inversiones que exige la operación y el desarrollo de los campos petroleros, y contrata a una compañía para que “tercerice” la operación a su nombre y cobre un honorario o utilidad por esta tarea de llevar adelante los trabajos diarios que exige la producción de un campo determinado. Este operador no invierte ni un centavo, aunque a veces asume el riesgo de exploración. El Estado le da todo el dinero que sea necesario para la explotación y lo hace normalmente “pignorando” el petróleo producido, con cuya venta cobra todo lo que le corresponde. Ofrece su experiencia en el manejo de los campos y cobra por ello. El riesgo derivado de cualquier hecho como una mala perforación o la pérdida de producción, es del Estado.


En los contratos de participación, el Estado en cambio no pone dinero. Son muy populares cuando los países transitan por una etapa de pobreza franciscana en sus finanzas públicas y además no disponen de tecnología de punta. Es la empresa privada la que corre con el riesgo de la inversión: gane o pierda, quien además cubre los costos de operación y maneja el campo petrolero. Bajo esta figura económica y jurídica el Estado recibe por ser dueño de los yacimientos una parte de la producción sin pagar un medio por ello. Además recibe los impuestos que genera la empresa como el IVA y el impuesto a la Renta derivado de la utilidad obtenida.


Para pasar de un contrato de participación a uno de servicios es necesario contar con la aquiescencia de las partes para liquidar el primero y pagar el saldo de las inversiones realizadas y no amortizadas por la empresa privada – las petroleras-, que en el caso actual estimado para los seis contratos más importantes podría sumar entre tres y cuatro mil millones de dólares, que debería desembolsar el Estado, sin tomar en cuenta el lucro cesante o el valor actual de las utilidades futuras.


Ese monto es enorme y demuestra la complejidad de la propuesta. Indica además la opacidad de la conveniencia, más allá de los efectos creados por la falta de respeto a la integridad y cumplimiento de los contratos.


¿Será viable el TLC en Costa Rica cuando existe una polarización social y política al respecto como lo demuestran las cifras del referéndum?


Por supuesto que si. El gobierno llamó a un plebiscito y el pueblo se pronunció favorablemente, aunque el margen sea pequeño. El sólo hecho de hacer la consulta sobre un tema tan complejo que se politizó y perdió algún grado de objetividad, ya fue un riesgo enorme que finalmente quedó resuelto.


En democracia esas son las reglas y se las acepta cuando se gana y también cuando se pierde. Costa Rica se une a los demás centroamericanos en tener el TLC con los EEUU y creo que es una decisión acertada del pueblo Tico. Quedarse al margen era social y económicamente muy costoso.


¿El Plan Nacional de Desarrollo presentado oficialmente por el Gobierno tiene conexión con la actual Política Económica de subsidios y Política Social de asistencia?


Revisado este documento no se encuentra ninguna referencia a esta terrible distorsión e ineficiencia que se genera con esta multiplicación de subsidios generales y regresivos. El Plan habla de una “Justicia ambiental e intergeneracional” que no puede cumplirse con un sistema de subsidios a los combustibles, que produce una contaminación creciente y promueve su consumo y dispendio por los bajos precios que tienen. ¿De qué justicia intergeneracional se habla si esta generación dilapida un recurso no renovable, que es un patrimonio de la comunidad?


De otro lado en el capítulo relativo al sistema económico habla de uno que sea “solidario y sostenible”, que si lo pensamos en su contenido con un poquito de sentido común, encontramos que se contradice flagrantemente con la proliferación de subsidios cuyos beneficios en un 80% no van a los estratos pobres ni pueden sostenerse en el tiempo. Sólo en el caso de los combustibles, el aumento del parque automotor y el contrabando están llevando el problema a un nivel que explotará de muy mala manera en un lapso no muy lejano.


En el proyecto constitucional del Conesup se establece que el estado estimulará la propiedad y la gestión de trabajadores en las empresas, por medio de la transferencia de acciones y participaciones. ¿Existe alguna economía desarrollada que aplique esta modalidad que se utilizó en la antigua Yugoslavia?


A esta política se la conoce desde hace algún tiempo como “capitalismo popular” y sus resultados, cuando se los quiere imponer por la fuerza no son muy halagüeños. Nacen accionistas obligados y no convencidos de la importancia y el papel que deben desempeñar, y terminan sometidos por una administración o un gobierno. Bolivia en el tiempo de Gonzalo Sanchez de Losada también introdujo este concepto pero no tuvo éxito.


Sin embargo, si miramos por otros lados podemos encontrar que la idea si cuajó pero bajo otras condiciones. En Australia el 55% de sus ciudadanos son accionistas de las empresas. Esto significa que 8 millones de australianos han comprado libre y voluntariamente participaciones en empresas que trabajan en su país, y lo han hecho porque tienen confianza en el futuro, saben que la política económica respeta al inversionista, saben también que las empresas ofrecen resultados atractivos, que sus balances son auténticos y que se respeta la ley.


En EEUU el capitalismo popular está tan extendido que posiblemente es el país en el cual existen más inversionistas que en cualquier otra parte del mundo. La filosofía que cobija esta forma de invertir es promover la inversión, buscar el éxito empresarial y defender la economía de mercado. El modelo de desarrollo se sustenta en la empresa privada con alicientes a que abra su capital al público para que este escoja quien le brinda más confianza y en donde encuentra rédito con seguridad. El Estado regula los mercados y supervisa que se cumplan los principios que aseguran políticas empresariales serias.



DESTACADOS


Pasar un Contrato de Participación a Servicios demanda aquiescencia de las partes y pago de inversiones no amortizadas


Plan de Desarrollo es incompatible con política distorsionante e ineficiente de subsidios generales y regresivos.




Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Octubre 10 del 2007

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