Inquietudes nacionales
Estamos en la última ronda del TLC. ¿No son acaso peligrosas las negociaciones de última hora en temas como el agrícola o propiedad intelectual?
No son negociaciones de última hora, son los temas álgidos, complejos, con mayor controversia de intereses, de gran valor estratégico que se los deja pendientes hasta el final para poder balancear las reciprocidades finales del convenio. Esto lo sabíamos desde el inicio de las conversaciones. Ahora está llegando la hora de las definiciones finales, en las cuales la evaluación global de todo el proceso permitirá afinar las posturas para obtener un resultado neto positivo.
En el campo agrícola, la restricción más severa está determinada por la política de subsidios que los EEUU conceden a la producción de un grupo selecto de productos agrícolas vitales dentro de la canasta de consumo diario y por ello muy sensibles a cualquier cambio, y de gran valor comercial por su enorme demanda; política que tiene su contrabalance en los subsidios establecidos por los países de la Comunidad Europea y Japón a sus respectivos sectores y que se entiende- o mejor diríamos se entendía por la casi nula evolución que han tenido las negociaciones-era el tema central o más importante a enfrentarse en la Ronda de Doha. En las próximas semanas veremos si se destraban las conversaciones y se abren las puertas de un largo proceso- que llevará muchos años- de desmontaje de este sistema de protección que es una flagrante contradicción de la libertad de comercio, globalización y funcionamiento de la OMC.
Esta situación conlleva a una posición de protección racional y sensata de los países andinos de proponer clausulas de salvaguardia de uso libre y automático cuando las condiciones del mercado, influenciado por esta precondición, afecten a los productores nacionales, a lo que se suma la incorporación de ciertos cupos y períodos de exclusión, que pueden llegar a 20 años, para aquellos productos de mayor sensibilidad, como son los caso del arroz, ciertos productos avícolas, soya.
En el campo de la propiedad intelectual, los datos de prueba y su período de protección es tal vez el tema de mayor conflictividad. Los andinos aceptan tres años y los EEUU piden cinco. Para el Ecuador, según cálculos hechos por CORDES, a pedido del equipo negociador, el costo involucrado no es relevante, pero la postura es compartida con Perú y Colombia y esto se verá hasta donde llega en la ronda final de negociación, que según conozco para los EEUU no puede rebasar del 22 de noviembre si se quiere tener un calendario que permita a fines del próximo año tener el convenio presentado a los congresos respectivos , en especial el de los EEUU dentro del plazo estipulado en la ley.
El Presupuesto General del Estado se aprueba a fin de mes. ¿Qué nuevos cambios de contenido a más del voluminoso aumento de su monto respecto a años pasados?
Podemos comentar algunos hechos que son nuevos o merecen consideración especial:
El Procurador General del Estado, respondiendo a una consulta hecha por el presidente de la Comisión de los Fiscal y Presupuestario del Congreso respecto de la aplicación de los límites macro fiscales al crecimiento y composición del Presupuesto del 2006, señaló que se los debe calcular sobre la base del Presupuesto inicial del 2005 y no del codificado a mediados de año que contiene incrementos de gasto.
Como la opinión del Procurador tiene efecto vinculante, es decir es de aplicación obligatoria, la Pro forma del 2006 tendría que reducirse en la parte de gastos corrientes en aproximadamente 136 millones de dólares, a lo que se suma los 60 millones de aumento de gasto en remuneraciones de los profesores que acordó en semanas pasadas el gobierno con la UNE y que no constan en la pro forma presentada a inicios de septiembre.
El otro tema es el referente a los subsidios al diesel, gas y otros combustibles que está llegando a niveles inimaginables y que pueden convertirse en un desestabilizador fiscal de consecuencias graves. En años anteriores el gobierno recibía entre 700 y 800 millones por la venta de combustibles. Para este año las recaudaciones son tan reducidas que pueden ser inferiores a 300 millones, y para el 2006 se puso como ingresos 328 millones.
Si los precios internacionales siguen en los niveles actuales es posible que el gobierno no reciba estos 328 millones y necesite aportar con 100 millones adicionales para cubrir los costos de las importaciones de combustibles, con lo cual el déficit de la pro forma que es de 421 millones se duplicaría sólo por este concepto y llegaría a 850 millones!! A esto súmese el otro valor comentados y podemos llegar a 900 millones!!! Que es más del doble del de este año
Con estos ajustes, el desequilibrio fiscal llevaría a tener una necesidad de financiamiento- que incluye las amortizaciones de la deuda pública- de cerca de 2.900 millones de dólares.¡El país va a tener un fuerte dolor de cabeza el próximo año en este campo! Y esto ocurre con precio del petróleo alto.¿ De donde vamos a conseguir tanto dinero?
¿Cómo se explica el interés de la CAF –organismo netamente económico- y otros del ámbito internacional sobre la suerte del actual proceso para nominar a la Corte Suprema de Justicia?
Mas que la CAF es el CAN, es decir el Consejo Andino de Naciones con su Secretario General los interesados en la reconstitución del sistema de justicia nacional. Esta postura se inscribe en la profunda preocupación internacional que existe en gobiernos y organismos multilaterales sobre el deterioro de las instituciones democráticas del Ecuador que ha llevado a tener- para usar una expresión muy precisa- una “democracia mutilada”.
Afuera es difícil entender cómo un país puede vivir ya un año sin Corte de Justicia, sin Fiscal, sin Tribunal Constitucional, en fin con tantas limitaciones y remiendos, que todos buscan, aunque no sea de su responsabilidad ayudar a resolver el problema, pues los ecuatorianos hemos sido incapaces de hacerlo por nuestros propios medios y requerimos de “veedores externos” que aseguren procesos limpios, aunque tengan vicios de constitucionalidad.
Esta presencia es una muestra de la degradación a la que ha llegado la calificación y opinión de nuestra sociedad, sus miembros e instituciones en los ambientes internacionales.
¿Qué implicaciones tiene en nuestra economía el aumento de unos dígitos decimales de la inflación acumulada anual?
Un bajo nivel de precios debería considerarse un bien público, tan importante como mantener el aire limpio u obtener una educación de excelencia. Los primeros afectados por el incremento de los precios, así lo atestiguan varias investigaciones, son los sectores de ingresos medios-bajos y bajos quienes pueden engrosar el número de pobres por el deterioro en el poder de compra de sus ingresos.
El aumento de los precios tiene también otros efectos. Tal vez el más importante es que los bienes producidos localmente se tornan paulatinamente más caros que los producidos en el exterior. Por ello, cada vez se hace más difícil exportar y, en cambio, los bienes importados resultan más atractivos por sus precios más bajos. Si el país estuviera en capacidad de devaluar, se podría contrarrestar ese efecto de pérdida de competitividad, pero como ese no es el caso, en una economía dolarizada la estabilidad del sistema económico requiere mantener niveles de inflación más bajos de los que exhiben los países vecinos y los principales socios comerciales.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Noviembre 11 del 2005