Veamos bien que pasa

Desde hace algunas semanas se aprecia en algunos círculos económicos una tendencia crítica al funcionamiento del modelo económico actual. Los argumentos se concentran en la pérdida de competitividad por las devaluaciones de países con los cuales tenemos comercio, como por el aumento de los costos internos.

Indiscutiblemente hay razones para sostener que el país ha visto reducir sus niveles de protección y competitividad. Las más evidentes se sitúan, una vez más, en las inconsistencias y dilatorias de las decisiones que exige el modelo de dolarización. En la práctica, ahora se sienten los efectos perniciosos de las desatenciones y desvíos provocados en el gobierno anterior. La verdad es que no aprendemos las duras lecciones de los últimos veinte años y seguimos acusando a otros de los problemas que son producto de nuestras decisiones. Hemos aplicado todas las variantes de política cambiaria, y todas sucumbieron porque los programas económicos -léase gasto público- terminaron irracionalizándose debido a la politización de las medidas. Por eso, ahora se espera que ello no vuelva a ocurrir. De ahí la importancia de mantener sin miramientos y a largo plazo una política fiscal superavitaria que le devuelva la credibilidad al país.

Si no fuera por algún poderoso que está en los cielos, que debe ser ecuatoriano y nos dio precios altos del petróleo, redujo las tasas de interés internacionales a niveles inimaginables y desestimuló las inversiones en acciones de los mercados internacionales, la situación nacional sería mucho mas apretada. Precisamente de eso abusó la política económica anterior y consumió un tiempo irremplazable. La permisividad nacional tiene su parte de culpa.

Alguien señalaba que hay ganadores y perdedores en la dolarización. ¡Vaya descubrimiento! En qué modelo o estrategia no hay estas distribuciones de beneficios. ¿Habrá alguno de equidad absoluta? Si alguien conoce debería ponerlo a disposición del país y del mundo para imponerlo. Lo que siempre hemos sabido es que las utopías son eso y que no hay sistema que nos regrese al paraíso terrenal. ¡Eso se perdió con Adán y Eva! Lo que si está demostrado es que la estabilidad es el mejor terreno, aunque no la única condición para recuperar niveles de equidad.

Otros sostienen que la rigurosidad de la dolarización producirá la eliminación de ciertas empresas y actividades. Cierto, pero conceptualmente ¿acaso se las debe sostener a todas por igual? o es necesario discriminar en función de su aporte productivo, eficiencia y su vinculación social. Pero de ahí a decir que la crisis es de dimensiones, que ya no queda piedra sobre piedra, que está por desaparecer el sector industrial y que la agricultura agoniza, hay una distancia considerable, cómo tampoco es aceptable sostener que la dolarización es perfecta, inmutable y corrige todo. Además, hay que estar concientes de que el supuesto cambio ordenado de modelo por pérdida de competitividad es una falacia. De ocurrir aquello, para lo cual deben cambiar bastante los indicadores macroeconómicos pues hoy están en mejor posición que hace algunos meses, lo que se produciría-entre varios efectos- es un desplome de los salarios como mecanismo de ajuste.

A manera de ejemplo de la intolerancia verbal tenemos la declaración que sostiene el descubrimiento de una situación tan mala que a llegado al punto que ahora se importan telas, como se esto fuera un hecho inédito, nunca antes visto. Aquel comentarista parece que nunca ha visitado los centros comerciales y los conocidos almacenes de venta de estos productos que existen desde la época de nuestros abuelitos.

Si los análisis parten de este tipo de evidencias, hay que advertir la posibilidad de que se esté argumentando la pérdida de competitividad de actividades que antes de algunas reformas-y otras en camino- no pagaban impuestos, no cubrían los costos de los servicios públicos, no atendían sus deudas ni tenían balances confiables. En estos casos su obligada incorporación a la economía formal es un dolor de cabeza pues vivían del esfuerzo de los demás y ahora les toca cumplir sus responsabilidades y ajustar sus negocios a las mismas normas de los que honestamente se ganan la vida.

