Artículos recientes
Artículos destacados

Inquietudes nacionales

¿En los actuales momentos qué función del Estado o instancia política tiene una agenda mínima y estratégica sobre el destino del IESS?


Parecería que el Gobierno. Por lo menos así se desprende de la versión que se conoce sobre el proyecto de ley que enviará al Congreso y que la han denominado “Topo”, en la cual consta un articulado de reformas sobre distintos campos del sistema de seguridad social.


La propuesta busca precisar la conformación de la Comisión de Inversiones señalando su integración, período de los nombramientos, calificación de idoneidad de los miembros por parte de la Superintendencia de Bancos (SB) y principios que deben regir las decisiones de inversión de los recursos entregados en administración al IESS.


Un segundo campo se refiere a los Fondos de Pensiones proponiéndose que el aporte personal de hasta 1.5 remuneraciones mensuales unificadas más el total de los aportes patronales para jubilación por vejez se destinen al régimen de solidaridad intergeneracional. El aporte entre 1.5 y 5 remuneraciones forman parte de la cuenta de ahorro individual obligatorio, y lo que supere ese tope se acreditará a la cuenta de ahorro individual voluntario. Estas reformas incrementan los dos primeros fondos y restringen el incentivo de la capitalización voluntaria.


Un tercer bloque de reformas se refiere a la constitución de las IARP, Instituciones Administradoras de Recursos Previsionales, que pueden ser públicas o privadas, y que para su funcionamiento requieren autorización de la SB. El IESS puede tener su propia IARP sometida a las mismas normas de control que las privadas.


Estas IARP pueden manejar las cuentas de ahorro individual obligatorio o voluntario y los fondos de reserva de los afiliados. Cada aportante tiene el derecho a escoger la administradora de su confianza, que deberá manejar los recursos bajo parámetros de seguridad y rentabilidad establecidos por la SB.


El IESS puede contratar, con una compañía de seguros calificada que el afiliado escoja, la constitución de una póliza de renta vitalicia financiada con el ahorro individual obligatorio.


Las revisiones de los montos de las pensiones deberán estar respaldadas por estudios actuariales y ser consistentes con el límite de crecimiento del gasto primario del Presupuesto del Estado. En este aspecto el aporte del 40% de las pensiones por parte del Estado será considerado como financiamiento del déficit actuarial.


Al ISSFA, ISSPOL, SCPN se les somete a supervisión y control de la SB, y a la aplicación de políticas de pensiones y aportes debidamente financiadas.


Mirado en conjunto, los planteamientos de estas reformas van en la dirección de recuperar el sistema de mixto (solidario-capitalización individual) que se propuso en el año 2000, con conceptualizaciones de mayor solidaridad y mejor normativa de control, supervisión y administración. Ojalá se lo trate con seriedad por la trascendencia que tiene.


¿Cuál será el punto intermedio entre la imposición de un arancel extremadamente alto para el banano de parte de la Unión Europea y la propuesta de los países productores ubicada en el otro extremo?


Hasta finales del 2005 rige el sistema combinado de cupos y arancel de 75 euros por tonelada de fruta importada de los países latinoamericanos. Estos cupos eran o son distribuidos de acuerdo a los volúmenes comercializados históricamente, y pueden ser utilizados-alquilados- a otros exportadores.


En este sistema Chiquita y Noboa son los fuertes en el mercado europeo. Los demás-Standard, Del Monte, Wong- no han podido alquilar cupos de otras empresas exportadoras y consecuentemente buscan cambios en el mecanismo de ventas a Europa. El costo estimado de la renta o utilización de cupos oscila entre 100 y 150 euros por tonelada, según la temporada y la situación de producción mundial.


Europa quiere cambiar el sistema eliminando los cupos por un arancel único de 230 euros por tonelada para el banano procedente de Latinoamérica y de cero para el proveniente de sus ex colonias y zonas de producción como Las Canarias. El argumento para el cambio se sustenta en la reducción del consumo actual por el alto precio de la fruta producto de los alquileres y restricciones creadas por los cupos. Con el nuevo arancel se espera una reducción en el precio y una expansión del consumo.


La posición de los latinoamericanos, incluyendo el Ecuador que cambió de postura, es la de mantener el sistema actual. Antes, la tesis nacional era la de rechazar todo cupo y arancel en virtud de su capacidad de producción y dominio del mercado.


¿Hasta dónde se puede llegar? Según diversos estudios hechos parecería que el arancel máximo que podría tolerar los exportadores latinos estaría alrededor de los 125 euros por tonelada, sin restricción o cupo alguno y con una vigencia temporal de 5 a 6 años, fecha a partir de la cual se lo reduciría gradualmente. Sin embargo, la postura europea no parece dispuesta a acercarse a este nivel y por ello el mantenimiento de las reglas actuales es una variante posible, aunque también dura de roer por sus efectos en los precios de la fruta en el mercado.


Las medidas de hecho como las de los médicos y los transportistas pesados o el caso “torniquete” en Guayaquil, tienden a convertirse en un recurso ordinario de presión. ¿cómo evitar que esta distorsión perjudique al sistema productivo y al usuario mayoritario que es el pueblo?


Aplicando la Ley y la Constitución. Estos paros están prohibidos y tipificados como hechos penales. Este es un ejemplo más de la descomposición político- institucional del país. ¡Anarquía! Pues las autoridades, si las hay, están ausentes del cumplimiento de sus deberes. La cogestión podría evitar estos hechos, especialmente en la salud.


Si el tema de la propiedad intelectual en la negociación del TLC es el más estratégico, ¿cómo entender que los países andinos hasta ahora no logren consolidar una firme estrategia de negociación?


Tengo la impresión que las posiciones se están acercando lentamente. Estos temas probablemente lleguen hasta el final de la negociación sin acuerdo aparente y sirvan para el intercambio de concesiones de alto valor entre las partes. Desde mi punto de vista, el grado de coordinación entre los andinos, con los problemas lógicos que se producen en estos eventos, ha sido superior al previsto al inicio del proceso. Y sino, miren lo que decía la prensa por aquellos días.


¿Existe la posibilidad de que los organismos internacionales OEA o la ONU puedan aplicar algún tipo de sanción por las irregularidades institucionales que afectan a la administración de justicia en el Ecuador?


En su mayoría podrían ser sanciones éticas o políticas. No hay ninguna posibilidad de ingerencia en las decisiones internas, como por ejemplo pedir el cambio de la Corte. La OEA podría aplicar las sanciones normadas en la Carta Democrática, pero para ello debe ocurrir un golpe de estado. La Comisión Interamericana de DDHH puede llamar la atención o en cierta forma reconvenir al país por el incumplimiento de las normas que rigen este campo. Por su parte NNUU también puede observar al Ecuador por su conducta política.



Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Marzo 4 del 2005

  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Social  Icon

© 2020 por Alex C.