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Hay que cuidar la consistencia

Los vaivenes políticos del gobierno son un precioso ejemplo de la descomposición de principios a la que se ha llegado. Hoy sostengo lo contrario de lo dicho ayer, y si alguien me critica, los culpables son los periodistas que tergiversan las cosas. El “yo no he dicho eso”, o el famoso “es que” son dos construcciones gramaticales que esconden la debilidad o falta de entereza para responsabilizarse de sus actos. Mentir, decir verdades a medias, insultar u ofender son las argucias de la incapacidad para discutir tesis. Cuando alguien se ve perdido acude de inmediato a la diatriba, lanzando lodo al adversario o haciendo fisga de cualquier hecho. Son raros, aunque existen y valen su reconocimiento, los casos de lucha por tesis y la defensa de decisiones sobre el mérito de las mismas. Lamentablemente esos sucesos se pierden en medio de tanta insanidad.


Algunos se preguntarán a que viene esta introducción, si ya conocemos hasta el cansancio la conducta pública de buena parte de nuestros dirigentes políticos y comentaristas especializados. Pues bien, quiero aprovecharla para rescatar la conducta del Congreso Nacional en la aprobación del Presupuesto del 2004, que por primera vez en muchos años no utilizó las artimañas de cambio de partidas para atender intereses de los diputados que conforman la Comisión de Presupuesto, y que redujo, también por primera vez la pro forma enviada por el Ejecutivo como resultado de un cálculo actualizado de los ingresos para ese período.


Estos dos hechos, poco comentados por los medios de comunicación, esperemos que se conviertan en un hito de la conducta de quienes tienen responsabilidades con la colectividad. Rompen, o espero que rompan, la zigzagueante manera de explicar lo inexplicable, o de sostener lo contrario cuando han dejado las funciones públicas en una muestra indiscutible del alzhaimerianismo contagioso que rodea la historia de nuestro país.


Con la aprobación de este Presupuesto también se fijó la política salarial del sector público de mantener las remuneraciones actuales sin variación. La única excepción es el aumento de 10 dólares en el salario básico del magisterio, que constituye el límite económico para la solución de la actual huelga de los profesores. Le corresponde al gobierno solucionarla sin afectar, como se lo hizo hace pocos meses, la estabilidad de las finanzas públicas. Aquella decisión de principios de año puso en apuros al programa económico ya que constituyó una violación del compromiso consentido con los organismos internacionales. Ojalá ahora, sobre este tema el gobierno no reincida y se conduzca como lo hizo el Congreso sobre la pro forma del 2004.


En guarda de la consistencia nacional, tomando como ejemplo lo acordado para el sector público y frente a este inflexible modelo de dolarización, correspondería mantener una política salarial privada de características similares que asegure el sostenimiento del empleo como prioridad esencial, lo cual significa no imponer aumentos generales sino dejar en libertad para que las empresas que pueden revisar las remuneraciones lo hagan en virtud de su productividad y competitividad. El nivel de inflación alcanzado ya permite la eliminación de los sistemas de indexación salarial que son un ingrediente contradictorio del esquema en funciones.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Diciembre 3 del 2003

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