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Inquietudes nacionales

Durante mucho tiempo nos hemos quejado de la inseguridad jurídica producto de una politización en la administración de justicia. ¿Por qué ahora que hay una coyuntura de cambio, fundamentada en la edad y en la cooptación, efectivamente aplicada existe tanta turbulencia?


La politización de ciertas acciones y decisiones de trascendencia nacional son los referentes que explican las razones de la reacción contra la configuración de la Corte de Justicia. Es evidente que hay (hubo) jueces probos, responsables y serios, pero también los hay (hubo) de los otros que lamentablemente con sus fallos han dañado la credibilidad del sistema.


Entonces, el problema es o era dilucidar la forma legal y respetuosa de la Constitución de enfrentar este tema para que se corrijan las anormalidades sobre la base de mantener la independencia y el sistema de cooptación (que no funcionó adecuadamente por la politización interna de la Corte) que se logró introducir en la Constitución Política del Ecuador.


Lamentablemente con las decisiones tomadas por el Congreso este miércoles se ha violentado una vez más las normas constitucionales pues se utilizó una vía resolutiva carente de sustento jurídico, que por su trascendencia determina el inicio de una nueva etapa en la cual se producirán hechos que profundizarán la ya reconocida actitud de la mayoría de los políticos de irrespetar la Constitución. Se ha llegado de modo práctico al uso y abuso descarado del sofisma para cumplir propósitos políticos circunstanciales.


En lugar de corregir lo malo, estamos en un camino que puede generar antecedentes de desestabilización institucional de amplio espectro, con las secuelas que ello trae consigo, pues no hay sociedad o país que pueda tener futuro o sea gobernado de esta manera.


¿Qué nos puede decir del atraso cambiario, utilizando como referencia el cálculo del tipo de cambio real?


El tipo de cambio real (TCR) determina de una forma general la relación entre los índices de precios del país y los correspondientes a sus socios comerciales.


Antes de la dolarización este indicador dependía además de los movimientos del tipo de cambio nominal o de mercado, pero con la incorporación de este moneda, la fijación del valor nominal del dólar depende de la situación de la economía de los EEUU, lo cual le resta movilidad al sistema y le obliga a tener una política económica más rigurosa de la que tienen los regímenes con tipos de cambio flexible.


Con esta limitación, es indispensable contar con una estructura económica que fortalezca la competitividad externa de nuestros productos favoreciendo la relación de costos que pueden ser controlados por la sociedad y las empresas. Así tenemos que la inflación es una variable clave en la determinación de esta ventaja. Los costos de los servicios públicos, la productividad de la mano de obra, la eficiencia del Estado en la atención de sus obligaciones, el respeto a la ley, las normas laborales equitativas son algunos de los supuestos que se requieren para tener éxito en la consecución de un TCR positivo para las actividades nacionales.


Al calcular el TCR tomando como base el año 1994, se aprecia que a partir del 2004 la tendencia negativa que se vio desde el 2000 se ha estabilizado a un nivel apenas tres puntos porcentuales por debajo del equilibrio (100%), lo cual nos indica que las condiciones de competitividad general del país están en un nivel razonable.


Al medir bilateralmente el TCR se observa que con los EEUU seguimos en una posición favorable pues está ubicado en 105%, con Alemania la relación es cercana al 99%, mientras que con Italia y España se ubica en el 112%. Con Colombia la situación ha convalecido por la reevaluación del Peso, pero todavía estamos por debajo del equilibrio (91%). Con Perú ocurre algo parecido.


En conclusión podemos decir que la debilidad del dólar ha permitido ganar competitividad en los países con monedas reevaluadas como el Euro o la Libra Esterlina, pero que la tarea de competitividad descansa en gran medida en la capacidad que tenga el país de corregir sus problemas estructurales y conciliar una política económica que cuide de sus equilibrios básicos. Las empresas por su parte tienen la tarea de mejorar sus índices de eficiencia.


¿Por qué motivo existió tanta polémica, por la subida del precio presupuestario del petróleo de 22 a 25 dólares cuando incluso había legisladores que pedían 31?


El problema de fondo y que ha causado ya enormes perjuicios al país es el haber adoptado como política fiscal el financiar gastos permanentes y corrientes con ingresos que provienen del patrimonio público y que además no son seguros pues dependen de las condiciones del mercado.


Nadie en sus cinco sentidos utiliza el patrimonio de la familia para usarlo en gastos que no le generan réditos o ingresos futuros, pues con esa decisión está encaminando a su hogar a la quiebra. Igual ocurre con los recursos públicos. Su mal uso ha determinado que a lo largo de los últimos 30 años el Estado haya utilizado buena parte de los recursos petroleros en gastos que no dejan ningún beneficio futuro. Y lo que es más grave, buena parte de los déficits que se han dado en estos años han sido producto de la utilización del precio del petróleo para acomodar las cifras presupuestarias a los pedidos de gasto tanto del ejecutivo como a la de los legisladores. Por esta triste realidad es que la Constituyente del 98 decidió quitar al Congreso toda iniciativa de gasto fiscal y dejar en el Ejecutivo el señalamiento del monto de los ingresos y gastos totales del Presupuesto, principio que de una forma sutil ha sido roto por la actual legislatura.


Con estos antecedentes se planteó hace tres años que en el Presupuesto se use como precio referencial del petróleo el promedio de los últimos 20 años a fin de asegurar por un lado que la ejecución sea haga sobre bases reales y seguras, y por otro lado poner un tope al mal uso de este patrimonio, liberando los excesos a un fondo, FEIREP, que sirva como mecanismo estabilizador de etapas depresivas y como recomponedor del patrimonio público mediante la racionalización del endeudamiento público y la liberación de recursos hacia los sectores sociales.


Un país sobre endeudado necesita ahorrar para resolver su estrangulamiento y esa vía permite corregir de manera ordenada el problema que atosiga al bienestar colectivo.


Finalmente, con los descuentos que hay en el mercado petrolero actual para crudos como el ecuatoriano, el uso de 25 dólares como referencia casi no da margen de maniobra y puede generar problemas adicionales al presupuesto del 2005. No se trata de proponer cualquier precio, como si estuviéramos en una feria. Alguna vez aprendamos las lecciones y rectifiquemos el proceder público.


Es conveniente o no la decisión de los Estados Unidos de tratar el tema agrícola del TLC individualmente y por separado de Ecuador, Colombia y Perú? ¿Cuál es este propósito estratégico?


De lo que entiendo las cosas no son tan extremas. A los EEUU les interesa sostener el principio de una negociación multilateral, y en eso coincide con los Andinos. Lo que sucede es que hay temas vinculados con ciertos productos, como por ejemplo el Atún enlatado, en el cual el Ecuador tiene un interés particular y busca llegar a un entendimiento específico. Colombia y Perú también tienen sus excepciones y en esos casos buscan bilateralizar el arreglo. Esas son las reglas de juego que se impusieron desde el inicio y que ahora se las ve en la práctica.



Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Diciembre 10 del 2004

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