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Inquietudes nacionales

¿Cómo transparentar la administración petrolera en el Ecuador luego de la evidente crisis que se produjo al suspender, por orden presidencial, el proceso de licitación de los excedentes petroleros del Bloque 15?


En alguna oportunidad señalé que el sistema empresarial público está colapsado, pero ahora mirando lo que ocurre en este sector vital podemos ampliar la afirmación manifestando que la estructura institucional pública está completamente derruida. Es difícil precisar un camino de solución que no recorra un proceso de reconstrucción total. Son tantos los problemas, los conflictos de intereses creados, los núcleos de poder y usufructo, los abusos de dirigentes públicos, de empresas privadas, de oportunistas en servicios, de compradores de productos, de ladrones de bienes y servicios, que como lo dice la pregunta con angustia, hasta la Presidencia ha contagiado este funesto recorrido de destrucción del patrimonio público.


Como me recuerda el lector Luis Erazo al comentar un artículo anterior de mi autoría, refiriéndose a Peter Drucker dice: no hay país subdesarrollado sino mal manejado, ni malos mercados o malas empresas sino malos gerentes o administradores. En este caso, es evidente la identidad con la afirmación, con el agravante de su descomposición moral. De ahí que para enfrentar esta calamidad, recuperar y sanear este sector, en mi opinión se requiere la convergencia de tres elementos: primero la decisión inequívoca, clara y definitiva de la Presidencia de la República de emprender en la transformación completa (que ahora no hay); la participación de equipos de profesionales ecuatorianos honestos y preparados que estén libres de vínculos económicos y dispuestos a enfrentar las arremetidas de todos los que han usufructuado y abusado de la riqueza nuestra; y, el apoyo decidido de la opinión pública y de los ciudadanos para alcanzar lo planteado.


Sin el soporte, mejor sin la dirección decidida de la Presidencia, poco se podrá hacer en la reconversión y rescate del sector, que por supuesto deberá pasar por una etapa de señalamiento de los responsables de tanto daño. Aquí no puede haber impunidad. Precisamente, por actitudes contemplativas es que el país ha llegado a este nivel de descomposición.


Alcanzado este punto de decisión nacional, es posible delinear acciones que simplifiquen las relaciones del Estado con las empresas públicas y privadas, que obligue al señalamiento de resultados de las empresas públicas y, tener una definición clara del destino de la renta petrolera.


El contrabando de combustibles y el gas parece imparable ¿qué medidas debieran proponer los candidatos presidenciales ahora que se encuentran en plena campaña, para solucionar este crónico mal?


Aún si se dispusiera de un ejército de hombres dedicados a controlar cada metro de las fronteras nacionales, el aliciente que tiene el contrabando es tan desproporcionado, que la corrupción rompería el cerco en pocos días, y los resultados serían de mayor daño público pues seguiría saliendo productos y ahora además habría que pagar a esa pléyade de nuevos servidores públicos.


Al contrabando se lo enfrenta eliminando las raíces que lo alimentan, y en este caso es la política de precios. Diferenciales que llegan a niveles demenciales sólo siembran inmoralidad. Acaso no hemos visto los resultados de violencia que se producen cuando la policía incauta un reducido número de cilindros de gas, y los argumentos lastimeros que se exponen para justificar el tráfico.


La focalización de los subsidios, que ahora superan ya la monstruosa cifra de 2.000 millones de dólares ha sido el caballo de batalla para evadir la decisión. Pero nadie ha podido precisarla, porque es casi imposible controlar el destino cuando se pone en vigencia una segmentación tan marcada de precios. No se cuanto tiempo más soporte esta dilapidación de fondos públicos, que según Carta Económica de CORDES provoca además un contrabando cercano a los 500 millones de dólares anuales.


Los lectores pueden pensar en la cantidad de proyectos que se podrían emprender en todos los campos con semejante cantidad de dinero. La tan mentada educación, salud, medio ambiente se podrían beneficiar de una racionalización sensata de este problema. Entonces, salvo que alguien sólo piense en mantener un sistema tan regresivo y contrario a los intereses sociales, el camino transita por la revisión del sistema de precios y la apertura del mercado a un sistema de competencia.


¿Será posible que el Estado ecuatoriano en el próximo gobierno intente llegar a una negociación con la Occidental Petroleum sobre los costos del inventario de las instalaciones y zanjar definitivamente este caso?


Si es posible, pero ¿será políticamente viable en el ambiente de enfrentamiento y radicalización que existe? Me parece que la respuesta es negativa, aún cuando se sabe que es contraria al interés colectivo, pues el resultado del arbitraje puede traer consigo recargos o sanciones económicas como el pago del lucro cesante y los daños morales.


En la última revista Vanguardia hay una entrevista a Miguel Lluco sobre el problema de EMELEC, CATEC y la propiedad de los activos, en la cual señala que el arbitraje ante el Ciadi, que es el mismo centro al cual recurrió Oxy, está en pleno proceso de ventilación jurídica y que el Estado podría ser condenado al pago de 1.800 millones de dólares, pero que bajo un proceso de negociación, el costo se podría reducir a 80 millones.


Yo no conozco las interioridades del proceso ni puedo avalar la postura de M. Lluco, pero aquí hay un caso al que deberemos prestarle atención para ver que final nos depara.


Se anuncia que Chile y Perú desean acordar un tratado de libre comercio ¿cómo funcionaría si ambos, pertenecientes a la misma región, tienen otros tratados bilaterales con los Estados Unidos?


En la semana pasada se hicieron públicas las profundas diferencias entre los EEUU, Europa y Japón en las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha, con lo cual el objetivo original de corregir estas políticas distorsionadoras del comercio internacional y crear un ambiente propicio para mejorar las condiciones de negociación de los países del tercer mundo, fracasaron.


Esto se veía venir pues no había afán político de arreglarlo, y por eso proliferaron los acuerdos bilaterales de comercio que ya superan los 250. De ahí que lo preguntado no tiene nada de incompatible y funciona en ese marco prolífico de bilateralismo. Lo que se hace es acomodar las disposiciones a cada régimen bilateral y abrir las relaciones entre las partes.


DESTACADOS



Ducker: No hay país subdesarrollado sino mal manejado, ni malos mercados o malas empresas sino malos administradores.



Los subsidios a los combustibles superan 2000 millones y el contrabando los 500 millones de dólares. ¿Cuándo explota?




Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Agosto 3 del 2006


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