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Inquietudes nacionales

Se está haciendo costumbre que exista poca claridad en las cifras económicas oficiales; en este contexto, ¿Cuál es la posible verdad sobre el déficit fiscal 2004 si no media un acuerdo con el FMI?


El total de ingresos del Presupuesto provenientes de la explotación petrolera y de los tributos alcanza a 5.051 millones, mientras los gastos que incluyen los corrientes e inversiones públicas llegan a 5.578 millones. El resultado de este balance es un déficit de 527 millones de dólares, que representa el 1.8% del PIB.


Ahora bien, como en esta relación no se incluyen los rubros relativos a los pagos de capital de la deuda pública que vencen en el 2004, el problema se complica ya que se necesitan 1.510 millones de dólares adicionales por este concepto, lo que lleva a tener un requerimiento de financiamiento del Presupuesto de 2.037 millones de dólares. ¿Cómo se los consigue? A través de nuevo endeudamiento, que es lo que consta en el Presupuesto.


De los 1.510 millones de deuda pública que se tiene que pagar este año, el 50% es interna y la otra mitad externa. El IESS y los organismos multilaterales son los mayores acreedores del 2004.


El nuevo endeudamiento que cubre esta brecha tiene como fuentes 1.454 millones de deuda interna, en la cual el IESS vuelve a jugar un papel vital, y 583 millones de origen externo que en la realidad corresponde casi todo, si no es todo, a organismos multilaterales. Y, este es el tema vinculante con el acuerdo con el FMI, pues buena parte de estos desembolsos dependen de la opinión oficial de este organismo. En otras palabras, aunque peque de redundante, si el país no llega a tener un stand by, el déficit original de 527 millones puede llegar a duplicarse. Por supuesto, el análisis aunque responde a la pregunta, no se acaba ahí ya que debe incluir, dadas las condiciones actuales, la posibilidad de no contar tampoco con las fuentes de endeudamiento interno.


Entonces, de lo anterior se ve que la participación del FMI es altamente necesaria, mas allá de que nos guste o no su presencia, y la disposición del mercado interno juega también un rol decisivo. Sin estas condiciones, el Presupuesto no podrá ejecutarse y muchos programas, especialmente como es usual de inversión, terminarán siendo excluidos.



En la gran polémica y confusión que motivó el caso de las pensiones jubilares siempre se esgrimió con obstáculo al aumento la falta de una proyección actuarial. ¿En qué consiste esta variable?


Es un estudio matemático que permite determinar si los recursos con los que cuenta el Fondo de Pensiones le permiten cubrir a lo largo del tiempo el valor de las pensiones de sus jubilados. Se calcula el valor de las aportaciones durante la afiliación de los asegurados, la rentabilidad que obtienen esos recursos, se deducen los gastos y con ese monto se aprecia si hay suficiente dinero para cubrir, en los años de supervivencia del jubilado, el monto de sus pensiones.


Si el resultado es negativo quiere decir que hay un “hueco” llamado “déficit actuarial”, que determina la necesidad de que alguien-normalmente el Estado- lo cubra para que se pueda sostener esa pensión. Caso contrario lo que sucede es que se está usando o tomando, sin autorización alguna el dinero de los que están activos en su vida laboral y todavía no cumplen los requisitos de jubilación.


Este déficit actuarial, calculado sobre la base estipulada en las disposiciones legales esconde su verdadera dimensión, pues considera como fuente propia de financiamiento a la obligación estatal de cubrir el 40% de las pensiones. Que quiero decir con esto, simplemente que de inicio este sistema reconoce su inviabilidad financiera y la necesidad de que la sociedad como un todo aporte a través del Presupuesto del Estado ese alto porcentaje de manera indefinida; y, a pesar de ese esfuerzo colectivo, todavía le faltan recursos para atender las pensiones que todos conocemos.


Esta realidad desnuda la problemática del sistema de pensiones, obliga a replantearlo si se desea resolver, con equidad nacional este instrumento de cobertura social.


¿Cuál es el motivo para que exista tanta confidencialidad con las negociaciones o los grandes parámetros que se están elaborando respecto al TLC? ¿No estaremos acaso frente al típico contrato de adhesión de un grande a los chicos?


De lo que yo conozco no existe esa situación. El gobierno, y específicamente el Equipo Negociador han instituido lo que denominan “el cuarto de lectura”, tanto en Quito como en Guayaquil, y ofrecen instalar un tercero en Cuenca, para que todas las personas interesadas en el proceso de negociación del TLC puedan conocer en detalle todas las interioridades.


Los principios de transparencia y accesibilidad informativa son consustánciales al éxito de la negociación. El país debe conocer en profundidad las oportunidades, debilidades, amenazas, fortalezas para poder arribar a una decisión debidamente calculada. Habrá ganadores y perdedores, pero lo que se busca es que la balanza sea claramente favorable, y para poder emitir una opinión es indispensable conocer la materia del debate.


El negociador oficial Cristian Espinoza, en su presentación ante la Cámara Ecuatoriana-Americana el pasado martes, no dejó ninguna duda de la apertura informativa sobre esta negociación.


¿Será posible en las actuales circunstancias económicas, políticas y sociales, emprender una reestructuración a fondo de la criticada empresa estatal Petroecuador?


Nunca es tarde ni inoportuno un proceso de búsqueda de mejores niveles de eficiencia. Es mas, es una irresponsabilidad no hacerlo sabiendo que la organización tiene problemas tan profundos que ocasionan pérdidas al patrimonio público.


Los robos de combustibles, las pérdidas en refinación, la caída de la producción petrolera son tres resultados de una gestión altamente inconveniente. Si sumamos los tres rubros, el país pierde mas de mil millones de dólares al año, así como lo leen, mil millones, una cifra escalofriante. Y a pesar de eso, algunos todavía no quieren ver la realidad y defienden el mantenimiento de la situación actual. Se han convertido en los conservadores del mundo actual, que no quieren que cambien las cosas y se mantengan los onerosos y desbordantes privilegios que existen y tanto le cuestan al país.


Si diéramos paso a una estructura empresarial moderna, con controles y rendición responsable de cuentas, en la cual se permita las asociaciones con entidades privadas con objetivos balanceados, el resultado sería beneficioso para el Estado y la colectividad. Nuestras innumerables necesidades insatisfechas se reducirían y en algo apalearíamos la inequidad. Pero la sociedad no quiere ver este enorme problema y persiste en su postura de tolerancia incomprensible.


¿Se puede invertir los 400 millones en bonos del gobierno americano en lugar de bonos ecuatorianos?


Es posible, pero la rentabilidad será notablemente inferior a la que brindan los bonos nacionales. Sin embargo, creo que la respuesta debería encaminarse más bien hacia el señalamiento de normas muy precisas sobre la forma cómo debe estructurar el IESS su portafolio de inversiones. ¿En qué papeles puede invertir, bajo que condiciones, por que montos y con que plazos? La normativa tiene que ser muy rigurosa para minimizar posibles pérdidas, para lo cual las exigencias sobre la calidad de los papeles tiene que ser similar a la que se aplica en los mercados internacionales. La distribución del riesgo debe ser amplia y no concentrar su portafolio en pocos emisores.


Las empresas, los bancos, las instituciones que emitan papeles y quieran calificarse para negociar con el IESS deben estar registradas en las bolsas de valores, presentar balances semestrales, tener auditores internacionales, en fin tener gran transparencia y estar sometidas al escrutinio público.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Julio 9 del 2004

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