Pero esto no es pérdida de competitividad, sino fin de los privilegios ocultos. Y, si bien no todos los casos caen en este pozo, algunos si lo son y por eso vale discriminar el análisis con ojo puesto en lupa para no caer en conclusiones que serán motivo de un nuevo arrepentimiento

El contrabando de muchos productos ha sido uno de los problemas crónicos de nuestro país. Muchas telas provienen de países asiáticos o de puertos libres y son producto o de transacciones oscuras o tienen subsidios evidentes. La ropa confeccionada llega de diversas maneras. El de acarreo de productos por las fronteras o puertos como hormigas es una actividad casi tan antigua como la de cambios.

A esto, a los contrabandos de artefactos eléctricos, a la de bienes de consumo es a lo que se debe combatir, y ese era el propósito de la reforma aduanera que no se la alcanzó a plenitud. El Congreso y el Gobierno no estuvieron a la altura del reto contra la corrupción. Por supuesto, los avances legales hacen la vida más difícil a los que han medrado al margen de la ley y son los que ahora sienten el peso de los controles, o por lo menos esperamos que así ocurra.

De otra parte los deudores morosos de las entidades públicas ahora ven su vida en problemas. Lo que tienen en el país corre peligro y su independencia y libre movilidad se ven restringidas. Como no se pueden negociar reducciones de los capitales e intereses, las liquidaciones actualizadas se han convertido en dolor de parto, y una forma de resolverlo es creando irresponsablemente un ambiente que lleve a “licuar” sus deudas. ¿Quién pagará esto? ¡Más carga fiscal!

Otros deudores de empresas estatales, que también han medrado del Estado empiezan a sentir que las tenazas se acercan. Clientes de Pacifictel, que ojalá se entregue la administración a una empresa internacional de primer orden, que nunca han pagado sus obligaciones ven el fin de una vida gratuita.

El SRI hace su trabajo y día a día incorpora más contribuyentes a sus registros. Ahora superan el millón frente a los escasos doscientos mil anteriores, y eso que todavía falta trecho por recorrer. Claro, aquellos que medían sus utilidades sin pagar impuestos, a pesar de que incluso los retenían a terceros, hoy deben enfrentar las responsabilidades que los formales siempre lo hicieron, y por eso ven caer sus márgenes.

La incorporación de las normas de Basilea obliga a conceder créditos en mérito a los respaldos que se determinen por los balances, su historia tributaria y el cumplimiento de obligaciones pasadas. Esto, también obliga a la formalización de actividades. Ya no hay como sostener que las cosas son distintas de lo que dicen los números y registros financieros. Algunos, que desconocen de la rigurosidad actual, opinan que los intermediarios no deben exigir tanta información, cómo si el problema fuera ese. El lado bueno de la crisis del 99 es que cambiaron las normas de valoración crediticia y hoy rigen las de ámbito internacional.

Que pasará cuando se aplique la figura del peculado a los administradores de las empresas eléctricas si las pérdidas negras superan los márgenes técnicos internacionalmente admitidos, o cuando se tolere carteras vencidas sin gestión de cobro. Ahí veremos la incorporación de más ecuatorianos al grupo de los formales. Esta es una acción legal vital para recuperar enormes cantidades de dinero que se pierden en el enmarañado mundo público.

La descomposición de la colectividad exige firmeza en decisiones tendientes a castigar a todos los que abusan de los recursos públicos, sea por recibir servicios y no pagarlos, sea por administrar irresponsablemente las empresas públicas o sea por no pagar sus impuestos o carecer de contabilidades reales. Un sacudón nacional es indispensable.

Haciendo un poco de números a mano alzada, entre las “pérdidas” de Pacifitel, los “robos” de energía de las distribuidoras eléctricas, los “desperdicios” de las refinerías el país se puede recuperar cerca de mil millones de dólares anuales, que saldrá del bolsillo de aquellos que viven a costilla de todos los demás. A esto se añade las deudas de los bancos estatales que están impagas y los niveles de evasión que todavía existen.

Si se hacen todos los correctivos con fuerza y claridad, hay espacio para reducir impuestos, bajar las tarifas eléctricas, balancear mejor las telefónicas, mejorar la calidad de los servicios, abrir el mercado de combustibles, cumplir los contratos y, ese es un camino que asegura márgenes mayores de rentabilidad para todos los que siempre han formado parte del Ecuador formal.

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Julio 9 del 2003