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Que mala decisión

La discusión sobre el dilema de si ¿debe la economía ser independiente de la política? lleva larga data. Algunos hacen de este tema el meollo de la argumentación para sostener cualquier tesis de política económica. No importan sus consecuencias, lo válido es reconocer que la economía está sometida a las decisiones políticas, como si esta opción respondiera a un territorio en el cual rige el principio de ser “tierra de nadie”, que no obliga a asumir responsabilidades ni peor a dar cuenta de los actos. Simplemente, se plantea la búsqueda de un etéreo “bien común”, que no se conoce cual es ni como se lo alcanza, para lo cual cualquier plan de acción se lo explica y lo que es más intrépido aún, se lo justifica.


Esta forma de pensar ha sido el infeliz supuesto que se ha utilizado para echar por la borda aquellas normas que obligan a ser responsables y a manejar con celo los recursos públicos. Es también el sustento para romper una línea de conducta que exige valentía y decisión en sus jornadas diarias. Con la cantaleta de que las condiciones políticas imponen sacrificios, en este país se han hecho trizas muchas ilusiones, y no sólo eso sino que se ha usurpado los patrimonios privados.


Sin embargo, la historia demuestra, de forma incontrovertible que la política económica que preserva los principios de manejo responsable y equilibrado es la que ofrece mejores posibilidades de alcanzar niveles superiores de bienestar. Esto no quiere decir que sea independiente del quehacer político, sino que ambas se inscriben en un marco de manejo serio, o como lo dice la Directora Regional del PNUD “no hay mercado sin política, que buen mercado implica buena política (que) debe hacer lo que el mercado deja sin hacer” y que “Democracia no significa irresponsabilidad fiscal, ni facilismo”.


Y en esa dirección de pensamiento, la construcción de una institucionalidad pública eficiente, honesta es parte de un programa público dispuesto a instalar principios de gobernabilidad que combata el fraude, la evasión, en fin la corrupción tributaria que constriñe las posibilidades de construir una sociedad mas solidaria, y con pretensiones de futuro halagüeño.


Y para eso es indispensable contar con un Estado moderno, ágil, honesto, integrado a la sociedad y compenetrado de sus responsabilidades, en el cual sus dirigentes e instituciones cumplan el rol asignado de forma oportuna y en condiciones compatibles con una sociedad que resuelva sus problemas ancestrales.


Pues bien, lo ocurrido este pasado lunes con la Directora del SRI, Econ. Elsa de Mena es una clara ejemplificación de la desatinada y más que nada mal utilizada vinculación de la mala política en la economía. Así no se trata a una persona que con dedicación y honestidad sirvió al país, le ofreció resultados tangibles y merece nuestro reconocimiento. El mensaje que trae esta decisión va a convertirse en un bumerang económico para el propio gobierno. Y como siempre ocurre con los hechos impúdicos, nadie explica el por qué, pues da vergüenza poner la cara sabiendo que se ha jugado con la confianza nacional.


De que sirven las leyes tributarias si los encargados de su cumplimiento no responden al interés colectivo. Así se rompe a la política económica. El país y este gobierno van a sentir los daños de tan mala decisión presidencial.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Septiembre 9 del 2004

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