Inquietudes nacionales

Una gran confusión se ha generado respecto al laudo arbitral que no favoreció al Ecuador en su litigio con la Occidental. ¿Es conveniente este procedimiento entre un Estado débil y compañías transnacionales tan poderosas? ¿Existe confianza en este tipo de justicia internacional?

El laudo, o mejor dicho el arbitraje es precisamente un mecanismo creado para defender derechos en un ambiente carente de presiones desequilibrantes por parte de uno de los litigantes. Es un sistema que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y desarrolla el trabajo con la participación activa de las partes, que por lo general proponen un arbitro y entre ellos escogen el dirimente y director o presidente del comité. Esta fórmula es utilizable para defender a cualquiera de las partes que se sienta perjudicada, y por lo tanto los Estados pueden acudir para exigir una reparación concreta.

El Ecuador en Agosto de 1993 firmó un tratado con los EEUU denominado Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, que entró en vigor en Abril de 1997, y que es el instrumento al cual acudió Occidental para reclamar la devolución de 80.5 millones de dólares de IVA y 121.5 millones de dólares por daños.

En el laudo, cuyo contenido alcanza a diferentes materias, en su mayoría vinculadas con la jurisdicción del reclamo, la admisibilidad y las razones de la controversia, se aprecia el detalle y la complejidad de la disputa. Los árbitros utilizan las Normas de Arbitraje de la Comisión sobre la Ley Internacional de Comercio de las NNUU y dejan constancia de que en las audiencias escucharon a las partes y les remitieron para sus comentarios todas las minutas.

Se reconoce la existencia de una Ley del Grupo Andino, que prevalece sobre la nacional, en la cual la compañía tiene derecho a la devolución del IVA, aspecto que no ha merecido atención en el país y que debe ser objeto de un cuidadoso análisis para evitar futuros problemas.

Dentro del laudo queda constancia de la declaración del SRI de reconocer una parte, en monto la más importante, de la reclamación y que corresponde a la diferencia entre el 10% y 12% del IVA, y que por lo que hemos conocido por la prensa llega a un valor cercano a los 50 millones de dólares.

En conclusión, el Ecuador se sometió al arbitraje que es parte del Tratado firmado libre y soberanamente con los EEUU, y en ese ambiente aceptó las reglas de juego.¿Puede apelar?. No lo se, pero si ya adoptó una decisión de utilizar este mecanismo, debe ser consecuente con los principios que reglan el sistema.

Por una información de Diario El Comercio, se conoce que el Banco Mundial ha sostenido en un informe que el futuro del dólar en el Ecuador es incierto. ¿Cuál será la base de tan pesimista pronóstico?

No lo conozco y he tratado de averiguar en el corto tiempo que dispongo para contestar las preguntas pero no he tenido éxito en mi intento. Ofrezco hacerlo en la siguiente oportunidad.

¿Cuál es la perspectiva de la producción estatal petrolera una vez que el gobierno retiró el proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos para permitir la asociación con empresas privadas en la producción nacional?

La misma. No hay un solo elemento que nos permita cambiar de opinión. Seguiremos apreciando el deterioro de la producción petrolera de los campos administrados por Petroecuador, y cada día se verá un riesgo mayor de perder definitivamente algún o algunos campos por la invasión de agua en los reservorios, y ahí si eso ocurre, que espero no se produzca ya será demasiado tarde.

Aún no termina el 2004 y se conoce que existe un déficit fiscal para este año; sin embargo, ya se habla de las dificultades presupuestarias del 2005. ¿Cuándo el Ecuador encontrará junto con la disciplina un equilibrio fiscal como tienen otros países?

Cuando se respeten los principios económicos y no se jueguen con ellos. Cuando se entienda cómo funciona una economía de mercado y como se utilizan los instrumentos públicos para volverla eficiente. Cuando se defiendan los intereses públicos y se nacionalicen las finanzas públicas, es decir cuando el Presupuesto del Estado tenga prioridad y se cuiden sus recursos. En fin, cuando la política entienda que su papel es defender el bienestar colectivo, mejorarlo y no hacer uso de este concepto para resolver “aparentemente” un problema del momento, gestando uno mas grave a futuro.

Como lo dice un artículo argentino de la revista Fame Magazine de abril pasado, citando al escritor Marcos Denevi, mientras exista la viveza criolla, que es la habilidad mental de manejar los efectos de un problema sin resolver el problema, y el vivo se mueva para eludir dificultades o desviarlas a un tercero, los problemas encargados a su manejo, seguirán presentes.

¿Podría decirnos cuál fue el primer banquero de Quito?

Según la historiadora Tamara Estupiñan, Cristóbal Martín es el nombre de este ciudadano, que vivió entre 1555 y 1633. Era un judío natural de la Villa de Amberes.

¿Tenemos alguna idea del abuso de los fondos públicos? Me refiero a corrupción y actos que demuestren mal uso de los recursos de la sociedad.

El Dr. Luis Hidalgo l., Gerente de Lexis, en su Carta del Mes, correspondiente a Abril de este año recoge las declaraciones del Contralor General del Estado, publicadas en el diario El Comercio del 19 de febrero pasado, en las cuales se determina que en el control del año 2003 se han establecido, nada menos ni nada mas que 250 millones de dólares de mal uso, abuso y desperdicio de fondos públicos.

De esta cifra tan alta, 13 millones están vinculados con operaciones en las cuales hay indicios de responsabilidad penal y la diferencia, es decir 237 millones han sido utilizados de una forma negligente, improvisada, imprudente, causándole perjuicios al Estado ecuatoriano y configurando la figura de responsabilidad civil culposa.

Si bien la pregunta no se refiere a los resultados de la gestión de recuperación de estos fondos, podríamos afirmar que siguen el mismo camino y guarda consistencia con lo que hemos visto alrededor de la gestión de la AGD: casi nada se ha recuperado. El Dr. Hidalgo afirma con claridad y contundencia que en la Contraloría y en cierto caso en la AGD si ha funcionado la etapa de identificación de perjuicios causados por autoridades públicas y ciertos banqueros, pero no ocurre lo mismo con el sistema de recobrar.

Estas cifras son otra muestra de lo mucho que se puede conseguir con acciones decididas que ataquen la raíz de tanto abuso y dispendio. Aquí tenemos casi 1% del PIB y nos preguntamos ¿cuánto más habrá sin descubrirse?

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Julio 23 del 2004