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Inquietudes nacionales

¿Es verdad que hay cálculos equivocados en la distribución del porcentaje que regula el Estado por su participación en las ventas de petróleo? ¿Se beneficia sólo al presupuesto y no al Fondo de Reserva Petrolero?


No creo que eso se de por las siguientes razones: existen dos fondos petroleros, el primero conocido como Fondo de Estabilización Petrolero (FEP) que se nutre con el excedente neto de ingresos provenientes de la explotación de crudo liviano, que la ley lo define como superior a 23 grados API. Para calcularlo se toma el precio de exportación, el volumen exportado, el valor de las importaciones de combustibles. De ahí se obtiene un monto que se lo compara con el que consta en el Presupuesto y, si existe un remanente, pertenece al Fondo.


La confusión, a la que se refiere la pregunta probablemente existe por la creencia que este nuevo instrumento tiene como fuente el diferencial entre el precio internacional del crudo liviano y el que consta en el Presupuesto. Esta forma de pensar lleva a un resultado errado porque omite la incorporación de la cantidad producida de petróleo y los recursos utilizados para cubrir la demanda interna de combustibles como elementos constitutivos para el cálculo del remanente.


De otro lado existe el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Reducción de Endeudamiento Público (FEIREP) que se nutre de toda la participación estadual de la producción de crudo pesado que se transporte por el OCP, o que eventualmente se lo haga por el SOTE. El crudo debe ser de una gravedad que no supere los 23 grados API. En este caso todo lo que ingrese de manera bruta pertenece al FEIREP.


Ahora, del primer Fondo (FED) el 45% va al FEIREP, el 35% a la Troncal Amazónica, 10% a equipamiento de la policía y 10% a proyectos de las provincias fronterizas. El segundo Fondo (FEIREP) puede usarse el 70% para reducción de deuda pública, interna o externa, 20% para cubrir períodos de precios de petróleo depresivos y 10% para programas sociales de educación y salud.


Con todos estos elementos no veo razón para que existan agujeros conceptuales o margen de maniobra para alterar el destino de los recursos petroleros.



En la semana anterior las declaraciones oficiales señalaron que el 18 de mayo del presente año se iniciarán las negociaciones oficiales del TLC con los Estados Unidos ¿A qué se debe un cambio tan rápido del cronograma, máxime cuando nuestra estrategia de negociación todavía es muy precaria?


Básicamente al resultado de las conversaciones entre el Presidente Bush con el Presidente Uribe. Sabíamos desde hace mucho tiempo que Colombia nos iba a marcar el paso y eso ocurre ahora. No hay nada nuevo.


Precisamente estos antecedentes nos llevaron a reclamar al gobierno para que adopte una postura definida en la composición del equipo negociador y que se discutan las tesis nacionales que se presentarán en las rondas de negociación.


Ya está claro lo que busca EEUU en la negociación común con los andinos (excepto Venezuela): tener una base compartida de puntos que recoja principios generales de aplicación compartida y, limitar las diferencias a cláusulas particulares que constarían en anexos individualizados en los cuales se especificarían aquellos puntos, campos, aspectos que requieran esa condicionalidad. Un ejemplo podría ser el de las desgravaciones tardías, o posteriores, o también llamadas asimétricas que otorguen tiempo a favor de cada país andino para que pueda mejorar su eficiencia, o incluso condicionarla a la eliminación de tratos tributarios favorables por parte de los EEUU a ciertos productos o sectores.


¿Es normal que la economía fiscal de los Estados, se encuentre afectada por preasignaciones nacionales y compromisos internacionales como sucede en el Ecuador? ¿Cómo se puede planificar el desarrollo en estas condiciones?


No conozco la existencia de un problema tan agudo como el ecuatoriano. Existen compromisos muy definidos en varios campos del gasto fiscal federal norteamericano: el subsidio al sector agropecuario con el manejo de las existencias reguladoras de precios; el apoyo constante a países vitales en la concepción de seguridad nacional, medicare, educación, defensa, deuda ocupan un papel decisivo en el gasto de los EEUU.


El problema que tienen ahora es que simultáneamente con la reducción de ingresos provocado por la caída de los mercados de capitales (2001), mas el aumento de gastos en defensa después del 11 de septiembre, el aumento de los gastos de salud y pensiones, el gobierno de Bush decidió reducir los impuestos! con lo cual se creó un déficit cercano al 5% del PIB que lo cubren con deuda pública, cuyo monto estaría llegando a tres trillones de dólares


En la realidad ecuatoriana el margen de maniobra es casi inexistente ya que las preasignaciones y los gastos corrientes de remuneraciones y servicio de deuda agotan y rebasan los ingresos tributarios. Se usan los recursos petroleros para gasto que no genera beneficio futuro y ahí está el tema que agobia las potencialidades nacionales. El país se digiere –consume- día a día su patrimonio público y, los correctivos todavía son insuficientes. Los fondos de estabilización son un esfuerzo de la actual generación a favor de las futuras, pero pocos los ven con ojos de solidaridad intergeneracional.


En perspectiva histórica, el patrimonio público ha sido esquilmado por el voluminoso gasto público y con ello se ha desprotegido a las generaciones por venir.


De conformidad a las informaciones de prensa, el Procurador del Estado dictaminó que debe cancelarse el proceso de los contratos de asociación petrolera de los pozos estatales. ¿Cuándo se terminará este vía crucis de la economía ecuatoriana?


Cuando el Estado se lo maneje seria y responsablemente. El gobierno estuvo advertido, con suficiente antelación y argumentos consistentes que esta licitación no tenía viabilidad. Pero insistió y ahí están los resultados. Se ha perdido más tiempo y con ello enorme cantidad de recursos que nunca se recuperarán, mientras por otro lado vemos como el Presupuesto tiene problemas de caja.


Se les dijo a los responsables del manejo de este sector que tenían una enorme carga en la viabilidad del programa económico y en el financiamiento de las necesidades públicas. No hicieron lo que les correspondía y jugaron, una vez mas con la cantaleta de la defensa de los intereses públicos para sostener un proceso económica y legalmente viciado. Ahora hacen silencio y no demuestran sensibilidad pública.


El grado de politización que afecta a la Agencia de Garantía de Depósitos, ¿habrá extinguido la capacidad de cobrar las deudas de la banca cerrada?


No tiene porque ocurrir aquello. Lo lastimoso es el ambiente enredado, conflictivo que se ha creado y la ausencia de información sobre los resultados tangibles, medibles de la gestión de esta entidad.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Abril 1 del 2004

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