Hagámoslo de una y bien
Creo que ha llegado la hora de terminar con este crónico proceso de reformas tributarias. Es momento de darle al país un lapso, lo suficientemente amplio, de tranquilidad en las relaciones entre los contribuyentes y el Estado a fin de poder promover inversión, en cuantías relevantes y con multiplicidad de sectores involucrados.
Con ese propósito es conveniente incorporar al proyecto de reforma, debidamente reestudiado, un capítulo de modificación al sistema impositivo municipal que, como lo señalábamos la semana pasada en esta misma columna es un obstáculo para la inversión y un incentivo para la corrupción. En ese sentido, se presentan las siguientes propuestas:
1.- Sustituir el actual sistema de catastro municipal que se sustenta en avalúos provectos y absurdamente bajos, por uno que contenga los valores de mercado de las propiedades, sobre el cual se aplique un Impuesto Predial razonable, que tenga como techo el 6 por mil anual para aquellos bienes ubicados en zonas privilegiadas de cada cantón. Los municipios mantendrían la facultad de zonificar las urbes para diferenciar el impuesto en función de la realidad social.
Con este sistema de valoración permanente y de tributación predial verídica ya no cabe la existencia del Impuesto a la plusvalía, que se lo creó para corregir la decrepitud del sistema en vigencia y que por su configuración ha sido obviado mediante prácticas de subvaloración de escrituras o a través de la utilización de compañías para el traspaso de la propiedad.
Este nuevo Impuesto Predial debería venir acompañado de una disposición que obligue al sistema financiero a recibir como garantía hipotecaria el inmueble con su valor escriturado, traspasando los avalúos a la escritura como documento habilitante. Con esta norma se crearía un mecanismo de autorregulación que favorecería el interés municipal al contar con registros flamantes. En caso de subvaloración, el municipio podría intervenir adquiriendo el inmueble al precio fijado en la escritura.
También debería eliminarse el recargo por solares no edificados e introducirse este concepto para aquellos inmuebles, departamento o casa, cuya extensión supere un tamaño considerado como máximo.
2.- Unificar en un solo tributo los actuales impuestos a la transferencia de propiedad inmobiliaria, alcabalas y otros por uno que permita asegurar la veracidad de los valores de la transacción. La tabla actual que empieza en el 4% más todos los recargos ocasiona un costo tributario “teórico” de alrededor del 16%, que nunca se lo paga, debería reemplazarse por un Impuesto Único a la Transferencia de Dominio del 1%.
3.- Unificar la Patente Municipal anual y el Impuesto al Capital en Giro en uno sólo pues ambos tienen el mismo propósito de cobrar por el ejercicio del comercio. Aquí también la historia se repite. La obsolescencia del uno dio lugar al aparecimiento del otro, e incluso ha sido motivo de abuso por ciertos municipios. La sugerencia es poner como tope la tarifa de 500 dólares.
4.- Se mantendrían las tasas las tasas por servicios específicos.
Con esto tendríamos un sistema simple, permanentemente actualizado, no corrupto, con diferenciación social que permitiría a los municipios contar con recursos, depender menos del gobierno, y a las actividades productivas de un sistema transparente que incentiva la inversión.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Septiembre 26 del 2003