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Semaforo amarillo

Haciendo un poco de cuentas sobre las finanzas públicas se encuentras cifras que merecen una atención especial. Por ejemplo, el resultado de tanta decisión distributiva de recursos a los organismos seccionales, a las universidades y a las entidades descentralizadas, ha ocasionado que el Presupuesto del Estado tenga que entregar este año casi 1.500 millones de dólares, de los cuales 970 van a los municipios. 300 a las universidades y un poco más de 200 a otras entidades. Como consecuencia de esta política, al Estado, representado por el gobierno central sólo le quedan menos de 700 millones para inversión pública, que como podrán apreciar es inferior a lo que se les transfiere a los municipios para que hagan obra pública. De aquí nace la paradoja de tener un Estado haraposo, con cien mil obligaciones y entidades locales o descentralizadas ricas, sin ninguna obligación sobre los conceptos en los cuales deben invertir esos recursos. ¿Hay cómo sostener este modelo?


A esto se suma el monto de la masa salarial, que en este año llegó a 2.027 millones de dólares, que significa el 30% del Presupuesto y que en el año 1999 era de apenas 930 millones. Esta masa salarial creció en el 9% sólo en el último año, y con la ley de Homologación Salarial tendrá un tendencia tan agresiva que con seguridad se convertirá en otro factor desquiciante de la política fiscal.


Y ya que estoy en este campo, podemos indicar que el número de servidores públicos continúa en ascenso y estarían muy cerca de los 375.000 empleados, de los cuales 300.000 corresponden al gobierno y los restantes a las demás entidades públicas.


Entre el 2001 y este año hay un aumento de casi 25.000 empleados públicos, y sólo en este último ejercicio la cifra supera los 10.000 nuevos servidores.

Igual ocurre con las remuneraciones, que en promedio de todo el sector público pasaron de 330 dólares el 2001 a 600 dólares mensuales en este año. Casi el doble en apenas cuatro años y dolarizados. Al desagregar este gran promedio encontramos diferencias remunerativas enormes. El costo salarial mensual del gobierno que ahora es de 570 dólares, muy similar a los municipios, no tiene nada que ver con Petroecuador en donde es de 2.300 dólares o a las Portuarias y Autónomas en donde es de 1.700 dólares.


Pero esto acaba ahí, pues en estas dos últimas entidades se ve un cambio en los últimos cuatro años impresionante: multiplicaron por cuatro el costo salarial mensual de 400 dólares que tenían el 2001. ¿Quién aguanta esto? Es acaso esto austeridad. ¿Tiene lógica? Se puede decir que las entidades públicas son un ejemplo para la sociedad por la forma sobria y responsable con la que enfrentan sus responsabilidades. No quiero generalizar, pues hay excepciones conocidas, pero los datos llevan a tener una apreciación de la conducta general de la institucionalidad pública como de dispendio.


Con estos antecedentes, tanto la actitud de desmantelar progresivamente el Presupuesto del Estado con esa mal concebida descentralización, como la vigencia de la ley de Homologación Salarial merecen una reconsideración nacional antes de que sea demasiado tarde y estemos embarcados en una vorágine incontenible de peticiones inatendibles. Aquí hay un semáforo amarillo que exige atención y que se inscribe en la devolución de la representatividad y solvencia a las finanzas públicas.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Agosto 10 del 2004

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